Los coletazos del triple crimen de General Rodríguez parecen estar llegando a Tucumán. El diario Clarín confirma en su edición de hoy (http://www.clarin.com/diario/2008/08/31/policiales/g-01749908.htm) que nuestra Obra Social operaba con los laboratorios y empresas de los asesinados.
En febrero lo preguntamos, y seguimos exigiendo respuestas. Ahora más que nunca es necesario que se den explicaciones.
El pedido de informes formalizado por la Corriente en febrero, y aún no contestado, dice así: “11) Listado de proveedores regulares de la APT y su Obra social. Se informe también el número y monto de contrataciones directas -si las hubiere- y su correspondiente autorización administrativa en la que se exprese los fundamentos de esta modalidad elegida. Además, con especial énfasis solicitamos puntualmente se nos remita copia del contrato con la firma BAIRES MED, proveedora cuasi exclusiva de medicamentos oncológicos ya que tenemos conocimiento de que se habría contratado dicha empresa sin un previo cotejo de precios con otras similares del mercado y se estarían pagando sobreprecios por un servicio plagado de demoras y/o faltantes en la remisión de los medicamentos”.
RESPUESTAS YA!
31.8.08
El negocio de los medicamentos truchos
El diario Crítica de la Argentina explica bastante bien cómo era la operación entre laboratorios, Superintendencia de Servicios Sociales de la Nación y las obras sociales. Las firmas que proveen medicamentos a nuestra Obras Social aparecen todos.
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Lo que informó Clarín
CLARIN
Domingo 31
Agosto 2008
Policiales
LOS VINCULOS COMERCIALES DE FORZA CON LAS OBRAS SOCIALES DEL SINDICALISMO
También negociaba con los gremios
Sebastián Forza tenía un modus operandi para hacer negocios con los sindicatos: firmaba con las obras sociales un acuerdo de cesión de los pagos de la Administración de Programas Especiales (APE) por planes de medicamentos contra el sida y otras enfermedades complejas a favor de su empresa Seacamp.
En otras palabras, se comprometía a suministrarles los medicamentos a cambio de los futuros pagos de la APE, que depende del superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y maneja $ 350 millones por año.
Históricamente, algunas obras sociales, además de dar medicina gratuita a los trabajadores, han sido una "caja" de los sindicalistas para hacer política o negocios.
En principio, el negocio era conseguir los costosos medicamentos contra el sida, el cáncer y otros a precios bajos y luego cobrar a precios más altos según el vademécum de la APE. Otra maniobra era directamente falsear entregas.
En febrero del año pasado, por ejemplo, Forza firmó un acta con la Obra Social Mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, revelaron fuentes oficiales a Clarín. Luego con esa acta se presentaba ante la ventanilla de la APE y cobraba los pagos que le correspondían a la obra social.
En su carta de referencias comerciales, Forza afirmó haber tenido de clientes a las obras sociales del personal de Sanidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Panaderías, Yacimientos Carboníferos, Prensa de Tucumán, Trabajadores de la Carne, mutual de empleados bancarios y UOM.
El año pasado, luego de un lapidario informe de la SIGEN, se descubrió que importantes obras sociales no habían presentado la documentación respaldatoria de la compra de medicamentos con 330 millones de pesos de la APE.
Este año se recuperaron 50 millones de pesos que se habían dado como adelanto y las obras sociales nunca terminaban de acreditar como gastos reales de salud.
A principios de este año, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, ordenó al actual titular de la APE, Juan Rinaldi -un abogado vinculado a Hugo Moyano- que prohibiera este tipo de acuerdo de cesión de facturación, como el de Mendoza.
Por la revocación de esa cesión de derechos con Seacamp, droguería Romalá y otras se cancelaron órdenes de pago por 13 millones en los últimos dos años
Domingo 31
Agosto 2008
Policiales
LOS VINCULOS COMERCIALES DE FORZA CON LAS OBRAS SOCIALES DEL SINDICALISMO
También negociaba con los gremios
Sebastián Forza tenía un modus operandi para hacer negocios con los sindicatos: firmaba con las obras sociales un acuerdo de cesión de los pagos de la Administración de Programas Especiales (APE) por planes de medicamentos contra el sida y otras enfermedades complejas a favor de su empresa Seacamp.
En otras palabras, se comprometía a suministrarles los medicamentos a cambio de los futuros pagos de la APE, que depende del superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y maneja $ 350 millones por año.
Históricamente, algunas obras sociales, además de dar medicina gratuita a los trabajadores, han sido una "caja" de los sindicalistas para hacer política o negocios.
En principio, el negocio era conseguir los costosos medicamentos contra el sida, el cáncer y otros a precios bajos y luego cobrar a precios más altos según el vademécum de la APE. Otra maniobra era directamente falsear entregas.
En febrero del año pasado, por ejemplo, Forza firmó un acta con la Obra Social Mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, revelaron fuentes oficiales a Clarín. Luego con esa acta se presentaba ante la ventanilla de la APE y cobraba los pagos que le correspondían a la obra social.
En su carta de referencias comerciales, Forza afirmó haber tenido de clientes a las obras sociales del personal de Sanidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Panaderías, Yacimientos Carboníferos, Prensa de Tucumán, Trabajadores de la Carne, mutual de empleados bancarios y UOM.
El año pasado, luego de un lapidario informe de la SIGEN, se descubrió que importantes obras sociales no habían presentado la documentación respaldatoria de la compra de medicamentos con 330 millones de pesos de la APE.
Este año se recuperaron 50 millones de pesos que se habían dado como adelanto y las obras sociales nunca terminaban de acreditar como gastos reales de salud.
A principios de este año, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, ordenó al actual titular de la APE, Juan Rinaldi -un abogado vinculado a Hugo Moyano- que prohibiera este tipo de acuerdo de cesión de facturación, como el de Mendoza.
Por la revocación de esa cesión de derechos con Seacamp, droguería Romalá y otras se cancelaron órdenes de pago por 13 millones en los últimos dos años
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