6.11.08

El abogado que el gremio paga, trabaja para las patronales

A dias de asumir la nueva/vieja comisión directiva surgida del más absurdo proceso electoral que recuerde la APT, les remitimos una nota por mesa de entradas para que quede constancia por escrito y, aunque más no sea, la historia se encargue de juzgarlos.



San Miguel de Tucumán, 3 de Noviembre de 2008

Sres. Comisión Directiva de la APT
Presente

Causa indignación que el cuestionado estudio de abogados López Domínguez y Asociados siga asistiendo jurídicamente a la Asociación de Prensa de Tucumán y a su vez, asesore a patronales de los medios gráficos de comunicación cuando resuelven despidos compulsivos, ajustes o gambeteos a las leyes laborales.
Así lo demuestra el solapado servicio que prestó López Dominguez en los despidos progresivos de compañeros de el periódico que se fueron ejecutando entre agosto de 2006 hasta noviembre de 2007. Esta vergonzosa contratación de la APT fue denunciada oportunamente por los que suscriben porque resulta intolerable y poco ético contar con un equipo jurídico que esta "de los dos lados del mostrador". Situación que nos somete a la indefensión gremial frente a las patronales, culpa de la actual comisión directiva de la APT responsable de la contratación de López Domínguez.
Ante la necedad de quienes están obligados a preservar nuestros derechos laborales y a preservar la dignidad de trabajadores de prensa es que intimamos a ustedes a dar explicaciones públicas sobre esta irregular situación y exigimos:

1) El inmediato cese de las funciones del estudio pro empresario de López Domínguez como abogado del gremio de los trabajadores de prensa.

2) La inmediata investigación administrativa correspondiente a dilucidar la responsabilidad que a cada miembro de la Comisión Directiva le cabe en tan nefasta contratación y en la inacción frente a las denuncias realizadas en su oportunidad.

3) La inmediata comparecencia del abogado titular del estudio de marras para que explique tamaña falta de ética y fraude a la buena Fe de los trabajadores del gremio de prensa.

4) La denuncia correspondiente ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados.


Un poco de historia
Luego de padecer climas laborales extremos, despidos masivos con causas inventadas para forzar acuerdos fuera de la ley, los trabajadores de el periódico resolvieron en la asamblea del 19 de diciembre de 2006 poner freno al atropello de la patronal y acudir a la APT para diseñar un plan de lucha.

Hasta ese momento, muchos de los compañeros despedidos injustamente recibían lo que la empresa les ofrecía extrajudicialmente ya que –consultados- los "abogados del gremio" les aseguraban que dicha oferta era legal y adecuada.

Así, el día miércoles 27 de diciembre de 2006 un grupo de compañeros despedidos de el periódico acudimos a la comisión directiva en pleno a fin de poner en su conocimiento la gravedad de los hechos en el semanario y solicitar la asistencia jurídica y gremial que el estatuto manda. De dicha reunión, además de los despedidos, concurrieron los delegados de la redacción, compañeros del semanario y compañeros de La Gaceta.

Sin embargo, sólo recibimos en dicha reunión agravios proferidos por el señor secretario gremial y el secretario general que dieron crédito a supuestos dichos del ex director Luis Peña Critto acusando a los despedidos Julio Valenzuela y Ernesto Bruna de haber elaborado una lista de despidos. El silencio obsecuente del resto de los directivos de la comisión pareció avalar el descalabro gremial.

Superando la bajeza de los dos directivos, y mediante nota presentada por Mesa de Entradas, el 28 de marzo de 2007, un grupo de trabajadores y despedidos de el periódico volvieron a notificarles de la dramática situación por la que se atravesaba en la redacción -con despidos masivos e incumplimientos flagrantes del Estatuto del Periodista (Ley 12.908), a la vez que se solicitaba una vez más la asistencia de la APT.

El nulo accionar del gremio a pesar del clamor de sus trabajadores sumado a las acusaciones de los directivos Gijena y Gil difamando a los trabajadores como "culpables" de los despidos que ejecutó la patronal, nos llevó a pensar que algo más grave estaba ocurriendo más allá de la conocida necedad y pequeñez de los directivos en cuestión.

Ingrata sorpresa nos llevamos al descubrir que el estudio jurídico autor de la veintena de despidos con causas inventadas en el periódico y que forzaba acuerdos extrajudiciales con costo bajísimo para la empresa, era el mismo que había sido contratado por el gremio que dice defender a los trabajadores

En este sentido, y cumpliendo con un elemental deber para con nuestra institución les comunicamos tal grave falta de ética mediante nota ingresada por Mesa de Entradas el 5 de febrero del presente año y ratificamos el pedido de respuesta mediante carta documento del 25 del mismo mes. Tal comunicación indagaba sobre el patrocinio del abogado López Domínguez de la abogada del gremio Patricia Ruiz, a la sazón novia del directivo Ramio Rearte.
Sin embargo, el estudio López Domínguez no sólo patrocinaba a la joven abogada sentimentalmente ligada al secretario de prensa de la APT, sino que pudimos constatar que nuestro gremio había contratado al mismísimo estudio jurídico del laboralista defensor de patronales como El Periódico, La Gaceta, y Alperovich Group entre otras firmas del medio.

Por si alguno de ustedes no entendiese, en buen romance y por escrito les decimos: El gremio a través de su directiva y su cuerpo jurídico fueron cómplices de una maniobra empresaria tendiente a reducir drásticamente el plantel de la redacción de el periódico.

Dicha redacción a agosto de 2006 era de unas 33 personas (sin contar el personal de administración) y a noviembre de 2007 era de tan solo 16 personas lo que muestra a las claras una reducción de más del 50% del personal (11 despidos acreditados sobre 33 trabajadores (33%) y 5 renuncias o alejamientos).

Hemos conseguido acreditar, es decir tenemos las pruebas de las cartas documentos (cosa que ustedes ni siquiera intentaron), de la existencia de más de una docena de despidos en el periódico entre agosto de 2006 y noviembre de 2007.

En todos los casos, las causales invocadas son vagas, imprecisas y a todas luces poco serias y van desde "falta de respeto", "desobediencia de órdenes impartidas" hasta la lacónica "motivos de reorganización" (en los casos de Campos y Bruna).

Cecilia Rodríguez Rey CD 740906208 del 23 de agosto de 2006 (diseñadora)
Carlos Quiroga CD 740906239 del 23 de agosto de 2006 (editor)
Mariana Caro CD740906185 del 23 de agosto de 2006 (redactora)
Orestes Arlatti CD 740906211 del 23 de agosto de 2006 (editor)
Luis Peña CD 740906097 del 23 de agosto de 2006 (ex director)
Julio Valenzuela (editor, despedido el 18 de diciembre de 2006)
Ernesto Bruna CD del 28 de marzo de 2007 (redactor)
Miguel De Bassols CD del 28/9/07 (diseñador)
Adrianita Campos CD 908987743 del 24/10/07 (ex secretaria de el periódico)
Juan Carlos Fernadez (redactor- despedido el 28 de marzo de 2007 )
María Laura Espinosa CD 885769941 del 11/07 (ex secretaria de el "Grupo llaryora" )
Antonio Canz (fotógrafo, despedido el 30 octubre de 2007)
Máximo Olmos (corrector, despedido el 30 octubre de 2007).

Sólo a título ilustrativo, el gremio permitió el absurdo de despidos en una empresa periodística donde el fotógrafo no saca fotos, el diseñador no cumple con los pedidos, el editor de una de las secciones más importante no sabe entregar las notas en tiempo y forma, el corrector no corrige, el director no dirige y "tiene trato irrespetuoso" vía mail (Carta Documento 740906097), la diseñadora falta el respeto en reiteradas ocasiones, y los periodistas en general son "desobedientes" y renuncian sin más -caso Erbetta, Colombres y otros pero que no llegaron a estar en blanco -.

El dramático ajuste no supuso para los compañeros que todavía trabajan en dicha empresa periodística ningún cambio positivo en las condiciones laborales. Es más, la empresa se niega sistemáticamente a discutir mejoras salariales, adeuda aportes previsionales y hasta lo pagos de adicionales que prevé la Ley, que se incumplen desde siempre, entre otros conflictos.


Facundo Pereyra

Alejandro Díaz

11.9.08

Forza - Gijena (parte 5)


"Hay remedios adulterados que pueden haber causado muchas muertes sin habernos dado cuenta nunca. Podrían ser cientas o miles. No sabemos", señalaron los fiscales Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, al ser consultados por La Nación. Desde hace 11 años, ambos investigan la falsificación y la adulteración de remedios que engruesan 550 causas (para acceder a la nota de La Nación, hacé clic en el título).

Nuestra insistencia por saber qué pasa con la Obra Social de Prensa tiene que ver con la salud de los trabajadores afiliados. No se trata sólo de saber si hubo negociados, retornos y otras cosas que se están comprobando en otras provincias a partir de la relación entre los empresarios asesinados en General Rodríguez y las obras sociales sindicales.
Exigimos respuestas claras de cara a todos los afiliados.

Con la vida no se juega...
¡BASTA DE SILENCIO!

10.9.08

Forza - Gijena (parte 4)

Ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de informes realizados a la conducción de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán, la Corriente recurrió a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Sólo queremos conocer los detalles de la relación entre nuestra Obra Social y los laboratorios de los empresarios asesinados en General Rodríguez.
Tal como lo venimos haciendo desde febrero, exigimos respuestas sobre los vínculos existentes, dado que resultan llamativos por la forma en que se establecieron, y mucho más a la luz de los asesinatos y la supuesta relación con el narcotráfico de estos empresarios.
Es inadmisible que un gremio que viene bregando por el libre acceso a la información oculte detalles del funcinamiento de la organización que atiende la salud de los afiliados y sus familias.

2.9.08

Forza - Gijena (parte 3, informes)

El pedido de informes dirigido a Oscar Gijena (foto) esta tarde fue recibido, pero la copia no fue sellada por la recepcionista de la sede gremial. Ella argumentó haber recibido una "orden del primer piso". De todos modos, consideramos que la publicación en este blog se constituye en una presentación formal, del mismo tenor e importancia, aunque con mayor gravedad que las efectuadas en febrero pasado. En llas se exigían respuestas sobre la relación entre los directivos de la Obra Social de Prensa y las empresas de los empresarios asesinados en General Rodríguez, entre otras.

San Miguel de Tucumán, 2 de septiembre de 2008

Al Secretario General de la APT
y presidente de la
Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán
Sr. Oscar Gijena
Presente

Después de 4 muertes que escandalizan al país y que han puesto al descubierto redes de narcotráfico, inmensos negociados con medicamentos y millonarios subsidios a obras sociales sindicales por sospechosas campañas de prevención o por tratamientos a afiliados fantasmas; es que repudiamos su silencio como única respuesta a los pedidos de informes oportunamente presentados en tal sentido.
En efecto, en dicha solicitud –nunca contestada por usted y las comisiones directivas de la APT y la OSPPT- exigimos se nos informe acerca de las contrataciones directas y sin licitación entre usted y la empresa Seacamp- Bairesmed –propiedad del asesinado Sebastián Forza- por la provisión de medicamentos oncológicos con presuntos sobreprecios e irregularidades. Dicha contratación –que sólo lleva su firma en contra de lo que prescribe el estatuto de la obra social-, no habría sido siquiera producto de un cotejo de precios y se pasó por alto las advertencias del entonces gerente sobre las causas penales del titular de la firma y/o las causas contra dicha firma ante las autoridades nacionales.
Más grave aún es su silencio si se comprueba que usted le cedió sin fundamentos los derechos de cobro ante la Superintendencia de Salud a la firma del asesinado Forza o sus socios, tal como lo prueba el convenio suscripto con la firma Romalá en 2005–cuando ésta ya denotaba públicos negociados con medicamentos y adulteración de los mismos y contra lo resuelto por la ANMAT-.
Su silencio, nos ha llevado a intimarle mediante carta documento para obtener una información que NOS PERTENECE A TODOS LOS AFILIADOS.
Por eso, una vez más le conminamos a hacer efectiva la respuesta institucional que exigimos oportunamente repudiando el conculcamiento de nuestros más básicos derechos como afiliados de ambas instituciones que venimos padeciendo, agigantando de este modo las fuertes sospechas que tenemos sobre una inmensa corrupción en el manejo de los fondos de todos los que aportamos a la APT y su obra social.
Por eso nos dirigimos a usted en su doble condición de titular de la Asociación de Prensa y de su Obra Social, siendo usted el máximo garante institucional y por lo tanto lo hacemos responsable de las consecuencias futuras que para nuestra entidad ha tenido la deslenable conducta de no informar a los afiliados, entre otros muchos puntos, sobre la contratación que usted realizó con el asesinado Sebastián Forza, titular de Bairesmed y/o sus socios.
En tal sentido le recordamos que es su obligación estatutaria el dar curso a los pedidos de informes que oportunamente hiciéramos llegar por escrito y por mesa de entradas tal y cual lo prescribe el estatuto de la APT.
Sin otro particular, nos despedimos esperando se tome nota de la gravedad de la situación a la que ha llevado a la APT.


* El pedido de informes lleva las firmas de Facundo Pereyra y Alejandro Díaz.

1.9.08

Forza-Gijena (parte 2, la verdad)


El presidente de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena, ya no puede ocultar la relación de negocios que mantuvo con el grupo empresario vinculado a la mafia de los medicamentos. Así quedó evidenciado en sus declaraciones al diario La Gaceta cuando fue consultado por el convenio que rubricó Gijena con Sebastián Forza, uno de los socios de la droguería Seacamp, implicada en el caso del triple asesinato de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
La relación de Forza y Gijena viene de más atrás. El empresario asesinado era socio de Rubén Romano, titular de la droguería Romalá y Prefarm que fueran denunciadas por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, por sobreprecios y la venta de medicamentos oncológicos adulterados al PAMI.
La droguería de Forza integraba un club de empresas acusado por el Ministerio de Salud en 2005 de robar medicamentos oficiales y de elaborar expedientes apócrifos para cobrar subsidios de la Superintendencia de Salud.
Forza y Romano contaban con una red de droguerías que les permitía burlar los llamados a licitación o los cotejos de precio. Ambos empresarios eran titulares de la firmas Seacamp SRL, Romalá, Prefarm y Bairesmed. Todas inscriptas en el Anmat que pugnaban en cotejos de precios ficticios para quedarse con los negocios de la venta de medicamentos a diversas obras sociales sindicales, además del Pami.
Según denuncias que investiga la Justicia, y que en varias oportunidades publicó el diario La Nación, "existe en el sistema de salud una rutina de saqueo de los recursos de las obras sociales a través de la elaboración de expedientes apócrifos sobre tratamientos de cáncer, hemofilia o SIDA a pacientes inexistentes. La Superintendencia de Capachiolli paga los subsidios previstos para esas terapias costosas. La operación se ampara en que en los padrones de las obra sociales figuran como asociados quienes han dejado de serlo. El fraude sería inviable sin la participación de sindicalistas, dicen en el Ministerio de Salud. Algunos hasta delegan de manera sistemática en las droguerías el cobro de los subsidios que otorga la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud".
Este es el caso de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán. Oscar Gijena, su titular, rubricó el primer convenio con la mafia de los medicamentos el 2 de noviembre de 2005. Así lo testimonia el contrato por el cual la OSPPT le cede a la firma Romalá (Forza-Romano) "todos los derechos y acciones del cobro de subsidios reconocidos por la Administración de Programas Especiales (APE)…".
Por este acuerdo, la OSPPT entregó a Romalá SRL el padrón de beneficiarios comprendidos en el convenio (pacientes oncológicos, SIDA, etc) "con los datos que resulten necesarios a los efectos de llevar a cabo las pertinentes presentaciones ante la Administración de Programas Especiales (APE)".
El acto fue refrendado por escribano público bajo el acta notarial Nº 00189217 y cuenta la firma de Gijena y del apoderado de Romalá SRL, Diego Andrés Romano, hijo de Rubén Romano, el socio de Sebastián Forza. Causa curiosidad la ausencia de otras firmas. Según lo establece el Estatuto de la Obra Social de Prensa de Tucumán, los convenios con los prestadores deben ser rubricados por el presidente y el vicepresidente de la institución para su validación. En esta ocasión, la rúbrica del vicepresidente de la OSPPT, Luis Urtubey, no existió y por lo tanto aquel convenio carecía de legitimidad, pero igualmente se aplicó.
Días después, el 29 de diciembre de 2005, las droguerías Romalá y la droguería San Javier ("una droguería más" de Forza, al decir de Gijena), fueron denunciadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por la presunta adulteración de medicamentos oncológicos. Y el 19 de enero de 2006, en plena vigencia del convenio Romalá-Gijena, la ANMAT le prohibía a Seacamp, bajo la razón social Bairesmed el "tránsito interjurisdicional de especialidades medicinales". Es decir, mientras le prohibía comercializar medicinas fuera de la Capital Federal, mantenía su convenio con la Obra Social de Prensa de Tucumán, pero bajo la figura de otras de sus firmas: Romalá SRL.
Mientras tanto, Bairesmed fue allanada el pasado 8 de mayo como parte de la investigación que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 11, en la causa caratulada Nº 43981/07 Droguería Bairesmed s/delito de acción pública.

El factor Ocaña
El sistema de cesión de derechos de cobros a favor de las droguerías se mantuvo casi inalterable hasta finales de 2007, cuando comenzaron a estallar las denuncias en el Pami y en el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Fue entonces que Graciela Ocaña ordenó prohibir este tipo de facturación y decidió la "revocación de esa cesión de derechos" a las firmas Seacamp, Romalá y otras tantas droguerías sospechadas de haber cancelado por esta vía órdenes de pago por 13 millones de pesos en los últimos dos años. Según informó La Nación el pasado 22 de enero, después de una minuciosa indagación que realizó la ministra Ocaña, quedó al descubierto una controvertida decisión de Héctor Capaccioli (foto), el superintendente de Salud, quien hasta el 27 de diciembre del año pasado llevaba distribuido unos 47.744.000 entre un grupo de obras sociales. El reparto se justificó en la necesidad de solventar programas de prevención de enfermedades que van desde el cáncer de mama hasta el tabaquismo, de difícil verificación.

Otro contrato y van…
En el nuevo contrato que rubrica el 1 de marzo de 2007, Oscar Gijena, con la droguería Seacamp SRL, de Sebastián Forza, la modalidad de pago cambia. Ahora la OSPPT pagaría directamente a la droguería los medicamentos solicitados. Hasta previa un reconocimiento de un 10% más del valor de los remedios, cuando se verificara una suba en el mercado general de medicamentos (sic).
La firma de este nuevo convenio, esta vez con el empresario asesinado vinculado a los carteles mexicanos de la droga, se realizó en Capital Federal. Otra vez, el vicepresidente de la Obra Social de Prensa fue dejado de lado en la firma del convenio. Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos internos por el carácter informal que tenía el contrato y por los antecedentes de Sebastián Forza y su grupo de droguerías. Al poco tiempo, Gijena comenzaba un inesperado descabezamiento de la línea de controles internos de la OSPPT. Primero, el gerente Administrativo, fue obligado a irse. Luego vino el despido del empleado de mayor antigüedad en la Obra Social y la separación de sus cargos de los jefes de Facturación y Prestadores. Más tarde, Gijena decidió la finalización del contrato de auditoria externa que realizaba el estudio de contadores Godoy, desde hace más 10 años. Según fuentes de la institución, Gijena no confía en nadie más y ahora él mismo realiza las "transferencias" para el pago a los prestadores.

31.8.08

Forza - Gijena (parte 1)

Los coletazos del triple crimen de General Rodríguez parecen estar llegando a Tucumán. El diario Clarín confirma en su edición de hoy (http://www.clarin.com/diario/2008/08/31/policiales/g-01749908.htm) que nuestra Obra Social operaba con los laboratorios y empresas de los asesinados.
En febrero lo preguntamos, y seguimos exigiendo respuestas. Ahora más que nunca es necesario que se den explicaciones.

El pedido de informes formalizado por la Corriente en febrero, y aún no contestado, dice así: “11) Listado de proveedores regulares de la APT y su Obra social. Se informe también el número y monto de contrataciones directas -si las hubiere- y su correspondiente autorización administrativa en la que se exprese los fundamentos de esta modalidad elegida. Además, con especial énfasis solicitamos puntualmente se nos remita copia del contrato con la firma BAIRES MED, proveedora cuasi exclusiva de medicamentos oncológicos ya que tenemos conocimiento de que se habría contratado dicha empresa sin un previo cotejo de precios con otras similares del mercado y se estarían pagando sobreprecios por un servicio plagado de demoras y/o faltantes en la remisión de los medicamentos”.
RESPUESTAS YA!

El negocio de los medicamentos truchos

El diario Crítica de la Argentina explica bastante bien cómo era la operación entre laboratorios, Superintendencia de Servicios Sociales de la Nación y las obras sociales. Las firmas que proveen medicamentos a nuestra Obras Social aparecen todos.
Hacé clic en el título

Lo que informó Clarín

CLARIN
Domingo 31
Agosto 2008
Policiales
LOS VINCULOS COMERCIALES DE FORZA CON LAS OBRAS SOCIALES DEL SINDICALISMO
También negociaba con los gremios
Sebastián Forza tenía un modus operandi para hacer negocios con los sindicatos: firmaba con las obras sociales un acuerdo de cesión de los pagos de la Administración de Programas Especiales (APE) por planes de medicamentos contra el sida y otras enfermedades complejas a favor de su empresa Seacamp.
En otras palabras, se comprometía a suministrarles los medicamentos a cambio de los futuros pagos de la APE, que depende del superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y maneja $ 350 millones por año.
Históricamente, algunas obras sociales, además de dar medicina gratuita a los trabajadores, han sido una "caja" de los sindicalistas para hacer política o negocios.
En principio, el negocio era conseguir los costosos medicamentos contra el sida, el cáncer y otros a precios bajos y luego cobrar a precios más altos según el vademécum de la APE. Otra maniobra era directamente falsear entregas.
En febrero del año pasado, por ejemplo, Forza firmó un acta con la Obra Social Mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, revelaron fuentes oficiales a Clarín. Luego con esa acta se presentaba ante la ventanilla de la APE y cobraba los pagos que le correspondían a la obra social.
En su carta de referencias comerciales, Forza afirmó haber tenido de clientes a las obras sociales del personal de Sanidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Panaderías, Yacimientos Carboníferos, Prensa de Tucumán, Trabajadores de la Carne, mutual de empleados bancarios y UOM.
El año pasado, luego de un lapidario informe de la SIGEN, se descubrió que importantes obras sociales no habían presentado la documentación respaldatoria de la compra de medicamentos con 330 millones de pesos de la APE.
Este año se recuperaron 50 millones de pesos que se habían dado como adelanto y las obras sociales nunca terminaban de acreditar como gastos reales de salud.
A principios de este año, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, ordenó al actual titular de la APE, Juan Rinaldi -un abogado vinculado a Hugo Moyano- que prohibiera este tipo de acuerdo de cesión de facturación, como el de Mendoza.
Por la revocación de esa cesión de derechos con Seacamp, droguería Romalá y otras se cancelaron órdenes de pago por 13 millones en los últimos dos años

20.7.08

NUMEROS

El resultado de las elecciones del gremio nos dio la razón: fue una farsa. Lo que se pinta como "alta adhesión" sólo confirma que la APT está sufriendo un serio vaciamiento. Votó sólo el 60 % de un padrón inflado en términos aún poco claros. Prueba de ello son los 179 votos recogidos en ciudades, como si el nuestro fuera un sindicato de empleados municipales y no de trabajadores de medios de comunicación (el Estatuto indica que debe confeccionarse un padrón por cada empresa periodística, y nada dice de ciudades). Además, habría que analizar caso por caso los votos emitidos en la urna volante (93) y en la de la sede de la APT (69).
El abstencionismo fue alto, como también el número de votos en blanco admitido por el oficialismo. En la mayor parte de las empresas, el índice de abstención fue muy grande, y en algunos casos llegó al 80 %.
Teniendo en cuenta que había sólo una lista, y con estos números truchos en contra, se entiende y se confirma la razón por la que se hizo lo imposible para que la oposición no pueda ser parte de la compulsa electoral. Tenían razón en temer por sus privilegios, y el miedo no es buen consejero en estos casos.
La legitimidad del gijenismo está en su peor crisis, y sus métodos de acción política sólo hacen prever que este proceso se acentuará.
Con los números de las elecciones a la vista (publicados en primerafuente) y los antecedentes de la campaña sucia que precedió al acto electoral, cabe preguntarse a quién representa esta nueva/eterna Comisión Directiva.
El problema ahora no es discutir quién ganó, sino tener claro quién perdió: nuestro gremio y todos los que formamos parte.