Tres directivos de la Asociación de Prensa de Tucumán le pagaron $ 4.000 a un inspector de Dipsa para que “gestione” la habilitación de Prensa Club para que pueda ser usado por los afiliados y alquilado a terceros. El trámite de habilitación se hace en unas 72 horas y cuesta alrededor de $ 150, lo que hace inexplicable que se haya entregado ese monto.
El inspector terminó siendo sumariado, y es probable que ese expediente termine en una fiscalía penal por tratarse, aparentemente, de un caso de cohecho. Y se sabe, coimero no es sólo el que recibe, sino también el que da. Los directivos que firmaron la orden para que el inspector retirara el dinero son Luis Urtubey (secretario Adjunto), Domingo Gil (secretario Gremial) y Pablo Neder (vocal).
Lo sucedido nos pone frente a dos situaciones diferentes. Por un lado está la aparente comisión de un delito, que viene a demostrar cómo se mueven las autoridades del gremio y la obra social, o al menos el manejo arbitrario y discrecional de los recursos económicos de la institución. Impunidad es una palabra que cabe para este tipo de casos.
La otra, no menos grave, es que los locales de la APT y la OS no cuentan con las correspondientes habilitaciones municipales para su funcionamiento. No es un dato menor, porque si llegara a pasar algo sería nuestra institución la que debería afrontar gastos y hasta juicios civiles y penales que podrían llevarla a la bancarrota.
Pensemos, como máximo ejemplo de esta situación, que al Prensa Club asisten niños (se alquila para que colegios dicten educación física en ese predio) y ahora nuestros hijos en la colonia de vacaciones. Otros son centros de atención de la salud, y tampoco cuentan con los permisos obligatorios; el único local en condiciones es el de Junín 775 (estos datos constan fueron recabados en oficinas de la Dipsa).
Los abogados consultados consideraron que estaría configurada la figura del cohecho activo. Pero recomendaron esperar a que concluya el sumario de Dipsa. Pero nosotros creemos que es necesario poner a consideración de todos los afiliados del gremio esta información.
Más allá de lo que diga el Código Penal, el caso está en contradicción con la ética y la moral de cualquier dirigente gremial.
Consideramos que es un hecho grave, más allá de los montos y de las formas aparentemente legales en que se hicieron los trámites, y que debe estar en conocimiento de todos los afiliados de la APT. Hay que tener en cuenta la responsabilidad que todos tenemos como afiliados de lo que pueda pasar, pero sobre todo del compromiso de quienes fueron elegidos para administrar algo que no les pertenece.
Ante este tipo de acontecimientos, el beneficio de la duda empieza a desdibujarse con suficientes motivos, y a alimentar rumores y habladurías. Lo que estamos exponiendo acá y ahora es concreto y comprobable, puede llevar a pensar que hay muchas más cosas que los afiliados desconocemos.
Lo que hace más compleja la situación es que mientras se producen estas anomalías, hay compañeros a los que se les limitan las prestaciones de salud porque las empresas no hacen los aportes correspondientes.
¿No sería más lógico cuidar el dinero de todos, y reinvertirlo en el bienestar de los trabajadores, en lugar de pagarle a dudosos “gestores”? ¿No es ese el rol que deberían cumplir la OS y el gremio? ¿Hasta cuándo vamos a pagar los platos rotos de una dirigencia que nos ve como números o enemigos y no como aquellos a quienes debería proteger?
Estas son dos instituciones que se hicieron grandes y respetables por la conducta y la lucha de muchos compañeros, y como afiliados no quisiéramos verla destruida por las mañas y malos hábitos de dirigentes que sólo buscan seguir atornillados a sillones desde los que manejan la salud y la situación laboral de todos nosotros.
Por eso, es necesario que las autoridades del gremio y de la OS expliquen la situación y confirmen si hubo hechos similares. El gremio es de todos, y tenemos que cuidarlo. Mantengámosnos atentos, y exijamos que los directivos rindan cuentas de cómo y en qué gastan nuestro dinero.
Lo expuesto anteriormente está acreditado en el expediente 15153/260 de la Dirección de Producción y Saneamiento de la Muinicipalidad de San Miguel de Tucumán, cuyas copias autenticadas están en nuestro proder. Si quiere consultarse, están a disposición.
Corriente de Trabajadores de Prensa
Facundo Pereyra, Alejandro Díaz, Valeria Totongi y Julio Valenzuela.
20.12.07
La Justicia condenó a la APT por el intento de expulsar a dos compañeros
El juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IV Nominación resolvió hacer lugar a la Acción de Amparo interpuesta por Alejandro Díaz y Marcelo Cuello, (trabajadores de prensa de El periódico y Canal 10, respectivamente) en contra de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), por la arbitraria e ilegal convocatoria a una asamblea gremial que tenía por objeto la expulsión de estos dos compañeros, ambos delegados de empresas periodísticas.
Con ello, la jueza Molina le dio la razón a los dos afiliados de la APT y en su fallo consideró que la entidad gremial "ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa", en la vergonzosa convocatoria de la comisión directiva de la APT. Asamblea que nunca llegó a realizarse por la denuncia ante la Justicia provincial que realizaron los compañeros Díaz y Cuello posibilitando así, la desarticulación de esta maniobra ilegal con una medida cautelar dictada el pasado 17 de octubre.
Además, condenó a la entidad gremial a pagar las costas, "por cuanto fue la causante (APT) de los gastos ocasionados en este juicio" desestimando así, el pedido de los abogados del sindicato de los periodistas. Una causa que además develó otro condimento que no podemos dejar de alertar y repudiar: la actual comisión directiva tiene contratado los servicios del Estudio Jurídico López Domínguez, el mismo equipo de abogados que asiste a las empresa periodísticas La Gaceta, El siglo y El periódico. En este último medio, López Domínguez fue el encargado de notificar por los menos una decena de despidos que se produjeron durante los últimos dos años en ese medio y de confeccionar los acuerdos indemnizatorios. Es decir, la APT contrató a un equipo de abogados que está de los dos lados del mostrador.
Esta decisión no es un dato menor, si se lo ve a la luz de la preocupación por el daño patrimonial a nuestro gremio y que en este caso tiene claros responsables: el secretario general, Oscar Gijena, el resto de la Comisión Directiva y los actuales asesores legales de la APT.
Es por eso que desde la Corriente de Trabajadores de Prensa exigimos que el pago de las costas que fijó la Justicia se descuente de los sueldos gremiales que perciben los directivos de la APT, hasta liquidar el total de la demanda y se aclare por qué el gremio de los trabajadores de prensa contrató a un estudio jurídico que también asiste a la patronal.
Lo que dice el fallo
En su fallo la jueza Molina El juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IV Nominación resalta:
"Que, atento a los argumentos esgrimidos por la parte actora para entablar esta demanda, los hechos fácticos y jurídicos que se encuentran involucrados en esta acción y pruebas aportadas sobre los mismos, hechos que además fundamentaron la concesión de la Medida Cautelar dictada en autos, cuyo objeto coincide con el objeto de la pretensión principal, se concluye que la cuestión de fondo del amparo está referida puntualmente al procedimiento seguido por la asociación sindical (APT) para ejercer su facultad disciplinaria, el que efectivamente se encuentra viciado de nulidad, tal como se dijo en la Resolución de fecha 17/10/07, que hizo lugar a la precautoria ante la incertidumbre del perjuicio inminente que le acarrearía al actor si se lleva a cabo la mentada asamblea en la forma prevista…".
Y continúa:
"Desde esta óptica considero que le asiste razón a los accionante, toda que ve que la convocatoria de la entidad sindical ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa del afectado, lo que hace viable la acción amparista impetrada, sumado a ello el allanamiento manifestado por la demandada, en forma expresa y contundiente, por lo que correspondo hacer lugar a esta demanda. Así lo declaro".
Por lo que finalmente resuelve:
1º) Hacer lugar a esta acción de amparo, interpuesta por Alejandro Marcel Díaz y Marcelo Arturo Cuello, en contra de la Asociación de Prensa de Tucumán, atento al allanamiento expresión por la parte demandada, y habiéndose concretado la pretensión de esta acción en la Medida Cautelar ordenada en autos, se dan por concluídas estas actuacioes, conforme a lo explicitado".
2º) Costas: a la parte vencida –demandada según se considera.
3º) Honorarios: oportunamente según fuera considerado.
4º) Notifíquese con habilitación de día y hora.
Hágase saber.
Con ello, la jueza Molina le dio la razón a los dos afiliados de la APT y en su fallo consideró que la entidad gremial "ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa", en la vergonzosa convocatoria de la comisión directiva de la APT. Asamblea que nunca llegó a realizarse por la denuncia ante la Justicia provincial que realizaron los compañeros Díaz y Cuello posibilitando así, la desarticulación de esta maniobra ilegal con una medida cautelar dictada el pasado 17 de octubre.
Además, condenó a la entidad gremial a pagar las costas, "por cuanto fue la causante (APT) de los gastos ocasionados en este juicio" desestimando así, el pedido de los abogados del sindicato de los periodistas. Una causa que además develó otro condimento que no podemos dejar de alertar y repudiar: la actual comisión directiva tiene contratado los servicios del Estudio Jurídico López Domínguez, el mismo equipo de abogados que asiste a las empresa periodísticas La Gaceta, El siglo y El periódico. En este último medio, López Domínguez fue el encargado de notificar por los menos una decena de despidos que se produjeron durante los últimos dos años en ese medio y de confeccionar los acuerdos indemnizatorios. Es decir, la APT contrató a un equipo de abogados que está de los dos lados del mostrador.
Esta decisión no es un dato menor, si se lo ve a la luz de la preocupación por el daño patrimonial a nuestro gremio y que en este caso tiene claros responsables: el secretario general, Oscar Gijena, el resto de la Comisión Directiva y los actuales asesores legales de la APT.
Es por eso que desde la Corriente de Trabajadores de Prensa exigimos que el pago de las costas que fijó la Justicia se descuente de los sueldos gremiales que perciben los directivos de la APT, hasta liquidar el total de la demanda y se aclare por qué el gremio de los trabajadores de prensa contrató a un estudio jurídico que también asiste a la patronal.
Lo que dice el fallo
En su fallo la jueza Molina El juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IV Nominación resalta:
"Que, atento a los argumentos esgrimidos por la parte actora para entablar esta demanda, los hechos fácticos y jurídicos que se encuentran involucrados en esta acción y pruebas aportadas sobre los mismos, hechos que además fundamentaron la concesión de la Medida Cautelar dictada en autos, cuyo objeto coincide con el objeto de la pretensión principal, se concluye que la cuestión de fondo del amparo está referida puntualmente al procedimiento seguido por la asociación sindical (APT) para ejercer su facultad disciplinaria, el que efectivamente se encuentra viciado de nulidad, tal como se dijo en la Resolución de fecha 17/10/07, que hizo lugar a la precautoria ante la incertidumbre del perjuicio inminente que le acarrearía al actor si se lleva a cabo la mentada asamblea en la forma prevista…".
Y continúa:
"Desde esta óptica considero que le asiste razón a los accionante, toda que ve que la convocatoria de la entidad sindical ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa del afectado, lo que hace viable la acción amparista impetrada, sumado a ello el allanamiento manifestado por la demandada, en forma expresa y contundiente, por lo que correspondo hacer lugar a esta demanda. Así lo declaro".
Por lo que finalmente resuelve:
1º) Hacer lugar a esta acción de amparo, interpuesta por Alejandro Marcel Díaz y Marcelo Arturo Cuello, en contra de la Asociación de Prensa de Tucumán, atento al allanamiento expresión por la parte demandada, y habiéndose concretado la pretensión de esta acción en la Medida Cautelar ordenada en autos, se dan por concluídas estas actuacioes, conforme a lo explicitado".
2º) Costas: a la parte vencida –demandada según se considera.
3º) Honorarios: oportunamente según fuera considerado.
4º) Notifíquese con habilitación de día y hora.
Hágase saber.
9.11.07
La CTP contra el trabajo en negro
La Corriente de Trabajadores de Prensa se suma a la campaña contra el trabajo en negro, y brinda su apoyo a todas las gestiones que los organismos públicos o nuestro sindicato lleven adelante para combatir la precariedad laboral con que nuestros compañeros de distintos medios de comunicación deben desarrollar sus tareas. Este documento le fue entregado a la Comisión Directiva de la APT:
Se solicita su difusión por www.primerafuente.com.ar sin recortes ya que al ser un medio digital es posible su publicación completa y fiel. Por ello se encuentra enviado un mail a los miembros de la directiva y a la redacción de primerafuente.
A la Comisión directiva de la
Asociación de Prensa de Tucumán
S / D
Los compañeros integrantes de la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP) no podemos menos que saludar el combate al trabajo en negro que parece empezar a librar el gobierno provincial en consonancia con directivas nacionales.
A su vez, y como la informalidad laboral es una de las manifestaciones de la indignidad en la que se ven sumidos muchos compañeros trabajadores de prensa, es que queremos dejar sentado públicamente nuestro apoyo a todas las medidas que se tomen para combatir esta práctica tan expandida como oprobiosa.
Por eso, y ante las recientes declaraciones a los medios del secretario general de nuestro gremio Oscar Armando Gijena en el sentido de que "es fundamental aprovechar esta ofensiva contra el trabajo en negro para poder poner en la superficie los derechos de cientos de compañeros en la provincia" es que desde la CTP les recordamos a ustedes -en tanto directivos actuales de la APT- que el combate contra el trabajo no registrado no es una cuestión espasmódica ni una oportunidad para “aprovechar”, sino un imperativo moral y legal que tiene que cumplir y hacer cumplir la APT porque que surge de la Constitución y las leyes vigentes. Por tanto, proponemos que para una ofensiva seria contra este flagelo la Asociación de Prensa de Tucumán establezca un cronograma permanente de inspección junto a la secretaría de Trabajo de la provincia.
También invitamos a todos los compañeros de prensa –en especial a los directivos del gremio que poseen inmunidad sindical- a abandonar el miedo y denunciar a los inescrupulosos y aventureros que tengan compañeros en condiciones precarias y/o desnaturalizadas de relación laboral ya que la actual conducción lleva 8 años al frente de la APT y –paradójicamente- el incremento en estos años del trabajo en negro y la precarización del trabajador de prensa resulta alarmante.
En resumen, la Corriente de Trabajadores de Prensa adhiere a toda campaña que tienda a desterrar al trabajo en negro de nuestra actividad y condena a todos aquellos aventureros con apariencia de empresarios que impulsen esta práctica en los medios de comunicación ya sean éstos funcionarios, legisladores o gobernadores. A ellos, todo el peso de la ley.
Una acción urgente e impostergable
Aprovechamos también la oportunidad para manifestarles nuestra preocupación a la conducción del gremio de prensa de la oprobiosa situación por la que atraviesan numerosos compañeros de distintos medios de comunicación de la provincia en general, y el diario El Siglo en particular.
Los trabajadores de ese tradicional matutino sufren la incertidumbre de información veraz ante las numerosas versiones relacionadas con el futuro de esa empresa. Es de público conocimiento que el ingenio San Juan es la proveedora de fondos para la sustentabilidad de ese medio gráfico, por lo que la ausencia de información clara sobre esta situación trae incertidumbre al personal del diario y a sus familias. Sobre todo por las aparentemente fallidas tareas de rescate empresario en el marco de la quiebra (cramdown) de la fábrica azucarera y las directas consecuencias que tendrían en el sostenimiento económico del matutino.
Cabe recordar que los trabajadores de El Siglo se encuentran entre los periodistas gráficos peores remunerados, con condiciones laborales que distan de ser las óptimas y con un alto número de trabajadores que revisten las condiciones de precariedad y trabajo en negro que se quiere combatir. A pesar de ello, la labor de periodistas, diagramadores, fotógrafos y hasta imprenteros resulta encomiable a la luz de esas condiciones laborales y su voluntad de trabajo y dedicación, le ha permitido sostenerse en el mercado gráfico durante 17 años en forma ininterrumpida.
Sumado a todo esto, El Siglo tiene una "peculiar" conformación empresaria ya que intervienen en su staff diferentes razones sociales y los trabajadores pertenecen a una u otra, cuando su función es la misma dentro de la redacción.
Liberta de expresión y sustentabilidad
El caso de El Siglo es una clara muestra de que de una vez por todas nuestro gremio debe sentar postura respecto de los criterios de distribución de la pauta oficial y así aportar a la transparencia y la equidad en la distribución de dichos dineros que garanticen el desenvolvimiento de los medios y su sustentabilidad en un marco de pluralidad de opinión que dignifique la labor periodística tanto en lo profesional como en lo laboral. La pauta oficial no puede ser un instrumento de censura o de compra de opinión sino de aseguramiento de la pluralidad de las ideas en democracia –insistimos- y, sobre todo, una herramienta para asegurar la libertad de expresión, la divulgación del conocimiento y la información pública.
Por último, coincidimos con los dichos del señor secretario general Oscar Armando Gijena, reflejados en el portal www.primerafuente.com.ar de que "van a venir momentos más complicados aún y por eso necesitamos un gremio unido, con trabajadores que defiendan a su organización y no equivoquen el enemigo". Por eso, desde la Corriente de Trabajadores de Prensa consideramos como únicos enemigos: el trabajo en negro, la precarización del trabajador de Prensa, la violencia moral y la censura, la falta de acceso a la información y el oscurantismo, los dobles discursos y el enriquecimiento ilícito, la ilegalidad y el delito como formas de la política, y el patoterismo institucional y empresario sobre nuestros compañeros y toda otra forma de sometimiento de la libertad y la dignidad de los trabajadores de prensa.
Sin otro particular, nos despedimos de ustedes respetuosamente.
Se solicita su difusión por www.primerafuente.com.ar sin recortes ya que al ser un medio digital es posible su publicación completa y fiel. Por ello se encuentra enviado un mail a los miembros de la directiva y a la redacción de primerafuente.
A la Comisión directiva de la
Asociación de Prensa de Tucumán
S / D
Los compañeros integrantes de la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP) no podemos menos que saludar el combate al trabajo en negro que parece empezar a librar el gobierno provincial en consonancia con directivas nacionales.
A su vez, y como la informalidad laboral es una de las manifestaciones de la indignidad en la que se ven sumidos muchos compañeros trabajadores de prensa, es que queremos dejar sentado públicamente nuestro apoyo a todas las medidas que se tomen para combatir esta práctica tan expandida como oprobiosa.
Por eso, y ante las recientes declaraciones a los medios del secretario general de nuestro gremio Oscar Armando Gijena en el sentido de que "es fundamental aprovechar esta ofensiva contra el trabajo en negro para poder poner en la superficie los derechos de cientos de compañeros en la provincia" es que desde la CTP les recordamos a ustedes -en tanto directivos actuales de la APT- que el combate contra el trabajo no registrado no es una cuestión espasmódica ni una oportunidad para “aprovechar”, sino un imperativo moral y legal que tiene que cumplir y hacer cumplir la APT porque que surge de la Constitución y las leyes vigentes. Por tanto, proponemos que para una ofensiva seria contra este flagelo la Asociación de Prensa de Tucumán establezca un cronograma permanente de inspección junto a la secretaría de Trabajo de la provincia.
También invitamos a todos los compañeros de prensa –en especial a los directivos del gremio que poseen inmunidad sindical- a abandonar el miedo y denunciar a los inescrupulosos y aventureros que tengan compañeros en condiciones precarias y/o desnaturalizadas de relación laboral ya que la actual conducción lleva 8 años al frente de la APT y –paradójicamente- el incremento en estos años del trabajo en negro y la precarización del trabajador de prensa resulta alarmante.
En resumen, la Corriente de Trabajadores de Prensa adhiere a toda campaña que tienda a desterrar al trabajo en negro de nuestra actividad y condena a todos aquellos aventureros con apariencia de empresarios que impulsen esta práctica en los medios de comunicación ya sean éstos funcionarios, legisladores o gobernadores. A ellos, todo el peso de la ley.
Una acción urgente e impostergable
Aprovechamos también la oportunidad para manifestarles nuestra preocupación a la conducción del gremio de prensa de la oprobiosa situación por la que atraviesan numerosos compañeros de distintos medios de comunicación de la provincia en general, y el diario El Siglo en particular.
Los trabajadores de ese tradicional matutino sufren la incertidumbre de información veraz ante las numerosas versiones relacionadas con el futuro de esa empresa. Es de público conocimiento que el ingenio San Juan es la proveedora de fondos para la sustentabilidad de ese medio gráfico, por lo que la ausencia de información clara sobre esta situación trae incertidumbre al personal del diario y a sus familias. Sobre todo por las aparentemente fallidas tareas de rescate empresario en el marco de la quiebra (cramdown) de la fábrica azucarera y las directas consecuencias que tendrían en el sostenimiento económico del matutino.
Cabe recordar que los trabajadores de El Siglo se encuentran entre los periodistas gráficos peores remunerados, con condiciones laborales que distan de ser las óptimas y con un alto número de trabajadores que revisten las condiciones de precariedad y trabajo en negro que se quiere combatir. A pesar de ello, la labor de periodistas, diagramadores, fotógrafos y hasta imprenteros resulta encomiable a la luz de esas condiciones laborales y su voluntad de trabajo y dedicación, le ha permitido sostenerse en el mercado gráfico durante 17 años en forma ininterrumpida.
Sumado a todo esto, El Siglo tiene una "peculiar" conformación empresaria ya que intervienen en su staff diferentes razones sociales y los trabajadores pertenecen a una u otra, cuando su función es la misma dentro de la redacción.
Liberta de expresión y sustentabilidad
El caso de El Siglo es una clara muestra de que de una vez por todas nuestro gremio debe sentar postura respecto de los criterios de distribución de la pauta oficial y así aportar a la transparencia y la equidad en la distribución de dichos dineros que garanticen el desenvolvimiento de los medios y su sustentabilidad en un marco de pluralidad de opinión que dignifique la labor periodística tanto en lo profesional como en lo laboral. La pauta oficial no puede ser un instrumento de censura o de compra de opinión sino de aseguramiento de la pluralidad de las ideas en democracia –insistimos- y, sobre todo, una herramienta para asegurar la libertad de expresión, la divulgación del conocimiento y la información pública.
Por último, coincidimos con los dichos del señor secretario general Oscar Armando Gijena, reflejados en el portal www.primerafuente.com.ar de que "van a venir momentos más complicados aún y por eso necesitamos un gremio unido, con trabajadores que defiendan a su organización y no equivoquen el enemigo". Por eso, desde la Corriente de Trabajadores de Prensa consideramos como únicos enemigos: el trabajo en negro, la precarización del trabajador de Prensa, la violencia moral y la censura, la falta de acceso a la información y el oscurantismo, los dobles discursos y el enriquecimiento ilícito, la ilegalidad y el delito como formas de la política, y el patoterismo institucional y empresario sobre nuestros compañeros y toda otra forma de sometimiento de la libertad y la dignidad de los trabajadores de prensa.
Sin otro particular, nos despedimos de ustedes respetuosamente.
19.10.07
Gracias compañeros
Será Justicia
Yo vivo de preguntar,
saber no puede ser lujo
(…) Si saber no es un derecho,
seguro será un izquierdo…
Silvio Rodríguez, "Escaramujo".
Fue un duro trance pero al final, la Justicia hizo lugar a mi pedido de amparo, decretó la nulidad de la convocatoria de la asamblea convocada por la APT para tratar mi expulsión y la de Marcelo Cuello, y preservó mis derechos, que habían sido injustamente lesionados. Es cierto, la cuestión de fondo resta resolverse, PERO LA JUEZA OLGA MEDINA INTERPRETÓ QUE... se había cometido un atropello, y marcó un antecedente singular que nos invita a reflexionar sobre el accionar de los actuales dirigentes de la Asociación de Prensa. A mi entender, fue una medida contra la intolerancia y por el respeto de la vida democrática en las instituciones gremiales.
Apelar a la Justicia fue nuestro último recurso. Y pluralizo la acción porque detrás de tal decisión estuvo la inteligencia común, la solidaridad, el compañerismo y la esperanza de que la verdad puede contra la política del "prepo" en nuestra institución sindical.
Es por eso que en esta pequeña nota quiero agradecer el apoyo que recibí de decenas de compañeros de La Gaceta, El Siglo y El Tribuno. De las radios AM y FM donde hay valerosos compañeros que no dudaron en manifestar su solidaridad para conmigo y Marcelo, porque en más de una oportunidad hemos recorrido juntos las calles. A los colegas de los canales de televisión de aire y de cable, y a mis compañeros de El Periódico que por unanimidad me hicieron el aguante no sólo en el reclamo, sino también en el laburo.
Y me voy a permitir agradecer particularmente a Facundo Pereyra, Julio Valenzuela, Gustavo Rodríguez, Valeria Totongi, Carolina Sana, Maby Sosa, Mario Endrizzi, Corcho Rodríguez, Carlitos Páez, Fernando Álvarez, Rodrigo Rodríguez y Juan Esterman, que me dieron su apoyo incondicional moral y hasta económicamente para llevar mi reclamo a la Justicia. Ahora sí hay una luz al final del túnel.
Para los actuales dirigentes de la APT una sola recordación: del ridículo no se vuelve.
Parece entonces compañeros que vivimos un nuevo despertar en la APT y habrá que defenderlo. Porque confirmé una vez más, que nuestro gremio está corporizado en cada uno de nosotros y no en un moderno edificio de relucientes cristales.
Nuevamente: Muchas gracias y hasta siempre
Alejandro Díaz
Afiliado APT: 1245
Delegado Suplente de El Periódico
Yo vivo de preguntar,
saber no puede ser lujo
(…) Si saber no es un derecho,
seguro será un izquierdo…
Silvio Rodríguez, "Escaramujo".
Fue un duro trance pero al final, la Justicia hizo lugar a mi pedido de amparo, decretó la nulidad de la convocatoria de la asamblea convocada por la APT para tratar mi expulsión y la de Marcelo Cuello, y preservó mis derechos, que habían sido injustamente lesionados. Es cierto, la cuestión de fondo resta resolverse, PERO LA JUEZA OLGA MEDINA INTERPRETÓ QUE... se había cometido un atropello, y marcó un antecedente singular que nos invita a reflexionar sobre el accionar de los actuales dirigentes de la Asociación de Prensa. A mi entender, fue una medida contra la intolerancia y por el respeto de la vida democrática en las instituciones gremiales.
Apelar a la Justicia fue nuestro último recurso. Y pluralizo la acción porque detrás de tal decisión estuvo la inteligencia común, la solidaridad, el compañerismo y la esperanza de que la verdad puede contra la política del "prepo" en nuestra institución sindical.
Es por eso que en esta pequeña nota quiero agradecer el apoyo que recibí de decenas de compañeros de La Gaceta, El Siglo y El Tribuno. De las radios AM y FM donde hay valerosos compañeros que no dudaron en manifestar su solidaridad para conmigo y Marcelo, porque en más de una oportunidad hemos recorrido juntos las calles. A los colegas de los canales de televisión de aire y de cable, y a mis compañeros de El Periódico que por unanimidad me hicieron el aguante no sólo en el reclamo, sino también en el laburo.
Y me voy a permitir agradecer particularmente a Facundo Pereyra, Julio Valenzuela, Gustavo Rodríguez, Valeria Totongi, Carolina Sana, Maby Sosa, Mario Endrizzi, Corcho Rodríguez, Carlitos Páez, Fernando Álvarez, Rodrigo Rodríguez y Juan Esterman, que me dieron su apoyo incondicional moral y hasta económicamente para llevar mi reclamo a la Justicia. Ahora sí hay una luz al final del túnel.
Para los actuales dirigentes de la APT una sola recordación: del ridículo no se vuelve.
Parece entonces compañeros que vivimos un nuevo despertar en la APT y habrá que defenderlo. Porque confirmé una vez más, que nuestro gremio está corporizado en cada uno de nosotros y no en un moderno edificio de relucientes cristales.
Nuevamente: Muchas gracias y hasta siempre
Alejandro Díaz
Afiliado APT: 1245
Delegado Suplente de El Periódico
18.10.07
La Justicia frenó el atropello
La Justicia ordenó suspender la asamblea extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa de Tucumán para analizar la expulsión de dos de sus afiliados.
La jueza de Conciliación y Trámite del Trabajo IV, Olga Medina, consideró que “el procedimiento resulta nulo desde su inicio porque (en la convocatoria publicada en La Gaceta el 10-10-07) omite precisar quién o quiénes son los dos afiliados gremiales que van a ser sometidos a este proceso de expulsión”. La jueza también tuvo en cuenta que los afiliados en cuestión se encuentran en “total estado de indefensión”, debido a que se les negó información sobre los motivos por los que se los acusa.
La medida cautelar fue planteada judicialmente por Alejandro Jade Díaz (delegado de El Periódico), uno de los afiliados a los que la Comisión Cirectiva pretende expulsar. El otro afiliado acusado es Marcelo Cuello (delegado de Canal 10).
La resolución judicial frenó el atropello injustificado al que la Comisión Directiva somete a quienes debería defender, y la arbitrariedad con que se toman las decisiones en el seno de la organización gremial, que pretende tomar represalias con quienes disienten con su forma de actuar.
CORRIENTE DE TRABAJADORES DE PRENSA
Un paradójico día de la "lealtad"
(Por Alejandro Díaz).- La mayoría de los periodistas tucumanos nos debatimos día a día, entre el reconocimiento y la crítica a nuestra labor periodística, y las penurias económicas. Entre los apuros del cierre de una edición y las corridas detrás de un entrevistado; entre el mal humor de nuestros jefes, la incertidumbre laboral, el pago de la tarjeta de crédito, las boletas de la luz, el gas, el teléfono, el alquiler y ahora…también entre los aprietes de quienes dicen ser nuestros representantes "gremiales".
Casi son las diez de la noche y no he logrado bajar una tecla para el semanario que me da comer. Pido disculpas por eso y algo de indulgencia. Desde la semana pasada, cuando el rumor de una maniobra para expulsar afiliados del gremio de prensa ganó la calle perdí concentración en mi trabajo. Es que mi nombre resonó en una reunión de comisión directiva y no fue para adularme. Al final, el rumor se corporizó en la convocatoria de la Asociación de Prensa a una asamblea extraordinaria con el solo propósito de expulsar a dos compañeros.
Aquella solicitada en La Gaceta se transformó en una noticia (materia prima de nuestra profesión), invitando a indagar el trasfondo del perentorio llamado de la APT para tratar la aplicación de extremas medidas disciplinarias. Anoticiado, entonces, me dispuse a buscar más información y elabore mi propio cuestionario.
Dos preguntas me inquietaron: ¿quiénes eran los dos afiliados gremiales? y ¿de qué se los acusa?
Apelé entonces a lograr algún dato, y como en toda investigación periodística busqué un comentario, un rumor, un dicho, que me pusiera sobre la pista. Pero el secretario Gremial, Domingo Gil, me ahorro el esfuerzo. En la noche del 10 de octubre, y telefónicamente, me reconoció que la asamblea convocada por la APT tenía como objeto expulsarme de la institución. "Es por vos y Marcelo Cuello", me dijo. Una afirmación que resolvía el primer interrogante aunque de manera extraoficial.
Segundo interrogante: ¿De qué se me acusa?
No puedo lamentar que el secretario gremial y gerente comercial de la Obra Social (las asociaciones de las palabras gremio-comercio son pura casualidad), se haya sentido incomodo por mi pregunta, es por eso que me decidí visitarlo y el viernes 12 partí a la sede del gremio. Pero esta vez no fui solo.
Encontré a Domingo Gil junto a Sixto Rocha (vocal de la APT y de la OSPPT) y a Pablo Neder (vocal de la APT y Tesorero de la OSPPT) en la oficina del primer piso de la APT.
Con un breve saludo les presenté a mis invitados: mi abogado y una escribana que invité para solicitar formalmente copias del acta del llamado a la asamblea extraordinaria con el objeto de encontrar respuestas. Solo me informaron que el que suscribe era uno de los 2 afiliados gremiales sobre los que pesarían la expulsión del gremio, que el libro de actas no estaba en la institución y que las razones se expondrían el día de la asamblea. Segundo interrogante, sin respuesta.
El párrafo que leerán a continuación fue escrito minutos después de la medianoche de hoy pero para mí, sigue siendo redactado durante esta injuriosa jornada que no termina de irse.
El 17 de octubre (fecha histórica para el peronismo) podría enmarcarse también, como el día del quiebre institucional de nuestro gremio. Como muchos de ustedes habrán leído, el portal de noticias de la APT primerafuente publicó detalles de la convocatoria a la asamblea que se realizará hoy y se animó a especular extraoficialmente, sobre las razones que impulsaron a la Comisión Directiva del gremio para expulsar a dos compañeros y hasta se animaron a mencionarlos con sus nombres y apellidos.
Por otro lado, una carta documento llegaba a mi domicilio notificándome de la asamblea. Insólitamente la carta firmada por Oscar Gijena y Domingo Gil me informaba que en dicha convocatoria "se tratará la sanción a aplicarse por su inconducta". ¿De qué inconducta estamos hablando? me pregunté. Otra vez, la notificación oficial omitía referirse a las causas de la convocatoria y qué tipo de inconducta (si las hubiere) se me reclamaba. Entonces, ya no tuve dudas. Alguien había dado "la orden" de someternos a un juicio sumarísimo digno de un alto tribunal de la Inquisición donde el derecho a la defensa solo podría ser balbuceado en una hoguera fogoneada por un gran inquisidor.
Ahora bien, me permito insistir con la misma pregunta: ¿De qué se me acusa?
Les solicito que lean detenidamente la carta documento que les adjunto y agudicen su instinto periodístico a fin de encontrar la inquisición en formato legal. ¿Leyeron bien? ¿Se dieron cuenta?
Sí, así es compañeros. Acertaron, a pesar de ser difícil mantener la mente alerta en medio de tanto ruido destinado a confundir, en medio de tanta propaganda que trata de disfrazar la realidad.
El caso Lesnik
Pero imagino que también quieren conocer mi opinión sobre el resonado caso Lesnik. Habrán visto que la APT se encargó de difundir mi declaración y la de Marcelo Cuello. Ustedes tienen la oportunidad de evaluarlas, pero solo el juez que entiende en la causa podrá decidir si nuestro testimonio fue valedero o no. Y al final, como en todo proceso, fallará a favor del demandante o del demandado. Lo cierto es que todavía restan muchos pasos procesales y habrá que esperar la definición de este juicio. Aunque al parecer, antes de tiempo la APT lo dio por perdido.
Ahora bien, de este proceso judicial surgen algunas preguntas:
Si tanto le preocupaba a la comisión directiva de la APT los testimonios que aportamos en este juicio, ¿por qué no nos impugnaron oportunamente como testigos? (tenían 5 días hábiles para hacerlo desde el momento de la presentación de la lista de testigos), o, ¿por qué no impugnaron el contenido de las declaraciones? (también tenían 5 días hábiles después de haber declarado).
Una extraña y poderosa razón ha obrado para no impugnar mi nombre y el de Cuello en calidad de testigos y tampoco impugnar el contenido de nuestras declaraciones en sede judicial. ¿Se tratará de una cortina de humo para esconder desaguisados internos? ¿A quién más le conviene perder este juicio? ¿Cuál fue esa poderosa razón que ahora que pone en peligro el patrimonio de la APT?
Me parece advertir las misma razones que llevaron al abogado de la APT Alvaro Carrizo y al secretario General, Oscar Gijena, a firmar un acuerdo extrajudicial por 45 mil pesos, a favor de un estudio de abogados que dijo sentirse agraviado por un fotografía publicada erróneamente en primerafuente. Guiado por estas mismas y poderosas razones nunca se contempló la rectificación, el pedido de disculpas, ni la oportunidad para demostrar que no hubo "real malicia" en el error. Equivocación que en su oportunidad asumí ante la comisión directiva y que me costó mi trabajo como editor de primerafuente.
Lamentablemente, desoyendo los pedidos de algunos secretarios de la Comisión Directiva (Cuello y Pereyra) el secretario general, Oscar Gijena, accedió al pedido de los demandantes en una manifestación de fe ciega a su asesor legal.
Así, el gremio de prensa sentó una doctrina claudicante respecto de la falibilidad (capacidad para equivocarse) de los periodistas al momento de consignar datos. Es decir, este acuerdo antiperiodístico y oscurantista que otorgo dinero a supuestos damnificados por una nota que hasta aquí, nunca demostró su daño real, viene a confirmar una tesis que parece ser moneda corriente bajo esta conducción: dar por perdido los juicios o los reclamos de terceros contra la APT, donde la opinión de los afiliados ya no importa a la hora de tomar decisiones respecto al patrimonio de nuestro gremio.
El debate pendiente
Es por eso que este 17 de octubre podría ser una buena oportunidad para comenzar a transparentar las conductas que ponen en riesgo el patrimonio de nuestro querido gremio. En la era de Internet las cuentas públicas de la provincia entran en un pent drive. Supongo que no es mucho pedir que las cuentas de la APT y la obra social puedan descargarse de la web. Eso nos permitiría dar un debate serio y –por mi parte- explicar a cualquier colega de buena fe que esté genuinamente interesado en cuidar el gremio, cuál es mi opinión al respecto.
Desde ya que mi ánimo no es el mejor. Les comento que estuve y estaré presente en todos y cada uno de los medios para evacuar las dudas que mis compañeros pudieran tener. Pero repito, no puedo brindarles mayores explicaciones porque a horas de la bendita asamblea gijenista, todavía no conozco oficialmente de qué se me acusa; ni siquiera sus motivos y fundamentos -a pesar de mis esfuerzos que incluso me costaron dinero que no tengo. Mi salario de bolsillo es de $850, tengo 3 hijos en edad escolar, alquilo una modesta casa por $600 y estoy obligado a vivir de prestado.
Espero que en el transcurso de las horas por venir, se aclare definitivamente esta polémica que ha puesto en tela de juicio mi honestidad no solo personal, sino también profesional. No tengo más que confirmar que (Cuello y el que suscribe) hemos sido víctimas de la intolerancia como práctica política dentro de nuestra institución y no me cabe dudas de que seguiremos siendo perseguidos por los actuales burócratas disfrazados de dirigentes gremiales. En su momento sabremos responder.
Defiendo y defendí la pluralidad y diversidad de pensamiento, mi familia y mi profesión Y, a pesar de los riesgos que eso conlleva bajo la actual situación interna de la APT, seguiré condenando las actitudes antidemocráticas que impulsan los "nuevos ricos" de la actividad sindical. La de aquellos que pasean su desvergüenza en autos 0 kilómetro o viajan al exterior para ver un campeonato de fútbol, cuando el 70% de sus representados no llega a cubrir los gastos de la canasta familiar.
Alejandro Díaz
02:05 AM 18 de octubre de 2007-10-18
Afiliado gremial: 1245
Delegado Suplente de El periódico de Tucumán
12.10.07
Trabajo en negro y expulsiones en la APT
"La peor opinión es el silencio" fue una muy buena frase con la que gremios de prensa de todo el país salieron a pelear contra el cerco informativo montado por el menemismo y luego la Alianza. Pero evidentemente esa idea no posee la misma fuerza entre las autoridades de la APT, y hasta proponen desafiliar a compañeros delegados de distintos medios por decir lo que saben.
La cuestión es sencilla. Hace poco más de dos años la APT decidió prescindir de los servicios de Pablo Lesnik, quien tenía a su cargo el diseño y composición de la revista Bajando Teclas (órgano oficial de difusión de nuestro gremio) y otros trabajos que hacía para la institución. Lesnik inició una demanda judicial en reclamo de su indemnización. Hasta ahí, nada fuera de lo normal.
Pero la APT, que es un sindicato, un gremio que debe defender a los trabajadores de los atropellos de las patronales, tenía a este compañero, como a muchos otros, EN NEGRO.
Lesnik propuso una lista de testigos que confirmaran su trabajo para la institución. La Justicia eligió a algunos, y los citó. Marcelo Cuello (delegado de Canal 10) y Alejandro "Jade" Díaz (de El Periódico), fueron a declarar, como otras dos compañeras, que sin embargo parecen no ser pasibles de sanciones a pesar de haber confirmado lo mismo. Dijeron lo que saben: que Lesnik prestaba servicios en la institución.
Para ser notificado, Jade se presentó hoy (viernes 12-10-07) en la sede gremial acompañado por un abogado y una escribana, que labraron acta de lo que los directivos Domingo Gil, Pablo Neder y Sixto Rocha dijeron. A saber: que él es uno de los mencionados en el pedido de expulsión; que el libro de actas del gremio no está en la institución (por ello no pudieron mostrar la resolución), y nada más. Resumiendo, se negaron a brindar información (ver “Inexplicable”).
El problema del TRABAJO EN NEGRO en el gremio fue planteado en su momento por algunos ex directivos, pero la mayoría automática del gijenismo se negó durante mucho tiempo al blanqueo (las actas pueden confirmarlo, si no desaparecieron). Hasta se advirtió sobre las consecuencias negativas que traería aparejado esta irregular contratación de servicios que, en el caso Lesnik, se terminó de verificar.
La Comisión Directiva de la APT, en lugar de hacer una autocrítica sobre su papel como patronal, pide ahora la expulsión de estos dos compañeros (Cuello y Jade Díaz) que casualmente, integran la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP), línea de pensamiento opositora al gijenismo.
Esta es hoy la preocupación de los directivos. Pero nada dicen sobre el despido de cinco empleados de El Periódico en los últimos 15 días, del desmantelamiento gradual y progresivo de la redacción de El Siglo, donde hay muchos empelados en negro y demoras en el pago de sueldos, como ocurre también en El Tribuno.
La Corriente tiene como prioridad la defensa de los derechos laborales de los compañeros, el fortalecimiento de nuestro gremio, la transparencia en la gestión sindical y el compromiso en los principales valores democráticos, la honestidad y la Justicia sin privilegios. De ninguna manera está en el ánimo de sus integrantes destruir nuestro gremio. Es por eso que en varias oportunidades se hicieron críticas y aportes. Participamos en debates y congresos siempre con la idea de contribuir y corregir los errores. Sin embargo, desde la aparición pública de la CTP desde el gijenismo se intentó demonizar a la oposición, silenciar sus opiniones y descalificar a los compañeros que integran la Corriente.
La actual Comisión Directiva debería a empezar a hacerse cargo de las cosas que hace mal en lugar de buscar la expulsión de los que creen que la peor opinión es el silencio.
La cuestión es sencilla. Hace poco más de dos años la APT decidió prescindir de los servicios de Pablo Lesnik, quien tenía a su cargo el diseño y composición de la revista Bajando Teclas (órgano oficial de difusión de nuestro gremio) y otros trabajos que hacía para la institución. Lesnik inició una demanda judicial en reclamo de su indemnización. Hasta ahí, nada fuera de lo normal.
Pero la APT, que es un sindicato, un gremio que debe defender a los trabajadores de los atropellos de las patronales, tenía a este compañero, como a muchos otros, EN NEGRO.
Lesnik propuso una lista de testigos que confirmaran su trabajo para la institución. La Justicia eligió a algunos, y los citó. Marcelo Cuello (delegado de Canal 10) y Alejandro "Jade" Díaz (de El Periódico), fueron a declarar, como otras dos compañeras, que sin embargo parecen no ser pasibles de sanciones a pesar de haber confirmado lo mismo. Dijeron lo que saben: que Lesnik prestaba servicios en la institución.
Para ser notificado, Jade se presentó hoy (viernes 12-10-07) en la sede gremial acompañado por un abogado y una escribana, que labraron acta de lo que los directivos Domingo Gil, Pablo Neder y Sixto Rocha dijeron. A saber: que él es uno de los mencionados en el pedido de expulsión; que el libro de actas del gremio no está en la institución (por ello no pudieron mostrar la resolución), y nada más. Resumiendo, se negaron a brindar información (ver “Inexplicable”).
El problema del TRABAJO EN NEGRO en el gremio fue planteado en su momento por algunos ex directivos, pero la mayoría automática del gijenismo se negó durante mucho tiempo al blanqueo (las actas pueden confirmarlo, si no desaparecieron). Hasta se advirtió sobre las consecuencias negativas que traería aparejado esta irregular contratación de servicios que, en el caso Lesnik, se terminó de verificar.
La Comisión Directiva de la APT, en lugar de hacer una autocrítica sobre su papel como patronal, pide ahora la expulsión de estos dos compañeros (Cuello y Jade Díaz) que casualmente, integran la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP), línea de pensamiento opositora al gijenismo.
Esta es hoy la preocupación de los directivos. Pero nada dicen sobre el despido de cinco empleados de El Periódico en los últimos 15 días, del desmantelamiento gradual y progresivo de la redacción de El Siglo, donde hay muchos empelados en negro y demoras en el pago de sueldos, como ocurre también en El Tribuno.
La Corriente tiene como prioridad la defensa de los derechos laborales de los compañeros, el fortalecimiento de nuestro gremio, la transparencia en la gestión sindical y el compromiso en los principales valores democráticos, la honestidad y la Justicia sin privilegios. De ninguna manera está en el ánimo de sus integrantes destruir nuestro gremio. Es por eso que en varias oportunidades se hicieron críticas y aportes. Participamos en debates y congresos siempre con la idea de contribuir y corregir los errores. Sin embargo, desde la aparición pública de la CTP desde el gijenismo se intentó demonizar a la oposición, silenciar sus opiniones y descalificar a los compañeros que integran la Corriente.
La actual Comisión Directiva debería a empezar a hacerse cargo de las cosas que hace mal en lugar de buscar la expulsión de los que creen que la peor opinión es el silencio.
Inexplicable
Los dirigentes de la Comisión Directiva de la APT, Domingo Gil, Pablo Neder y Sixto Rocha confirmaron que se pedirá la expulsión del compañero Alejandro "Jade" Díaz en la asamblea extraordinaria convocada para el próximo jueves 18. La convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el pasado 10 de octubre, no especificó los nombre de los 2 afiliados que serían sometidos a la aplicación de sanciones. Es por eso que Jade Díaz, delegado suplente de El periódico, se apersonó esta mañana a la sede la APT acompañado de un escribano público y su representante legal para conocer detalles del llamado.
Del requerimiento oficial se desprendió la confirmación del pedido de expulsión de Jade, pero el secretario Gremial, Domingo Gil, no quiso dar el nombre del otro afiliado que estaría cuestionado por la APT, aunque extraoficialmente, el mismo Gil reconoció que se trata del delegado de Canal 10 Marcelo Cuello.
Consultados sobre quién realizó el llamado oficial a la asamblea extraordinaria, Gil respondió que "la Comisión Directiva tomó esta decisión a pedido de los afiliados" (sic), aunque se negó a precisar de qué afiliados se trataba.
Por otra parte se le requirió a los directivos copia del acta de convocatoria para verificar quienes firmaron el llamado y que precise cuáles son las razones de esta determinación. A este pedido, Domingo Gil respondió que el Libro de Actas no se encontraba en la institución y que estaba en manos del secretario de Actas negándose a dar más información sobre este punto. Sin embargo, invitó a los letrados a verificar los datos solicitados en la próxima reunión de Comisión Directiva.
Por último, consultado sobre los motivos por los que la Comisión Directiva impulsa la expulsión de la APT a estos dos compañeros, el secretario gremial indicó que "el día de la asamblea –es decir el jueves 18- se les informará".
Del requerimiento oficial se desprendió la confirmación del pedido de expulsión de Jade, pero el secretario Gremial, Domingo Gil, no quiso dar el nombre del otro afiliado que estaría cuestionado por la APT, aunque extraoficialmente, el mismo Gil reconoció que se trata del delegado de Canal 10 Marcelo Cuello.
Consultados sobre quién realizó el llamado oficial a la asamblea extraordinaria, Gil respondió que "la Comisión Directiva tomó esta decisión a pedido de los afiliados" (sic), aunque se negó a precisar de qué afiliados se trataba.
Por otra parte se le requirió a los directivos copia del acta de convocatoria para verificar quienes firmaron el llamado y que precise cuáles son las razones de esta determinación. A este pedido, Domingo Gil respondió que el Libro de Actas no se encontraba en la institución y que estaba en manos del secretario de Actas negándose a dar más información sobre este punto. Sin embargo, invitó a los letrados a verificar los datos solicitados en la próxima reunión de Comisión Directiva.
Por último, consultado sobre los motivos por los que la Comisión Directiva impulsa la expulsión de la APT a estos dos compañeros, el secretario gremial indicó que "el día de la asamblea –es decir el jueves 18- se les informará".
Ultimo momento: renunció Marcos Leiva
El gerente administrativo de la Obra Social de Prensa, Marcos Leiva, renunció a su cargo... Ampliaremos
22.8.07
Repudio a la presentación a elecciones de la Agrupación “Reivindicación Histórica y Social
H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y la Organización Independiente El Andamio – AvalanchaNORTE expresan su repudio a la presentación a elecciones de la Agrupación “Reivindicación Histórica y Social” (lista 185), cuyos miembros se proclaman a sí mismos como “Ex Combatientes del Operativo Independencia”. Y que se encuentra acoplada a la lista oficial del Frente para la Victoria, encabezada por el Gobernador Alperovich y el Intendente Amaya.
El Operativo Independencia tuvo comienzo en nuestra provincia en el mes de febrero de 1975, a partir de la emisión del decreto secreto 261/75 firmado por Estela Martínez de Perón en su carácter de Presidenta de la Nación. Con el objetivo de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN” (art. 1 dec. 261/75). El Ejército Argentino, ocupó el territorio de la provincia, y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, que luego a partir del decreto 2770/75 se extendió al resto del país.
Teniendo subordinadas a sus órdenes al resto de las Fuerzas de Seguridad tanto provinciales como nacionales: Policía Provincial y Federal, Servicio Penitenciario y Gendarmería Nacional, se ejecutó una secuencia de delitos absolutamente planeada que consistió en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de cientos de personas. Así es como Tucumán tuvo el primer Centro Clandestino de Detención del país: “La Escuelita de Famaillá” que funcionó en la ciudad Famaillá, y otros que se fueron habilitando en diferentes partes de la provincia: Jefatura de Policía, Base de Santa Lucía, Ingenio La Fronterita, Ex Ingenio Lules, Arsenal Miguel Azcuénaga, etc. La existencia de estos lugares, así como la comisión de estos delitos, fue declarado probado por la Cámara Federal de Buenos Aires en la condena a las Juntas Militares.
Los principales responsables de la comisión de estos Crímenes de Lesa Humanidad fueron Acdel E. Vilas en primer lugar y Antonio Domingo Bussi, en su carácter de sucesivos jefes a cargo de dicho operativo.
En este contexto, es totalmente falaz y pretende confundir a la opinión pública que quienes hubieren estado en las filas del Ejército, ya sea voluntariamente o por encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, durante el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976, se llamen a sí mismos “ex combatientes”. El Plan Sistemático de Violaciones a los Derecho Humanos perpetrado en este periodo y en la posterior Dictadura Militar (1976- 1983), no constituyó de ninguna manera una guerra, sino un sistema perfectamente elaborado de comisión de delitos, y fue la excusa para iniciar el aniquilamiento de una parte sustancial de la población argentina, que significó la comisión del Delito de Genocidio.
En un momento en que el Gobierno Nacional proclama a todas voces su política de Derechos Humanos y con un doble discurso asegura que está dispuesto a reparar a las víctimas del terrorismo de estado con la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad mientras al mismo tiempo reprime y criminaliza la protesta social.
El gobernador de nuestra provincia José Alperovich sigue siendo coherente con su política represiva dándole amparo entre sus filas a quienes directa o indirectamente reivindican el Terrorismo de Estado y estos crímenes de lesa humanidad. ¿Como es posible que mientras se proclama como política de estado el respeto a los Derechos Humanos y el enjuiciamiento y condena al Terrorismo de Estado den cobijo en los acoples eleccionarios a quienes en realidad deberían brindar a la justicia testimonio de lo que presenciaron y actuaron durante la vigencia de tan aberrantes crímenes?
En la provincia se hace nuevamente presente la represión de las legítimas protestas de jubilados y organizaciones sociales, prohibición a los vendedores ambulantes y artistas callejeros a ejercer su legítimo derecho a trabajar en la calle…ahora hace alianzas políticas con quienes ayer formaron parte del aparato Terrorista del Estado y hoy, después de más de 30 años, siguen levantando consignas reivindicativas de sus delitos.
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS
30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, PRESENTES!!!
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ.
El Operativo Independencia tuvo comienzo en nuestra provincia en el mes de febrero de 1975, a partir de la emisión del decreto secreto 261/75 firmado por Estela Martínez de Perón en su carácter de Presidenta de la Nación. Con el objetivo de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN” (art. 1 dec. 261/75). El Ejército Argentino, ocupó el territorio de la provincia, y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, que luego a partir del decreto 2770/75 se extendió al resto del país.
Teniendo subordinadas a sus órdenes al resto de las Fuerzas de Seguridad tanto provinciales como nacionales: Policía Provincial y Federal, Servicio Penitenciario y Gendarmería Nacional, se ejecutó una secuencia de delitos absolutamente planeada que consistió en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de cientos de personas. Así es como Tucumán tuvo el primer Centro Clandestino de Detención del país: “La Escuelita de Famaillá” que funcionó en la ciudad Famaillá, y otros que se fueron habilitando en diferentes partes de la provincia: Jefatura de Policía, Base de Santa Lucía, Ingenio La Fronterita, Ex Ingenio Lules, Arsenal Miguel Azcuénaga, etc. La existencia de estos lugares, así como la comisión de estos delitos, fue declarado probado por la Cámara Federal de Buenos Aires en la condena a las Juntas Militares.
Los principales responsables de la comisión de estos Crímenes de Lesa Humanidad fueron Acdel E. Vilas en primer lugar y Antonio Domingo Bussi, en su carácter de sucesivos jefes a cargo de dicho operativo.
En este contexto, es totalmente falaz y pretende confundir a la opinión pública que quienes hubieren estado en las filas del Ejército, ya sea voluntariamente o por encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, durante el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976, se llamen a sí mismos “ex combatientes”. El Plan Sistemático de Violaciones a los Derecho Humanos perpetrado en este periodo y en la posterior Dictadura Militar (1976- 1983), no constituyó de ninguna manera una guerra, sino un sistema perfectamente elaborado de comisión de delitos, y fue la excusa para iniciar el aniquilamiento de una parte sustancial de la población argentina, que significó la comisión del Delito de Genocidio.
En un momento en que el Gobierno Nacional proclama a todas voces su política de Derechos Humanos y con un doble discurso asegura que está dispuesto a reparar a las víctimas del terrorismo de estado con la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad mientras al mismo tiempo reprime y criminaliza la protesta social.
El gobernador de nuestra provincia José Alperovich sigue siendo coherente con su política represiva dándole amparo entre sus filas a quienes directa o indirectamente reivindican el Terrorismo de Estado y estos crímenes de lesa humanidad. ¿Como es posible que mientras se proclama como política de estado el respeto a los Derechos Humanos y el enjuiciamiento y condena al Terrorismo de Estado den cobijo en los acoples eleccionarios a quienes en realidad deberían brindar a la justicia testimonio de lo que presenciaron y actuaron durante la vigencia de tan aberrantes crímenes?
En la provincia se hace nuevamente presente la represión de las legítimas protestas de jubilados y organizaciones sociales, prohibición a los vendedores ambulantes y artistas callejeros a ejercer su legítimo derecho a trabajar en la calle…ahora hace alianzas políticas con quienes ayer formaron parte del aparato Terrorista del Estado y hoy, después de más de 30 años, siguen levantando consignas reivindicativas de sus delitos.
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS
30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, PRESENTES!!!
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ.
29.6.07
Despiden a 17 compañeros de El Tribuno
La situación en el diario El Tribuno de Tucumán llegó a un punto sin retorno, y todos los trabajadores de prensa de la provincia debemos hacernos cargo y comprometernos con su lucha.
Con 17 despidos en poco más de una semana, lo que empezó como un reclamo salarial se convirtió en una crisis descomunal laboral mucho más profunda.
El 4 de junio, los trabajadores de El tribuno presentaron una nota pidiendo que el sueldo básico alcance los $ 1.000, y un 60 % de aumento; el pago en tiempo y forma; el pago de la deuda a la obra social; el de los aportes previsionales (se les hacen los descuentos de ley, pero la empresa no hace los depósitos, y que se reconozca la antigüedad y el refrigerio y almuerzo.
La respuesta fue el despido de tres compañeros. Las asambleas, algunas con protestas frente l diario, se fueron agudizando, hasta que el viernes 29 de junio, fueron despedidos otros 14 compañeros.
Esto ocurrió en el mismo momento en que los delegados y representantes de la Asociación de Prensa estaban en una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, con el apoderado de la empresa.
En asamblea extraordinaria, compañeros de diferentes medios de la provincia resolvimos acompañar las decisiones de la asamblea de empleados de El tribuno, y convocar a una movilización para el lunes 2 de julio, a las 17, en la puerta de El Tribuno (25 de Mayo al 500).
La Corriente de Trabajadores de Prensa se suma al reclamo los compañeros de ese diario, e insta a todos los trabajadores de prensa de la provincia a expresar su solidaridad y compromiso asistiendo a la marcha.
Con 17 despidos en poco más de una semana, lo que empezó como un reclamo salarial se convirtió en una crisis descomunal laboral mucho más profunda.
El 4 de junio, los trabajadores de El tribuno presentaron una nota pidiendo que el sueldo básico alcance los $ 1.000, y un 60 % de aumento; el pago en tiempo y forma; el pago de la deuda a la obra social; el de los aportes previsionales (se les hacen los descuentos de ley, pero la empresa no hace los depósitos, y que se reconozca la antigüedad y el refrigerio y almuerzo.
La respuesta fue el despido de tres compañeros. Las asambleas, algunas con protestas frente l diario, se fueron agudizando, hasta que el viernes 29 de junio, fueron despedidos otros 14 compañeros.
Esto ocurrió en el mismo momento en que los delegados y representantes de la Asociación de Prensa estaban en una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, con el apoderado de la empresa.
En asamblea extraordinaria, compañeros de diferentes medios de la provincia resolvimos acompañar las decisiones de la asamblea de empleados de El tribuno, y convocar a una movilización para el lunes 2 de julio, a las 17, en la puerta de El Tribuno (25 de Mayo al 500).
La Corriente de Trabajadores de Prensa se suma al reclamo los compañeros de ese diario, e insta a todos los trabajadores de prensa de la provincia a expresar su solidaridad y compromiso asistiendo a la marcha.
30.5.07
Los trabajadores de La Gaceta, en alerta y movilización por el aumento salarial
Esta vez, los trabajadores de La Gaceta dijeron basta. Ante la negativa de la empresa a otorgar un 25 % de aumento salarial, en asamblea resolvieron mantenerse firmes en su reclamo, y declarar el estado de alerta y movilización.
El viernes, a las 18, se realizará una asamblea general de los trabajadores en la puerta del edificio de Mendoza 654, con la intención de demostrar que esta vez la cosa va en serio.
El reclamo de un 25 % de incremento no es antojadizo. Surgió de un estudio realizado por los delegados y directivos del gremio, en base a estadísticas oficiales, datos de ONGs, y reportes propios tomados de los gastos diarios de cualquier familia tipo. Es por ello que la contrapropuesta de La Gaceta, de otorgar sólo un 16 % en tres cuotas hasta marzo de 2008, resultó irritante.
La Corriente de Trabajadores de Prensa apoya y acompaña a los trabajadores de La Gaceta, e insta a los compañeros de los demás medios a empezar a tomar la iniciativa por una justa y necesaria recomposición salarial.
El viernes, a las 18, se realizará una asamblea general de los trabajadores en la puerta del edificio de Mendoza 654, con la intención de demostrar que esta vez la cosa va en serio.
El reclamo de un 25 % de incremento no es antojadizo. Surgió de un estudio realizado por los delegados y directivos del gremio, en base a estadísticas oficiales, datos de ONGs, y reportes propios tomados de los gastos diarios de cualquier familia tipo. Es por ello que la contrapropuesta de La Gaceta, de otorgar sólo un 16 % en tres cuotas hasta marzo de 2008, resultó irritante.
La Corriente de Trabajadores de Prensa apoya y acompaña a los trabajadores de La Gaceta, e insta a los compañeros de los demás medios a empezar a tomar la iniciativa por una justa y necesaria recomposición salarial.
17.4.07
"Gracias Mauro, de nada Oscar"
Después de la agraviante acusación del secretario de Prensa y difusión contra los compañeros de el periódico, la Corriente de Trabajadores de Prensa no dudó un instante en repudiar y exigir la renuncia del funcionario alperovichista. Porque esencialmente, defendemos la libertad de expresión y a la información como derechos inalienables de la democracia y cualquier ataque a estos valores fundamentales debe ser denunciado sin medias tintas, y sus responsables repudiados públicamente.
Lamentablemente, la conducción de nuestra organización gremial no comparte esta idea y desoyó el pedido de condena pública que exigieron los compañeros de la Corriente. En cambio, prefirió darle al funcionario su oportunidad de "aclarar" lo inconcebible.
Con sorpresa, descubrimos ayer que el sitio Primera fuente se encargó de publicar una pretendida nota aclaratoria sobre los dichos de Castagneri: en menos de una semana, los compañeros del semanario dejaron de ser "apretadores" para convertirse en esforzados y sufridos trabajadores para la consideración del funcionario. Gracias Mauro por ello.
En la nota de Primera fuente, Gijena asegura que "quedó aclarado (¿con Castagneri?) que se trata de un enfrentamiento con el dueño de la empresa (Alberto Llaryora) y con el personal jerárquico que maneja la redacción". Pero el secretario general de la APT se olvidó de aclarar el tema con los trabajadores de la empresa periodística y evitó la obligada consulta a los compañeros, víctimas de los dichos de Castagneri: Una desmemoriada actitud que revela una vez más, que sus intereses pasan por el coqueteo con el Poder y no por el compromiso con sus compañeros. "De nada Oscar".
Lamentablemente, la conducción de nuestra organización gremial no comparte esta idea y desoyó el pedido de condena pública que exigieron los compañeros de la Corriente. En cambio, prefirió darle al funcionario su oportunidad de "aclarar" lo inconcebible.
Con sorpresa, descubrimos ayer que el sitio Primera fuente se encargó de publicar una pretendida nota aclaratoria sobre los dichos de Castagneri: en menos de una semana, los compañeros del semanario dejaron de ser "apretadores" para convertirse en esforzados y sufridos trabajadores para la consideración del funcionario. Gracias Mauro por ello.
En la nota de Primera fuente, Gijena asegura que "quedó aclarado (¿con Castagneri?) que se trata de un enfrentamiento con el dueño de la empresa (Alberto Llaryora) y con el personal jerárquico que maneja la redacción". Pero el secretario general de la APT se olvidó de aclarar el tema con los trabajadores de la empresa periodística y evitó la obligada consulta a los compañeros, víctimas de los dichos de Castagneri: Una desmemoriada actitud que revela una vez más, que sus intereses pasan por el coqueteo con el Poder y no por el compromiso con sus compañeros. "De nada Oscar".
12.4.07
Un nuevo ataque a la libertad de prensa
Bronca e indignación es lo que sentimos los trabajadores de prensa por las declaraciones vertidas ayer por el Secretario de Prensa y Difusión, Mauro Castagneri, quien reconoció que periódicamente se realizan "monitoreos" sobre el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación: "Es un pasquín de los domingos, y en definitiva no son periodistas los que lo hacen, sino apretadores", atacó en referencia al semanario El Periódico.
Las palabras del funcionario, reafirma la falta de la libertad de prensa en nuestra provincia, y además, pone de manifiesto que este gobierno no tiene ningún reparo en maltratar, y amenazar a quienes lo critiquen. Entonces, ¿quiénes son los apretadores?.
Pero lo más grave es el impune abuso del poder.
Estas gravísimas declaraciones realizadas por Castagneri no mereció la más mínima reacción de la Asociación de Prensa. Han atacado al cuerpo social de la intitución gremial y hasta aquí, sólo se dedicó un espacio en su página Primera Fuente, reproduciendo los agravios del funcionario de Alperovich sin más comentarios al respecto.
Así, no es difícil sentirse desamparado por nuestra organización gremial.
Como Corriente de Trabajadores de Prensa, entendemos que las palabras de Castagneri son una flagrante amenaza a la libertad de expresión, y a través de ellas se evidencia el control sistemático que realiza el gobierno a medios de comunicación y periodistas. Control que se practica con los fondos públicos y sin transperencia. Sino, Castagneri hubiera puesto a disposición de quien lo solicitace copias de dicho informe y el nombre de la consultora que se encargó de evaluar el desempeño de los trabajadores de prensa. Será la agencia de Goebles? "Miente, miente que siempre algo quedará"...Que triste inspiración la de Alperovich.
Las palabras del funcionario, reafirma la falta de la libertad de prensa en nuestra provincia, y además, pone de manifiesto que este gobierno no tiene ningún reparo en maltratar, y amenazar a quienes lo critiquen. Entonces, ¿quiénes son los apretadores?.
Pero lo más grave es el impune abuso del poder.
Estas gravísimas declaraciones realizadas por Castagneri no mereció la más mínima reacción de la Asociación de Prensa. Han atacado al cuerpo social de la intitución gremial y hasta aquí, sólo se dedicó un espacio en su página Primera Fuente, reproduciendo los agravios del funcionario de Alperovich sin más comentarios al respecto.
Así, no es difícil sentirse desamparado por nuestra organización gremial.
Como Corriente de Trabajadores de Prensa, entendemos que las palabras de Castagneri son una flagrante amenaza a la libertad de expresión, y a través de ellas se evidencia el control sistemático que realiza el gobierno a medios de comunicación y periodistas. Control que se practica con los fondos públicos y sin transperencia. Sino, Castagneri hubiera puesto a disposición de quien lo solicitace copias de dicho informe y el nombre de la consultora que se encargó de evaluar el desempeño de los trabajadores de prensa. Será la agencia de Goebles? "Miente, miente que siempre algo quedará"...Que triste inspiración la de Alperovich.
Repudiamos el ataque de un funcionario del Gobierno a nuestro compañero
El ataque insensato que recibió ayer nuestro compañero y colega, Julio Valenzuela, por parte del secretario de Información Pública de la Provincia, Mauro Castagneri, revela una vez más, el grado de vulnerabilidad al que estamos sometidos los trabajadores de prensa que piensan de manera distinta al discurso oficial. Porque no basta con la difamación pública que realiza un funcionario de alto nivel contra los periodistas de un medio crítico como el periódico, sino que apela además, a la violencia callejera contra un compañero que se atrevió a expresar lo que pensaba en las páginas del dominical.
Con su actitud, Castagneri resume el pensamiento del gobierno provincial sobre la labor periodística y el respeto por los derechos de los trabajadores de prensa. Las prácticas de censura, monopolio y manipulación informativa, compra de opiniones, descalificación arbitraria y uso discriminatorio de la pauta oficial (financiada con el dinero del Estado, es decir de todos), reafirma el accionar mafioso y soberbio del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión y la vida misma. Es por eso que desde la Corriente de Trabajadores de Prensa repudiamos este ataque contra nuestro compañero Julio Valenzuela y exigimos la renuncia del secretario de Información Pública provincial. Pero además, le reclamamos a la Justicia la investigación y la pronta aclaración de este vergonzante hecho que afecta e indigna a todos los trabajadores de prensa por igual. La condena, ya sabemos que Castagneri la tiene.
Cable aclarar que hasta ahora nuestro colega no recibió ningún tipo de apoyo ni solidaridad por parte de la APT, como tampoco Julio Rubino, periodista deportivo agredido en la cancha de San martín hace un mes.
Por eso es que solicitamos la urgente intervención del gremio, esperando que se expida activamente ante esta grave situación.
Con su actitud, Castagneri resume el pensamiento del gobierno provincial sobre la labor periodística y el respeto por los derechos de los trabajadores de prensa. Las prácticas de censura, monopolio y manipulación informativa, compra de opiniones, descalificación arbitraria y uso discriminatorio de la pauta oficial (financiada con el dinero del Estado, es decir de todos), reafirma el accionar mafioso y soberbio del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión y la vida misma. Es por eso que desde la Corriente de Trabajadores de Prensa repudiamos este ataque contra nuestro compañero Julio Valenzuela y exigimos la renuncia del secretario de Información Pública provincial. Pero además, le reclamamos a la Justicia la investigación y la pronta aclaración de este vergonzante hecho que afecta e indigna a todos los trabajadores de prensa por igual. La condena, ya sabemos que Castagneri la tiene.
Cable aclarar que hasta ahora nuestro colega no recibió ningún tipo de apoyo ni solidaridad por parte de la APT, como tampoco Julio Rubino, periodista deportivo agredido en la cancha de San martín hace un mes.
Por eso es que solicitamos la urgente intervención del gremio, esperando que se expida activamente ante esta grave situación.
Grave ataque a un colega: escribe Julio Valenzuela
San Miguel de Tucumán, 12 de abril de 2007.
Estimados colegas:
Aquí les adjunto copia de la denuncia efectuada anoche a las 22hs. Que fue ratificada y ampliada a las 8 de hoy en la fiscalía Xº (la copia de la ratificación y ampliación aún no está en mi poder).
Creo que a muchos de ustedes les consta que no es de mi agrado llegar a esta instancia.
Sin embargo, también creo que todo tiene un límite. Ese límite, para mí, ayer lo traspuso Mauro Castagneri con su desaforado intento de golpearme. No voy a explayarme sobre el hecho en sí –todo está en la denuncia y la ampliación de hoy- pero siento la necesidad de que sepan que:
a) Lo ocurrido no se trató de un simple altercado callejero. Fui agredido gratuitamente sin que mediara palabra, saludo o gesto alguno de mi parte –como no medió palabra, saludo o gesto de mi parte para con Castagneri en los últimos 4 años.
b) Fui golpeado y amenazado a viva voz por este hombre que parecía preso de un absoluto estado alterado de conciencia.
c) El hecho ocurrió en plena tarde de ayer en la vereda de Casa de Gobierno –a metros de Blue Bell-, lo que demuestra la sensación de impunidad con la que se maneja quien es el actual funcionario público. Este, además, a los pocos minutos -supongo que mas calmo y mejor asesorado- llamó a los medios para darles su "versión" de los hechos. Claro que absolutamente falsa.
d) A diferencia suya, yo concurrí a un estudio jurídico, busqué un abogado, efectué la denuncia y recién tomé contacto con algún colega bien pasadas las 22hs cuando todas las redacciones conocían la versión del funcionario público.
e) Muchos de ustedes están al tanto, y me lo hicieron saber, que el señor Castagneri se encontraría molesto conmigo –ahora qué duda cabe- por los artículos que escribí en noviembre del año pasado
respecto del manejo de los fondos para publicidad por parte del gobierno.
f) Nada tiene que ver, según mi apreciación, mi condición de ex funcionario público: renuncié indeclinablemente al cargo de subsecretario de Información Pública a comienzos de 2002 después de obtener un pequeño gran logro: el funcionamiento y posicionamiento social de www.tucuman.gov.ar como una herramienta de transparencia gubernamental.
Por último, espero que lo ocurrido no nos distraiga de lo verdaderamente importante: Que la información pública sea pública. Que el dinero público sea manejado con criterio público. Que los
funcionarios públicos tengan actitudes transparentes y tengan el coraje suficiente para admitir sus debilidades o enfermedades. De lo contrario, ayer habrá triunfado el patoterismo, la mentira y la
cobardía como síntesis perfecta de los tiempos que vivimos.
Julio Valenzuela
11.4.07
Nobleza obliga (carta de Juan Pablo López)
Si. Soy el muchacho que levantó la polvareda. Soy ese que publicó disconformidades y desacuerdos con la APT.
Y hoy, debo agradecer, pero no por obligación: lo hago convencido, seguro.
El fin de semana anterior jugando el campeonato de fútbol de los trabajadores de prensa, sufrí una lesión que compromete mi caminar. El susto que estoy viviendo es incomparable.
Como saben algunos, el diario en el que trabajo me mantiene en negro desde hace un año y medio y sin ningún tipo de cobertura social. El médico que me atendió en la guardia del hospital público me recetó una resonancia magnética que cuesta unos $750 imposibles de pagar para mí y para mi familia. Este estudio es fundamental para poder precisar el estado del nervio ciático y sobretodo mi médula.
Acudí a los directivos del diario para poder conseguirla pero fue inútil.
Sin embargo, mi amigo Alejandro Díaz (Jade), se enteró del asunto y automáticamente llamó a la APT en busca de una solución y 15 minutos más tarde consiguió el estudio sin cargo alguno. Mi madre fue quien concurrió al gremio a buscar autorizaciones y fue atendida, según ella "re bien".
Muchos sabemos de las discrepancias entre Jade y la APT, pero aún así, el Sr. Domingo Gil, sin comentarios, ni distinciones políticas, ni parcialidad alguna, gestionó exitosamente el estudio.
Además, sabiendo de la polémica generada por mí en contra de la APT,
fue efectivo y generoso.
A la ATP: les estoy muy agradecido y reconozco mi error y solicito sus disculpas. Quiero que sepan que mi intención primera es publicitar estas disculpas y agradecimiento en un medio opositor, para que se sepa acerca de mi apertura al diálogo y a la colaboración.
Tengan a bien recordar que este blog (opositor) me permite publicar mi agradecimiento y sus buenas obras con la premisa de "lo bueno también debe publicarse".
Desde ya estaré siempre en deuda con la APT y con La Corriente.
Muchas gracias.
Y hoy, debo agradecer, pero no por obligación: lo hago convencido, seguro.
El fin de semana anterior jugando el campeonato de fútbol de los trabajadores de prensa, sufrí una lesión que compromete mi caminar. El susto que estoy viviendo es incomparable.
Como saben algunos, el diario en el que trabajo me mantiene en negro desde hace un año y medio y sin ningún tipo de cobertura social. El médico que me atendió en la guardia del hospital público me recetó una resonancia magnética que cuesta unos $750 imposibles de pagar para mí y para mi familia. Este estudio es fundamental para poder precisar el estado del nervio ciático y sobretodo mi médula.
Acudí a los directivos del diario para poder conseguirla pero fue inútil.
Sin embargo, mi amigo Alejandro Díaz (Jade), se enteró del asunto y automáticamente llamó a la APT en busca de una solución y 15 minutos más tarde consiguió el estudio sin cargo alguno. Mi madre fue quien concurrió al gremio a buscar autorizaciones y fue atendida, según ella "re bien".
Muchos sabemos de las discrepancias entre Jade y la APT, pero aún así, el Sr. Domingo Gil, sin comentarios, ni distinciones políticas, ni parcialidad alguna, gestionó exitosamente el estudio.
Además, sabiendo de la polémica generada por mí en contra de la APT,
fue efectivo y generoso.
A la ATP: les estoy muy agradecido y reconozco mi error y solicito sus disculpas. Quiero que sepan que mi intención primera es publicitar estas disculpas y agradecimiento en un medio opositor, para que se sepa acerca de mi apertura al diálogo y a la colaboración.
Tengan a bien recordar que este blog (opositor) me permite publicar mi agradecimiento y sus buenas obras con la premisa de "lo bueno también debe publicarse".
Desde ya estaré siempre en deuda con la APT y con La Corriente.
Muchas gracias.
La lógica perversa del asistencialismo gremial
Las órdenes de consulta de obra social suben un 100 %
Una mala noticia para los afiliados de la Obra Social de Prensa. A partir del lunes 16 de abril, las órdenes de consulta pasarán a costar $4 (pesos cuatro) cada una, para todos aquellos trabajadores de las empresas periodísticas que no gozan del privilegio del Plan Plus (no pagan órdenes, ni coseguros), y para aquellos afiliados de otras empresas que optaron por la OSPPT. Seguramente, este reajuste del 100 % en el precio de las órdenes, tiene como objeto recuperar en parte, los gastos del pago de prestaciones profesionales que hace nuestra obra social. Pero curiosamente, quienes deberán soportar el aumento de las órdenes son los trabajadores de origen con menores ingresos y que no llegan a calificar para el Plan Plus, es decir, los afiliados de el matutino El Siglo, y de los semanarios El periódico, La Ley y Cristo Hoy, además, de los trabajadores de las radios que pagan por su cuenta la obra social. Son compañeros que no tienen mejores servicios porque sus sueldos son bastante bajos, y ahí es a donde debería apuntar sus estrategias la APT. ¿Habrán reparado en este detalle Oscar Gijena y su genuflexo consejo directivo de Obra Social? O, ¿el sistema solidario de obras sociales sindicales habrá mutado a uno donde "todos ponen menos yo"? Así, seguiremos cimentando el proyecto de gremio-empresa de la burocracia sindical tardía que representa el presidente la OSPPT, cuyo resultado salta a la vista: Obra Social rica, trabajadores de prensa pobres.
Una mala noticia para los afiliados de la Obra Social de Prensa. A partir del lunes 16 de abril, las órdenes de consulta pasarán a costar $4 (pesos cuatro) cada una, para todos aquellos trabajadores de las empresas periodísticas que no gozan del privilegio del Plan Plus (no pagan órdenes, ni coseguros), y para aquellos afiliados de otras empresas que optaron por la OSPPT. Seguramente, este reajuste del 100 % en el precio de las órdenes, tiene como objeto recuperar en parte, los gastos del pago de prestaciones profesionales que hace nuestra obra social. Pero curiosamente, quienes deberán soportar el aumento de las órdenes son los trabajadores de origen con menores ingresos y que no llegan a calificar para el Plan Plus, es decir, los afiliados de el matutino El Siglo, y de los semanarios El periódico, La Ley y Cristo Hoy, además, de los trabajadores de las radios que pagan por su cuenta la obra social. Son compañeros que no tienen mejores servicios porque sus sueldos son bastante bajos, y ahí es a donde debería apuntar sus estrategias la APT. ¿Habrán reparado en este detalle Oscar Gijena y su genuflexo consejo directivo de Obra Social? O, ¿el sistema solidario de obras sociales sindicales habrá mutado a uno donde "todos ponen menos yo"? Así, seguiremos cimentando el proyecto de gremio-empresa de la burocracia sindical tardía que representa el presidente la OSPPT, cuyo resultado salta a la vista: Obra Social rica, trabajadores de prensa pobres.
9.4.07
La distante preocupación de Gijena
Luego de la polémica que pudimos leer en el blog de La corriente de Prensa, entre un compañero de El periódico y alguien de la redacción del sitio primerafuente (vocero del oficialismo gremial), nos encontramos este lunes, con una breve reseña denominada "reporte gremial" en la cual se expone la preocupación de la Comisión Directiva de la APT por la situación laboral en el semanario El Periódico.
Bajo el título " Preocupan los despidos y la precarización en el semanario El Periódico", el sitio refleja una semana después, lo tratado por los miembros de la CD, y a casi 15 días de de lo sucedido en el dominical. Esta "distante preocupación" parece confirmar lo que algunos compañeros del semanario, en la asamblea del 27 de marzo (y no el 29 como señala el reporte gremial), habían expresado y sentido: la ausencia de los actuales directivos de la APT en los conflictos cotidianos de los trabajadores de prensa y un sentimiento de indefensión frente a la patronal, por la aparente apatía de la comisión directiva.
Bajo el título " Preocupan los despidos y la precarización en el semanario El Periódico", el sitio refleja una semana después, lo tratado por los miembros de la CD, y a casi 15 días de de lo sucedido en el dominical. Esta "distante preocupación" parece confirmar lo que algunos compañeros del semanario, en la asamblea del 27 de marzo (y no el 29 como señala el reporte gremial), habían expresado y sentido: la ausencia de los actuales directivos de la APT en los conflictos cotidianos de los trabajadores de prensa y un sentimiento de indefensión frente a la patronal, por la aparente apatía de la comisión directiva.
5.4.07
Fiesta y conflicto gremial
El asado del 1º de mayo está en marcha, según consigna primerafuente. Ah, y también hay algunos problemitas en El Siglo, en El Periódico, cerró La Ciudad, etc...
Juan Pablo López, trabajador de El Periódico, se molestó por el tratamiento dado a la información, y escribió un e-mail a primerafuente. Se lo respondieron anónimamente, y hay que leer lo que dice. Acá van los dos:
Juan Pablo dijo (y firmó, con todos sus datos)
“Es inadmisible que en una noticia de asado (y "gran asado), fiesta, etc, se redacte también el problema de los compañeros de El Siglo. Si no álejada de toda ética, por lo menos de toda consideración es la actitud de poner algo alarmante y además por debajo de un festín que más que nada se acerca a la gula. La apt, este año no debería festejar ningún día del trabajador, a saber que fue ineficiente al pelear el cierre del diario La ciudad, y en los masivos despidos de los últimos meses en El periódico, directamente dio rienda suelta a la desidia, que es sinónimo de olvido. Espero que esa nota, totalmente fuera de lugar sea removida”.
Primerafuente respondió:
“Desde ya no compartimos tu opinión y menos de alguien que no es afiliado al gremio. En todo caso, debería aprender a leer. En la volanta dice "Reporte Gremial", o sea que engloba todos los temas que se trataron en la última reunión de la Comisión Directiva, a la cual están invitados todos los afiliados al sindicato. En cuanto a La Ciudad, deberías preguntarles a los compañeros sobre el acompañamiento que tuvieron del gremio o al menos leer la última edición de Bajando Teclas. En relación a El Periódico, todo sería más fácil sin tantos obsecuentes con la patronal dentro del propio medio. Como no estás de acuerdo con las comilonas, espero que dejes de aparecer por las fiestas que organiza el gremio, de las cuales sos habitúe inclusive llevando a otros colados igual que vos. Chau”
La firma de este mensaje es sólo la dirfección: redaccion@primerafuente.com.ar
Para leer la nota original de primerafuetne, hacé clic en el título.
Juan Pablo López, trabajador de El Periódico, se molestó por el tratamiento dado a la información, y escribió un e-mail a primerafuente. Se lo respondieron anónimamente, y hay que leer lo que dice. Acá van los dos:
Juan Pablo dijo (y firmó, con todos sus datos)
“Es inadmisible que en una noticia de asado (y "gran asado), fiesta, etc, se redacte también el problema de los compañeros de El Siglo. Si no álejada de toda ética, por lo menos de toda consideración es la actitud de poner algo alarmante y además por debajo de un festín que más que nada se acerca a la gula. La apt, este año no debería festejar ningún día del trabajador, a saber que fue ineficiente al pelear el cierre del diario La ciudad, y en los masivos despidos de los últimos meses en El periódico, directamente dio rienda suelta a la desidia, que es sinónimo de olvido. Espero que esa nota, totalmente fuera de lugar sea removida”.
Primerafuente respondió:
“Desde ya no compartimos tu opinión y menos de alguien que no es afiliado al gremio. En todo caso, debería aprender a leer. En la volanta dice "Reporte Gremial", o sea que engloba todos los temas que se trataron en la última reunión de la Comisión Directiva, a la cual están invitados todos los afiliados al sindicato. En cuanto a La Ciudad, deberías preguntarles a los compañeros sobre el acompañamiento que tuvieron del gremio o al menos leer la última edición de Bajando Teclas. En relación a El Periódico, todo sería más fácil sin tantos obsecuentes con la patronal dentro del propio medio. Como no estás de acuerdo con las comilonas, espero que dejes de aparecer por las fiestas que organiza el gremio, de las cuales sos habitúe inclusive llevando a otros colados igual que vos. Chau”
La firma de este mensaje es sólo la dirfección: redaccion@primerafuente.com.ar
Para leer la nota original de primerafuetne, hacé clic en el título.
28.3.07
Más despidos en El Periódico
Los compañeros Ernesto Bruna y Juan Pablo Fernández fueron despedidos sin causas justificadas por la empresa de Alberto Llaryora (el 28-03-07). Este es un nuevo atropello a los trabajadores de El Periódico, que continúan en condiciones de precariedad, sin que la empresa reconozca el Estatuto del Periodista Profesional y el Convenio Colectivo de Trabajo, lo que se traduce en bajos salarios, problemas con las licencias, vacaciones, despidos (los hubo hace pocos meses, y aún no se resuelve la sitaución de esos compañeros). La Corriente de Trabajadores de Prensa se pone a disposición de los empleados y despedidos de este semanario, que están en asamblea permanente, e insta a la Asociación de Prensa de Tucumán a tomar los recaudos necesarios ante la gravedad de este hecho.
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