6.11.08

El abogado que el gremio paga, trabaja para las patronales

A dias de asumir la nueva/vieja comisión directiva surgida del más absurdo proceso electoral que recuerde la APT, les remitimos una nota por mesa de entradas para que quede constancia por escrito y, aunque más no sea, la historia se encargue de juzgarlos.



San Miguel de Tucumán, 3 de Noviembre de 2008

Sres. Comisión Directiva de la APT
Presente

Causa indignación que el cuestionado estudio de abogados López Domínguez y Asociados siga asistiendo jurídicamente a la Asociación de Prensa de Tucumán y a su vez, asesore a patronales de los medios gráficos de comunicación cuando resuelven despidos compulsivos, ajustes o gambeteos a las leyes laborales.
Así lo demuestra el solapado servicio que prestó López Dominguez en los despidos progresivos de compañeros de el periódico que se fueron ejecutando entre agosto de 2006 hasta noviembre de 2007. Esta vergonzosa contratación de la APT fue denunciada oportunamente por los que suscriben porque resulta intolerable y poco ético contar con un equipo jurídico que esta "de los dos lados del mostrador". Situación que nos somete a la indefensión gremial frente a las patronales, culpa de la actual comisión directiva de la APT responsable de la contratación de López Domínguez.
Ante la necedad de quienes están obligados a preservar nuestros derechos laborales y a preservar la dignidad de trabajadores de prensa es que intimamos a ustedes a dar explicaciones públicas sobre esta irregular situación y exigimos:

1) El inmediato cese de las funciones del estudio pro empresario de López Domínguez como abogado del gremio de los trabajadores de prensa.

2) La inmediata investigación administrativa correspondiente a dilucidar la responsabilidad que a cada miembro de la Comisión Directiva le cabe en tan nefasta contratación y en la inacción frente a las denuncias realizadas en su oportunidad.

3) La inmediata comparecencia del abogado titular del estudio de marras para que explique tamaña falta de ética y fraude a la buena Fe de los trabajadores del gremio de prensa.

4) La denuncia correspondiente ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados.


Un poco de historia
Luego de padecer climas laborales extremos, despidos masivos con causas inventadas para forzar acuerdos fuera de la ley, los trabajadores de el periódico resolvieron en la asamblea del 19 de diciembre de 2006 poner freno al atropello de la patronal y acudir a la APT para diseñar un plan de lucha.

Hasta ese momento, muchos de los compañeros despedidos injustamente recibían lo que la empresa les ofrecía extrajudicialmente ya que –consultados- los "abogados del gremio" les aseguraban que dicha oferta era legal y adecuada.

Así, el día miércoles 27 de diciembre de 2006 un grupo de compañeros despedidos de el periódico acudimos a la comisión directiva en pleno a fin de poner en su conocimiento la gravedad de los hechos en el semanario y solicitar la asistencia jurídica y gremial que el estatuto manda. De dicha reunión, además de los despedidos, concurrieron los delegados de la redacción, compañeros del semanario y compañeros de La Gaceta.

Sin embargo, sólo recibimos en dicha reunión agravios proferidos por el señor secretario gremial y el secretario general que dieron crédito a supuestos dichos del ex director Luis Peña Critto acusando a los despedidos Julio Valenzuela y Ernesto Bruna de haber elaborado una lista de despidos. El silencio obsecuente del resto de los directivos de la comisión pareció avalar el descalabro gremial.

Superando la bajeza de los dos directivos, y mediante nota presentada por Mesa de Entradas, el 28 de marzo de 2007, un grupo de trabajadores y despedidos de el periódico volvieron a notificarles de la dramática situación por la que se atravesaba en la redacción -con despidos masivos e incumplimientos flagrantes del Estatuto del Periodista (Ley 12.908), a la vez que se solicitaba una vez más la asistencia de la APT.

El nulo accionar del gremio a pesar del clamor de sus trabajadores sumado a las acusaciones de los directivos Gijena y Gil difamando a los trabajadores como "culpables" de los despidos que ejecutó la patronal, nos llevó a pensar que algo más grave estaba ocurriendo más allá de la conocida necedad y pequeñez de los directivos en cuestión.

Ingrata sorpresa nos llevamos al descubrir que el estudio jurídico autor de la veintena de despidos con causas inventadas en el periódico y que forzaba acuerdos extrajudiciales con costo bajísimo para la empresa, era el mismo que había sido contratado por el gremio que dice defender a los trabajadores

En este sentido, y cumpliendo con un elemental deber para con nuestra institución les comunicamos tal grave falta de ética mediante nota ingresada por Mesa de Entradas el 5 de febrero del presente año y ratificamos el pedido de respuesta mediante carta documento del 25 del mismo mes. Tal comunicación indagaba sobre el patrocinio del abogado López Domínguez de la abogada del gremio Patricia Ruiz, a la sazón novia del directivo Ramio Rearte.
Sin embargo, el estudio López Domínguez no sólo patrocinaba a la joven abogada sentimentalmente ligada al secretario de prensa de la APT, sino que pudimos constatar que nuestro gremio había contratado al mismísimo estudio jurídico del laboralista defensor de patronales como El Periódico, La Gaceta, y Alperovich Group entre otras firmas del medio.

Por si alguno de ustedes no entendiese, en buen romance y por escrito les decimos: El gremio a través de su directiva y su cuerpo jurídico fueron cómplices de una maniobra empresaria tendiente a reducir drásticamente el plantel de la redacción de el periódico.

Dicha redacción a agosto de 2006 era de unas 33 personas (sin contar el personal de administración) y a noviembre de 2007 era de tan solo 16 personas lo que muestra a las claras una reducción de más del 50% del personal (11 despidos acreditados sobre 33 trabajadores (33%) y 5 renuncias o alejamientos).

Hemos conseguido acreditar, es decir tenemos las pruebas de las cartas documentos (cosa que ustedes ni siquiera intentaron), de la existencia de más de una docena de despidos en el periódico entre agosto de 2006 y noviembre de 2007.

En todos los casos, las causales invocadas son vagas, imprecisas y a todas luces poco serias y van desde "falta de respeto", "desobediencia de órdenes impartidas" hasta la lacónica "motivos de reorganización" (en los casos de Campos y Bruna).

Cecilia Rodríguez Rey CD 740906208 del 23 de agosto de 2006 (diseñadora)
Carlos Quiroga CD 740906239 del 23 de agosto de 2006 (editor)
Mariana Caro CD740906185 del 23 de agosto de 2006 (redactora)
Orestes Arlatti CD 740906211 del 23 de agosto de 2006 (editor)
Luis Peña CD 740906097 del 23 de agosto de 2006 (ex director)
Julio Valenzuela (editor, despedido el 18 de diciembre de 2006)
Ernesto Bruna CD del 28 de marzo de 2007 (redactor)
Miguel De Bassols CD del 28/9/07 (diseñador)
Adrianita Campos CD 908987743 del 24/10/07 (ex secretaria de el periódico)
Juan Carlos Fernadez (redactor- despedido el 28 de marzo de 2007 )
María Laura Espinosa CD 885769941 del 11/07 (ex secretaria de el "Grupo llaryora" )
Antonio Canz (fotógrafo, despedido el 30 octubre de 2007)
Máximo Olmos (corrector, despedido el 30 octubre de 2007).

Sólo a título ilustrativo, el gremio permitió el absurdo de despidos en una empresa periodística donde el fotógrafo no saca fotos, el diseñador no cumple con los pedidos, el editor de una de las secciones más importante no sabe entregar las notas en tiempo y forma, el corrector no corrige, el director no dirige y "tiene trato irrespetuoso" vía mail (Carta Documento 740906097), la diseñadora falta el respeto en reiteradas ocasiones, y los periodistas en general son "desobedientes" y renuncian sin más -caso Erbetta, Colombres y otros pero que no llegaron a estar en blanco -.

El dramático ajuste no supuso para los compañeros que todavía trabajan en dicha empresa periodística ningún cambio positivo en las condiciones laborales. Es más, la empresa se niega sistemáticamente a discutir mejoras salariales, adeuda aportes previsionales y hasta lo pagos de adicionales que prevé la Ley, que se incumplen desde siempre, entre otros conflictos.


Facundo Pereyra

Alejandro Díaz