El presidente de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena, ya no puede ocultar la relación de negocios que mantuvo con el grupo empresario vinculado a la mafia de los medicamentos. Así quedó evidenciado en sus declaraciones al diario La Gaceta cuando fue consultado por el convenio que rubricó Gijena con Sebastián Forza, uno de los socios de la droguería Seacamp, implicada en el caso del triple asesinato de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
La relación de Forza y Gijena viene de más atrás. El empresario asesinado era socio de Rubén Romano, titular de la droguería Romalá y Prefarm que fueran denunciadas por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, por sobreprecios y la venta de medicamentos oncológicos adulterados al PAMI.
La droguería de Forza integraba un club de empresas acusado por el Ministerio de Salud en 2005 de robar medicamentos oficiales y de elaborar expedientes apócrifos para cobrar subsidios de la Superintendencia de Salud.
Forza y Romano contaban con una red de droguerías que les permitía burlar los llamados a licitación o los cotejos de precio. Ambos empresarios eran titulares de la firmas Seacamp SRL, Romalá, Prefarm y Bairesmed. Todas inscriptas en el Anmat que pugnaban en cotejos de precios ficticios para quedarse con los negocios de la venta de medicamentos a diversas obras sociales sindicales, además del Pami.
Según denuncias que investiga la Justicia, y que en varias oportunidades publicó el diario La Nación, "existe en el sistema de salud una rutina de saqueo de los recursos de las obras sociales a través de la elaboración de expedientes apócrifos sobre tratamientos de cáncer, hemofilia o SIDA a pacientes inexistentes. La Superintendencia de Capachiolli paga los subsidios previstos para esas terapias costosas. La operación se ampara en que en los padrones de las obra sociales figuran como asociados quienes han dejado de serlo. El fraude sería inviable sin la participación de sindicalistas, dicen en el Ministerio de Salud. Algunos hasta delegan de manera sistemática en las droguerías el cobro de los subsidios que otorga la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud".
Este es el caso de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán. Oscar Gijena, su titular, rubricó el primer convenio con la mafia de los medicamentos el 2 de noviembre de 2005. Así lo testimonia el contrato por el cual la OSPPT le cede a la firma Romalá (Forza-Romano) "todos los derechos y acciones del cobro de subsidios reconocidos por la Administración de Programas Especiales (APE)…".
Por este acuerdo, la OSPPT entregó a Romalá SRL el padrón de beneficiarios comprendidos en el convenio (pacientes oncológicos, SIDA, etc) "con los datos que resulten necesarios a los efectos de llevar a cabo las pertinentes presentaciones ante la Administración de Programas Especiales (APE)".
El acto fue refrendado por escribano público bajo el acta notarial Nº 00189217 y cuenta la firma de Gijena y del apoderado de Romalá SRL, Diego Andrés Romano, hijo de Rubén Romano, el socio de Sebastián Forza. Causa curiosidad la ausencia de otras firmas. Según lo establece el Estatuto de la Obra Social de Prensa de Tucumán, los convenios con los prestadores deben ser rubricados por el presidente y el vicepresidente de la institución para su validación. En esta ocasión, la rúbrica del vicepresidente de la OSPPT, Luis Urtubey, no existió y por lo tanto aquel convenio carecía de legitimidad, pero igualmente se aplicó.
Días después, el 29 de diciembre de 2005, las droguerías Romalá y la droguería San Javier ("una droguería más" de Forza, al decir de Gijena), fueron denunciadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por la presunta adulteración de medicamentos oncológicos. Y el 19 de enero de 2006, en plena vigencia del convenio Romalá-Gijena, la ANMAT le prohibía a Seacamp, bajo la razón social Bairesmed el "tránsito interjurisdicional de especialidades medicinales". Es decir, mientras le prohibía comercializar medicinas fuera de la Capital Federal, mantenía su convenio con la Obra Social de Prensa de Tucumán, pero bajo la figura de otras de sus firmas: Romalá SRL.
Mientras tanto, Bairesmed fue allanada el pasado 8 de mayo como parte de la investigación que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 11, en la causa caratulada Nº 43981/07 Droguería Bairesmed s/delito de acción pública.
El factor OcañaEl sistema de cesión de derechos de cobros a favor de las droguerías se mantuvo casi inalterable hasta finales de 2007, cuando comenzaron a estallar las denuncias en el Pami y en el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Fue entonces que Graciela Ocaña ordenó prohibir este tipo de facturación y decidió la "revocación de esa cesión de derechos" a las firmas Seacamp, Romalá y otras tantas droguerías sospechadas de haber cancelado por esta vía órdenes de pago por 13 millones de pesos en los últimos dos años. Según informó La Nación el pasado 22 de enero, después de una minuciosa indagación que realizó la ministra Ocaña, quedó al descubierto una controvertida decisión de Héctor Capaccioli (foto), el superintendente de Salud, quien hasta el 27 de diciembre del año pasado llevaba distribuido unos 47.744.000 entre un grupo de obras sociales. El reparto se justificó en la necesidad de solventar programas de prevención de enfermedades que van desde el cáncer de mama hasta el tabaquismo, de difícil verificación.
Otro contrato y van…En el nuevo contrato que rubrica el 1 de marzo de 2007, Oscar Gijena, con la droguería Seacamp SRL, de Sebastián Forza, la modalidad de pago cambia. Ahora la OSPPT pagaría directamente a la droguería los medicamentos solicitados. Hasta previa un reconocimiento de un 10% más del valor de los remedios, cuando se verificara una suba en el mercado general de medicamentos (sic).
La firma de este nuevo convenio, esta vez con el empresario asesinado vinculado a los carteles mexicanos de la droga, se realizó en Capital Federal. Otra vez, el vicepresidente de la Obra Social de Prensa fue dejado de lado en la firma del convenio. Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos internos por el carácter informal que tenía el contrato y por los antecedentes de Sebastián Forza y su grupo de droguerías. Al poco tiempo, Gijena comenzaba un inesperado descabezamiento de la línea de controles internos de la OSPPT. Primero, el gerente Administrativo, fue obligado a irse. Luego vino el despido del empleado de mayor antigüedad en la Obra Social y la separación de sus cargos de los jefes de Facturación y Prestadores. Más tarde, Gijena decidió la finalización del contrato de auditoria externa que realizaba el estudio de contadores Godoy, desde hace más 10 años. Según fuentes de la institución, Gijena no confía en nadie más y ahora él mismo realiza las "transferencias" para el pago a los prestadores.
