Oscar Gijena y su banda avanzaron en su intención de perpetuarse en el poder de la Asociación de Prensa de Tucumán y la Obra Social, sin que les haya importado la ilegalidad del inicio del proceso electoral, celebrado mediante una Asamblea viciada por las irregularidades. Allí se hizo aprobar una Junta Electoral que fue designada por personas que no acreditaron ser miembros plenos de la entidad gremial, ni su condición como tales.
La sorpresiva ausencia del secretario Adjunto de la APT, Luis Urtubey y de otros "militantes" y directivos, se sumó la perplejidad de muchos cuando se presentó la escribana Gabriela Ailan, quien a pedido de la Corriente quiso constatar la exhibición del padrón de afiliados, y dejar constar en actas quiénes estaban por participar en el encuentro, mediante carnet de afiliado y boleta de sueldo que justificara el pago de la cuota. Los pedidos formulados fueron rechazados por el secretario Gremial Domingo Gil, y el de Actas, Raúl Jiménez Mones, quienes le informaron a la fedataria que no podría permanecer en la sede sindical por no ser afiliada a la misma, aunque se comprometieron a facilitar copias de las actas y de la lista de asistencia al finalizar el acto.
Al ingresar al salón llamó la atención la presencia de custodios liderados por el comisario Carlos Suárez Vila, fundador del cuerpo policial de elite CERO.
La Asamblea comenzó cuando arribó Gijena. El compañero Alejandro Díaz propuso, antes de que se eligieran las autoridades de la Asamblea, que se exhibieran los padrones y que las votaciones fueran nominales, previa identificación de los participantes (artículo 49 del Estatuto de la APT). La dictadura de los números volvió a meter la cola, y la moción se rechazó. Fue también el momento en el que el irascible secretario de Prensa, Ramiro Rearte, empezó con sus bravuconadas, preguntando a los gritos "para qué p... vinieron a la Asamblea!". Se eligieron las autoridades y luego la Junta Electoral. Un trámite para ellos. Inmediatamente después, aparecieron las infaltables empanadas y los sanguchitos, mientras el secretario Administrativo Raúl Monasterio aprovechaba para invitar la fiesta de los 80 que organizó en el Hipódromo.
Tal vez porque tenían la boca ocupada con alguna de carne, los directivos no quisieron dialogar con la escribana, a pesar del compromiso asumido. Pero en ese momento apareció el abogado de la APT, José Díaz, quien informó que no se entregarían copias de las actas. El veedor del Ministerio de Trabajo, tembloroso, le dijo a Ailan que no constató si los asistentes eran realmente afiliados a la entidad. Por otra parte, el funcionario aclaró de motus propio que no recibió dinero por su presencia en el gremio, y que llegó allí con los viáticos que le paga el Ministerio. El acta se cerró en ese momento, ante la inquisitoria mirada de Gustavo Rossi, quien con el teléfono en la mano había estado preguntando con insistencia si ya había concluido la tarea de la escribana.
La Asamblea no tuvo una gran convocatoria (alrededor de 100, de un padrón cuyos últimos números conocidos daban un total de 550 afiliados). Cerca del 80 % eran personas llegadas desde el sur de la provincia, entre ellos algunos compañeros conocidos por su trabajo. Hubo cinco trabajadores de La Gaceta, cerca de 10 de El Siglo (aunque varios dirigentes no pisan la redacción del diario hace varios meses), dos de El Tribuno, uno de Canal 8, uno e El Periódico, otro de LV 12, dos de Radio Universidad, algunos jubilados y poco más por mencionar.
La Corriente de Trabajadores de Prensa continuará exigiendo transparencia en la gestión del gremio y de la Obra Social, y en ese marco reclamamos que se realice un proceso electoral limpio y sin vicios, que permita el pleno ejercicio de la democracia.
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