A dias de asumir la nueva/vieja comisión directiva surgida del más absurdo proceso electoral que recuerde la APT, les remitimos una nota por mesa de entradas para que quede constancia por escrito y, aunque más no sea, la historia se encargue de juzgarlos.
San Miguel de Tucumán, 3 de Noviembre de 2008
Sres. Comisión Directiva de la APT
Presente
Causa indignación que el cuestionado estudio de abogados López Domínguez y Asociados siga asistiendo jurídicamente a la Asociación de Prensa de Tucumán y a su vez, asesore a patronales de los medios gráficos de comunicación cuando resuelven despidos compulsivos, ajustes o gambeteos a las leyes laborales.
Así lo demuestra el solapado servicio que prestó López Dominguez en los despidos progresivos de compañeros de el periódico que se fueron ejecutando entre agosto de 2006 hasta noviembre de 2007. Esta vergonzosa contratación de la APT fue denunciada oportunamente por los que suscriben porque resulta intolerable y poco ético contar con un equipo jurídico que esta "de los dos lados del mostrador". Situación que nos somete a la indefensión gremial frente a las patronales, culpa de la actual comisión directiva de la APT responsable de la contratación de López Domínguez.
Ante la necedad de quienes están obligados a preservar nuestros derechos laborales y a preservar la dignidad de trabajadores de prensa es que intimamos a ustedes a dar explicaciones públicas sobre esta irregular situación y exigimos:
1) El inmediato cese de las funciones del estudio pro empresario de López Domínguez como abogado del gremio de los trabajadores de prensa.
2) La inmediata investigación administrativa correspondiente a dilucidar la responsabilidad que a cada miembro de la Comisión Directiva le cabe en tan nefasta contratación y en la inacción frente a las denuncias realizadas en su oportunidad.
3) La inmediata comparecencia del abogado titular del estudio de marras para que explique tamaña falta de ética y fraude a la buena Fe de los trabajadores del gremio de prensa.
4) La denuncia correspondiente ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados.
Un poco de historia
Luego de padecer climas laborales extremos, despidos masivos con causas inventadas para forzar acuerdos fuera de la ley, los trabajadores de el periódico resolvieron en la asamblea del 19 de diciembre de 2006 poner freno al atropello de la patronal y acudir a la APT para diseñar un plan de lucha.
Hasta ese momento, muchos de los compañeros despedidos injustamente recibían lo que la empresa les ofrecía extrajudicialmente ya que –consultados- los "abogados del gremio" les aseguraban que dicha oferta era legal y adecuada.
Así, el día miércoles 27 de diciembre de 2006 un grupo de compañeros despedidos de el periódico acudimos a la comisión directiva en pleno a fin de poner en su conocimiento la gravedad de los hechos en el semanario y solicitar la asistencia jurídica y gremial que el estatuto manda. De dicha reunión, además de los despedidos, concurrieron los delegados de la redacción, compañeros del semanario y compañeros de La Gaceta.
Sin embargo, sólo recibimos en dicha reunión agravios proferidos por el señor secretario gremial y el secretario general que dieron crédito a supuestos dichos del ex director Luis Peña Critto acusando a los despedidos Julio Valenzuela y Ernesto Bruna de haber elaborado una lista de despidos. El silencio obsecuente del resto de los directivos de la comisión pareció avalar el descalabro gremial.
Superando la bajeza de los dos directivos, y mediante nota presentada por Mesa de Entradas, el 28 de marzo de 2007, un grupo de trabajadores y despedidos de el periódico volvieron a notificarles de la dramática situación por la que se atravesaba en la redacción -con despidos masivos e incumplimientos flagrantes del Estatuto del Periodista (Ley 12.908), a la vez que se solicitaba una vez más la asistencia de la APT.
El nulo accionar del gremio a pesar del clamor de sus trabajadores sumado a las acusaciones de los directivos Gijena y Gil difamando a los trabajadores como "culpables" de los despidos que ejecutó la patronal, nos llevó a pensar que algo más grave estaba ocurriendo más allá de la conocida necedad y pequeñez de los directivos en cuestión.
Ingrata sorpresa nos llevamos al descubrir que el estudio jurídico autor de la veintena de despidos con causas inventadas en el periódico y que forzaba acuerdos extrajudiciales con costo bajísimo para la empresa, era el mismo que había sido contratado por el gremio que dice defender a los trabajadores
En este sentido, y cumpliendo con un elemental deber para con nuestra institución les comunicamos tal grave falta de ética mediante nota ingresada por Mesa de Entradas el 5 de febrero del presente año y ratificamos el pedido de respuesta mediante carta documento del 25 del mismo mes. Tal comunicación indagaba sobre el patrocinio del abogado López Domínguez de la abogada del gremio Patricia Ruiz, a la sazón novia del directivo Ramio Rearte.
Sin embargo, el estudio López Domínguez no sólo patrocinaba a la joven abogada sentimentalmente ligada al secretario de prensa de la APT, sino que pudimos constatar que nuestro gremio había contratado al mismísimo estudio jurídico del laboralista defensor de patronales como El Periódico, La Gaceta, y Alperovich Group entre otras firmas del medio.
Por si alguno de ustedes no entendiese, en buen romance y por escrito les decimos: El gremio a través de su directiva y su cuerpo jurídico fueron cómplices de una maniobra empresaria tendiente a reducir drásticamente el plantel de la redacción de el periódico.
Dicha redacción a agosto de 2006 era de unas 33 personas (sin contar el personal de administración) y a noviembre de 2007 era de tan solo 16 personas lo que muestra a las claras una reducción de más del 50% del personal (11 despidos acreditados sobre 33 trabajadores (33%) y 5 renuncias o alejamientos).
Hemos conseguido acreditar, es decir tenemos las pruebas de las cartas documentos (cosa que ustedes ni siquiera intentaron), de la existencia de más de una docena de despidos en el periódico entre agosto de 2006 y noviembre de 2007.
En todos los casos, las causales invocadas son vagas, imprecisas y a todas luces poco serias y van desde "falta de respeto", "desobediencia de órdenes impartidas" hasta la lacónica "motivos de reorganización" (en los casos de Campos y Bruna).
Cecilia Rodríguez Rey CD 740906208 del 23 de agosto de 2006 (diseñadora)
Carlos Quiroga CD 740906239 del 23 de agosto de 2006 (editor)
Mariana Caro CD740906185 del 23 de agosto de 2006 (redactora)
Orestes Arlatti CD 740906211 del 23 de agosto de 2006 (editor)
Luis Peña CD 740906097 del 23 de agosto de 2006 (ex director)
Julio Valenzuela (editor, despedido el 18 de diciembre de 2006)
Ernesto Bruna CD del 28 de marzo de 2007 (redactor)
Miguel De Bassols CD del 28/9/07 (diseñador)
Adrianita Campos CD 908987743 del 24/10/07 (ex secretaria de el periódico)
Juan Carlos Fernadez (redactor- despedido el 28 de marzo de 2007 )
María Laura Espinosa CD 885769941 del 11/07 (ex secretaria de el "Grupo llaryora" )
Antonio Canz (fotógrafo, despedido el 30 octubre de 2007)
Máximo Olmos (corrector, despedido el 30 octubre de 2007).
Sólo a título ilustrativo, el gremio permitió el absurdo de despidos en una empresa periodística donde el fotógrafo no saca fotos, el diseñador no cumple con los pedidos, el editor de una de las secciones más importante no sabe entregar las notas en tiempo y forma, el corrector no corrige, el director no dirige y "tiene trato irrespetuoso" vía mail (Carta Documento 740906097), la diseñadora falta el respeto en reiteradas ocasiones, y los periodistas en general son "desobedientes" y renuncian sin más -caso Erbetta, Colombres y otros pero que no llegaron a estar en blanco -.
El dramático ajuste no supuso para los compañeros que todavía trabajan en dicha empresa periodística ningún cambio positivo en las condiciones laborales. Es más, la empresa se niega sistemáticamente a discutir mejoras salariales, adeuda aportes previsionales y hasta lo pagos de adicionales que prevé la Ley, que se incumplen desde siempre, entre otros conflictos.
Facundo Pereyra
Alejandro Díaz
11.9.08
Forza - Gijena (parte 5)
"Hay remedios adulterados que pueden haber causado muchas muertes sin habernos dado cuenta nunca. Podrían ser cientas o miles. No sabemos", señalaron los fiscales Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, al ser consultados por La Nación. Desde hace 11 años, ambos investigan la falsificación y la adulteración de remedios que engruesan 550 causas (para acceder a la nota de La Nación, hacé clic en el título).
Nuestra insistencia por saber qué pasa con la Obra Social de Prensa tiene que ver con la salud de los trabajadores afiliados. No se trata sólo de saber si hubo negociados, retornos y otras cosas que se están comprobando en otras provincias a partir de la relación entre los empresarios asesinados en General Rodríguez y las obras sociales sindicales.
Exigimos respuestas claras de cara a todos los afiliados.
Con la vida no se juega...
¡BASTA DE SILENCIO!
10.9.08
Forza - Gijena (parte 4)
Ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de informes realizados a la conducción de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán, la Corriente recurrió a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Sólo queremos conocer los detalles de la relación entre nuestra Obra Social y los laboratorios de los empresarios asesinados en General Rodríguez.
Tal como lo venimos haciendo desde febrero, exigimos respuestas sobre los vínculos existentes, dado que resultan llamativos por la forma en que se establecieron, y mucho más a la luz de los asesinatos y la supuesta relación con el narcotráfico de estos empresarios.
Es inadmisible que un gremio que viene bregando por el libre acceso a la información oculte detalles del funcinamiento de la organización que atiende la salud de los afiliados y sus familias.
Sólo queremos conocer los detalles de la relación entre nuestra Obra Social y los laboratorios de los empresarios asesinados en General Rodríguez.
Tal como lo venimos haciendo desde febrero, exigimos respuestas sobre los vínculos existentes, dado que resultan llamativos por la forma en que se establecieron, y mucho más a la luz de los asesinatos y la supuesta relación con el narcotráfico de estos empresarios.
Es inadmisible que un gremio que viene bregando por el libre acceso a la información oculte detalles del funcinamiento de la organización que atiende la salud de los afiliados y sus familias.
2.9.08
Forza - Gijena (parte 3, informes)
El pedido de informes dirigido a Oscar Gijena (foto) esta tarde fue recibido, pero la copia no fue sellada por la recepcionista de la sede gremial. Ella argumentó haber recibido una "orden del primer piso". De todos modos, consideramos que la publicación en este blog se constituye en una presentación formal, del mismo tenor e importancia, aunque con mayor gravedad que las efectuadas en febrero pasado. En llas se exigían respuestas sobre la relación entre los directivos de la Obra Social de Prensa y las empresas de los empresarios asesinados en General Rodríguez, entre otras.
San Miguel de Tucumán, 2 de septiembre de 2008
Al Secretario General de la APT
y presidente de la
Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán
Sr. Oscar Gijena
Presente
Después de 4 muertes que escandalizan al país y que han puesto al descubierto redes de narcotráfico, inmensos negociados con medicamentos y millonarios subsidios a obras sociales sindicales por sospechosas campañas de prevención o por tratamientos a afiliados fantasmas; es que repudiamos su silencio como única respuesta a los pedidos de informes oportunamente presentados en tal sentido.
En efecto, en dicha solicitud –nunca contestada por usted y las comisiones directivas de la APT y la OSPPT- exigimos se nos informe acerca de las contrataciones directas y sin licitación entre usted y la empresa Seacamp- Bairesmed –propiedad del asesinado Sebastián Forza- por la provisión de medicamentos oncológicos con presuntos sobreprecios e irregularidades. Dicha contratación –que sólo lleva su firma en contra de lo que prescribe el estatuto de la obra social-, no habría sido siquiera producto de un cotejo de precios y se pasó por alto las advertencias del entonces gerente sobre las causas penales del titular de la firma y/o las causas contra dicha firma ante las autoridades nacionales.
Más grave aún es su silencio si se comprueba que usted le cedió sin fundamentos los derechos de cobro ante la Superintendencia de Salud a la firma del asesinado Forza o sus socios, tal como lo prueba el convenio suscripto con la firma Romalá en 2005–cuando ésta ya denotaba públicos negociados con medicamentos y adulteración de los mismos y contra lo resuelto por la ANMAT-.
Su silencio, nos ha llevado a intimarle mediante carta documento para obtener una información que NOS PERTENECE A TODOS LOS AFILIADOS.
Por eso, una vez más le conminamos a hacer efectiva la respuesta institucional que exigimos oportunamente repudiando el conculcamiento de nuestros más básicos derechos como afiliados de ambas instituciones que venimos padeciendo, agigantando de este modo las fuertes sospechas que tenemos sobre una inmensa corrupción en el manejo de los fondos de todos los que aportamos a la APT y su obra social.
Por eso nos dirigimos a usted en su doble condición de titular de la Asociación de Prensa y de su Obra Social, siendo usted el máximo garante institucional y por lo tanto lo hacemos responsable de las consecuencias futuras que para nuestra entidad ha tenido la deslenable conducta de no informar a los afiliados, entre otros muchos puntos, sobre la contratación que usted realizó con el asesinado Sebastián Forza, titular de Bairesmed y/o sus socios.
En tal sentido le recordamos que es su obligación estatutaria el dar curso a los pedidos de informes que oportunamente hiciéramos llegar por escrito y por mesa de entradas tal y cual lo prescribe el estatuto de la APT.
Sin otro particular, nos despedimos esperando se tome nota de la gravedad de la situación a la que ha llevado a la APT.
* El pedido de informes lleva las firmas de Facundo Pereyra y Alejandro Díaz.
San Miguel de Tucumán, 2 de septiembre de 2008
Al Secretario General de la APT
y presidente de la
Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán
Sr. Oscar Gijena
Presente
Después de 4 muertes que escandalizan al país y que han puesto al descubierto redes de narcotráfico, inmensos negociados con medicamentos y millonarios subsidios a obras sociales sindicales por sospechosas campañas de prevención o por tratamientos a afiliados fantasmas; es que repudiamos su silencio como única respuesta a los pedidos de informes oportunamente presentados en tal sentido.
En efecto, en dicha solicitud –nunca contestada por usted y las comisiones directivas de la APT y la OSPPT- exigimos se nos informe acerca de las contrataciones directas y sin licitación entre usted y la empresa Seacamp- Bairesmed –propiedad del asesinado Sebastián Forza- por la provisión de medicamentos oncológicos con presuntos sobreprecios e irregularidades. Dicha contratación –que sólo lleva su firma en contra de lo que prescribe el estatuto de la obra social-, no habría sido siquiera producto de un cotejo de precios y se pasó por alto las advertencias del entonces gerente sobre las causas penales del titular de la firma y/o las causas contra dicha firma ante las autoridades nacionales.
Más grave aún es su silencio si se comprueba que usted le cedió sin fundamentos los derechos de cobro ante la Superintendencia de Salud a la firma del asesinado Forza o sus socios, tal como lo prueba el convenio suscripto con la firma Romalá en 2005–cuando ésta ya denotaba públicos negociados con medicamentos y adulteración de los mismos y contra lo resuelto por la ANMAT-.
Su silencio, nos ha llevado a intimarle mediante carta documento para obtener una información que NOS PERTENECE A TODOS LOS AFILIADOS.
Por eso, una vez más le conminamos a hacer efectiva la respuesta institucional que exigimos oportunamente repudiando el conculcamiento de nuestros más básicos derechos como afiliados de ambas instituciones que venimos padeciendo, agigantando de este modo las fuertes sospechas que tenemos sobre una inmensa corrupción en el manejo de los fondos de todos los que aportamos a la APT y su obra social.
Por eso nos dirigimos a usted en su doble condición de titular de la Asociación de Prensa y de su Obra Social, siendo usted el máximo garante institucional y por lo tanto lo hacemos responsable de las consecuencias futuras que para nuestra entidad ha tenido la deslenable conducta de no informar a los afiliados, entre otros muchos puntos, sobre la contratación que usted realizó con el asesinado Sebastián Forza, titular de Bairesmed y/o sus socios.
En tal sentido le recordamos que es su obligación estatutaria el dar curso a los pedidos de informes que oportunamente hiciéramos llegar por escrito y por mesa de entradas tal y cual lo prescribe el estatuto de la APT.
Sin otro particular, nos despedimos esperando se tome nota de la gravedad de la situación a la que ha llevado a la APT.
* El pedido de informes lleva las firmas de Facundo Pereyra y Alejandro Díaz.
1.9.08
Forza-Gijena (parte 2, la verdad)
El presidente de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena, ya no puede ocultar la relación de negocios que mantuvo con el grupo empresario vinculado a la mafia de los medicamentos. Así quedó evidenciado en sus declaraciones al diario La Gaceta cuando fue consultado por el convenio que rubricó Gijena con Sebastián Forza, uno de los socios de la droguería Seacamp, implicada en el caso del triple asesinato de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
La relación de Forza y Gijena viene de más atrás. El empresario asesinado era socio de Rubén Romano, titular de la droguería Romalá y Prefarm que fueran denunciadas por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, por sobreprecios y la venta de medicamentos oncológicos adulterados al PAMI.
La droguería de Forza integraba un club de empresas acusado por el Ministerio de Salud en 2005 de robar medicamentos oficiales y de elaborar expedientes apócrifos para cobrar subsidios de la Superintendencia de Salud.
Forza y Romano contaban con una red de droguerías que les permitía burlar los llamados a licitación o los cotejos de precio. Ambos empresarios eran titulares de la firmas Seacamp SRL, Romalá, Prefarm y Bairesmed. Todas inscriptas en el Anmat que pugnaban en cotejos de precios ficticios para quedarse con los negocios de la venta de medicamentos a diversas obras sociales sindicales, además del Pami.
Según denuncias que investiga la Justicia, y que en varias oportunidades publicó el diario La Nación, "existe en el sistema de salud una rutina de saqueo de los recursos de las obras sociales a través de la elaboración de expedientes apócrifos sobre tratamientos de cáncer, hemofilia o SIDA a pacientes inexistentes. La Superintendencia de Capachiolli paga los subsidios previstos para esas terapias costosas. La operación se ampara en que en los padrones de las obra sociales figuran como asociados quienes han dejado de serlo. El fraude sería inviable sin la participación de sindicalistas, dicen en el Ministerio de Salud. Algunos hasta delegan de manera sistemática en las droguerías el cobro de los subsidios que otorga la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud".
Este es el caso de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán. Oscar Gijena, su titular, rubricó el primer convenio con la mafia de los medicamentos el 2 de noviembre de 2005. Así lo testimonia el contrato por el cual la OSPPT le cede a la firma Romalá (Forza-Romano) "todos los derechos y acciones del cobro de subsidios reconocidos por la Administración de Programas Especiales (APE)…".
Por este acuerdo, la OSPPT entregó a Romalá SRL el padrón de beneficiarios comprendidos en el convenio (pacientes oncológicos, SIDA, etc) "con los datos que resulten necesarios a los efectos de llevar a cabo las pertinentes presentaciones ante la Administración de Programas Especiales (APE)".
El acto fue refrendado por escribano público bajo el acta notarial Nº 00189217 y cuenta la firma de Gijena y del apoderado de Romalá SRL, Diego Andrés Romano, hijo de Rubén Romano, el socio de Sebastián Forza. Causa curiosidad la ausencia de otras firmas. Según lo establece el Estatuto de la Obra Social de Prensa de Tucumán, los convenios con los prestadores deben ser rubricados por el presidente y el vicepresidente de la institución para su validación. En esta ocasión, la rúbrica del vicepresidente de la OSPPT, Luis Urtubey, no existió y por lo tanto aquel convenio carecía de legitimidad, pero igualmente se aplicó.
Días después, el 29 de diciembre de 2005, las droguerías Romalá y la droguería San Javier ("una droguería más" de Forza, al decir de Gijena), fueron denunciadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por la presunta adulteración de medicamentos oncológicos. Y el 19 de enero de 2006, en plena vigencia del convenio Romalá-Gijena, la ANMAT le prohibía a Seacamp, bajo la razón social Bairesmed el "tránsito interjurisdicional de especialidades medicinales". Es decir, mientras le prohibía comercializar medicinas fuera de la Capital Federal, mantenía su convenio con la Obra Social de Prensa de Tucumán, pero bajo la figura de otras de sus firmas: Romalá SRL.
Mientras tanto, Bairesmed fue allanada el pasado 8 de mayo como parte de la investigación que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 11, en la causa caratulada Nº 43981/07 Droguería Bairesmed s/delito de acción pública.
El factor Ocaña
El sistema de cesión de derechos de cobros a favor de las droguerías se mantuvo casi inalterable hasta finales de 2007, cuando comenzaron a estallar las denuncias en el Pami y en el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Fue entonces que Graciela Ocaña ordenó prohibir este tipo de facturación y decidió la "revocación de esa cesión de derechos" a las firmas Seacamp, Romalá y otras tantas droguerías sospechadas de haber cancelado por esta vía órdenes de pago por 13 millones de pesos en los últimos dos años. Según informó La Nación el pasado 22 de enero, después de una minuciosa indagación que realizó la ministra Ocaña, quedó al descubierto una controvertida decisión de Héctor Capaccioli (foto), el superintendente de Salud, quien hasta el 27 de diciembre del año pasado llevaba distribuido unos 47.744.000 entre un grupo de obras sociales. El reparto se justificó en la necesidad de solventar programas de prevención de enfermedades que van desde el cáncer de mama hasta el tabaquismo, de difícil verificación.
Otro contrato y van…
En el nuevo contrato que rubrica el 1 de marzo de 2007, Oscar Gijena, con la droguería Seacamp SRL, de Sebastián Forza, la modalidad de pago cambia. Ahora la OSPPT pagaría directamente a la droguería los medicamentos solicitados. Hasta previa un reconocimiento de un 10% más del valor de los remedios, cuando se verificara una suba en el mercado general de medicamentos (sic).
La firma de este nuevo convenio, esta vez con el empresario asesinado vinculado a los carteles mexicanos de la droga, se realizó en Capital Federal. Otra vez, el vicepresidente de la Obra Social de Prensa fue dejado de lado en la firma del convenio. Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos internos por el carácter informal que tenía el contrato y por los antecedentes de Sebastián Forza y su grupo de droguerías. Al poco tiempo, Gijena comenzaba un inesperado descabezamiento de la línea de controles internos de la OSPPT. Primero, el gerente Administrativo, fue obligado a irse. Luego vino el despido del empleado de mayor antigüedad en la Obra Social y la separación de sus cargos de los jefes de Facturación y Prestadores. Más tarde, Gijena decidió la finalización del contrato de auditoria externa que realizaba el estudio de contadores Godoy, desde hace más 10 años. Según fuentes de la institución, Gijena no confía en nadie más y ahora él mismo realiza las "transferencias" para el pago a los prestadores.
31.8.08
Forza - Gijena (parte 1)
Los coletazos del triple crimen de General Rodríguez parecen estar llegando a Tucumán. El diario Clarín confirma en su edición de hoy (http://www.clarin.com/diario/2008/08/31/policiales/g-01749908.htm) que nuestra Obra Social operaba con los laboratorios y empresas de los asesinados.
En febrero lo preguntamos, y seguimos exigiendo respuestas. Ahora más que nunca es necesario que se den explicaciones.
El pedido de informes formalizado por la Corriente en febrero, y aún no contestado, dice así: “11) Listado de proveedores regulares de la APT y su Obra social. Se informe también el número y monto de contrataciones directas -si las hubiere- y su correspondiente autorización administrativa en la que se exprese los fundamentos de esta modalidad elegida. Además, con especial énfasis solicitamos puntualmente se nos remita copia del contrato con la firma BAIRES MED, proveedora cuasi exclusiva de medicamentos oncológicos ya que tenemos conocimiento de que se habría contratado dicha empresa sin un previo cotejo de precios con otras similares del mercado y se estarían pagando sobreprecios por un servicio plagado de demoras y/o faltantes en la remisión de los medicamentos”.
RESPUESTAS YA!
En febrero lo preguntamos, y seguimos exigiendo respuestas. Ahora más que nunca es necesario que se den explicaciones.
El pedido de informes formalizado por la Corriente en febrero, y aún no contestado, dice así: “11) Listado de proveedores regulares de la APT y su Obra social. Se informe también el número y monto de contrataciones directas -si las hubiere- y su correspondiente autorización administrativa en la que se exprese los fundamentos de esta modalidad elegida. Además, con especial énfasis solicitamos puntualmente se nos remita copia del contrato con la firma BAIRES MED, proveedora cuasi exclusiva de medicamentos oncológicos ya que tenemos conocimiento de que se habría contratado dicha empresa sin un previo cotejo de precios con otras similares del mercado y se estarían pagando sobreprecios por un servicio plagado de demoras y/o faltantes en la remisión de los medicamentos”.
RESPUESTAS YA!
El negocio de los medicamentos truchos
El diario Crítica de la Argentina explica bastante bien cómo era la operación entre laboratorios, Superintendencia de Servicios Sociales de la Nación y las obras sociales. Las firmas que proveen medicamentos a nuestra Obras Social aparecen todos.
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Lo que informó Clarín
CLARIN
Domingo 31
Agosto 2008
Policiales
LOS VINCULOS COMERCIALES DE FORZA CON LAS OBRAS SOCIALES DEL SINDICALISMO
También negociaba con los gremios
Sebastián Forza tenía un modus operandi para hacer negocios con los sindicatos: firmaba con las obras sociales un acuerdo de cesión de los pagos de la Administración de Programas Especiales (APE) por planes de medicamentos contra el sida y otras enfermedades complejas a favor de su empresa Seacamp.
En otras palabras, se comprometía a suministrarles los medicamentos a cambio de los futuros pagos de la APE, que depende del superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y maneja $ 350 millones por año.
Históricamente, algunas obras sociales, además de dar medicina gratuita a los trabajadores, han sido una "caja" de los sindicalistas para hacer política o negocios.
En principio, el negocio era conseguir los costosos medicamentos contra el sida, el cáncer y otros a precios bajos y luego cobrar a precios más altos según el vademécum de la APE. Otra maniobra era directamente falsear entregas.
En febrero del año pasado, por ejemplo, Forza firmó un acta con la Obra Social Mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, revelaron fuentes oficiales a Clarín. Luego con esa acta se presentaba ante la ventanilla de la APE y cobraba los pagos que le correspondían a la obra social.
En su carta de referencias comerciales, Forza afirmó haber tenido de clientes a las obras sociales del personal de Sanidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Panaderías, Yacimientos Carboníferos, Prensa de Tucumán, Trabajadores de la Carne, mutual de empleados bancarios y UOM.
El año pasado, luego de un lapidario informe de la SIGEN, se descubrió que importantes obras sociales no habían presentado la documentación respaldatoria de la compra de medicamentos con 330 millones de pesos de la APE.
Este año se recuperaron 50 millones de pesos que se habían dado como adelanto y las obras sociales nunca terminaban de acreditar como gastos reales de salud.
A principios de este año, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, ordenó al actual titular de la APE, Juan Rinaldi -un abogado vinculado a Hugo Moyano- que prohibiera este tipo de acuerdo de cesión de facturación, como el de Mendoza.
Por la revocación de esa cesión de derechos con Seacamp, droguería Romalá y otras se cancelaron órdenes de pago por 13 millones en los últimos dos años
Domingo 31
Agosto 2008
Policiales
LOS VINCULOS COMERCIALES DE FORZA CON LAS OBRAS SOCIALES DEL SINDICALISMO
También negociaba con los gremios
Sebastián Forza tenía un modus operandi para hacer negocios con los sindicatos: firmaba con las obras sociales un acuerdo de cesión de los pagos de la Administración de Programas Especiales (APE) por planes de medicamentos contra el sida y otras enfermedades complejas a favor de su empresa Seacamp.
En otras palabras, se comprometía a suministrarles los medicamentos a cambio de los futuros pagos de la APE, que depende del superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y maneja $ 350 millones por año.
Históricamente, algunas obras sociales, además de dar medicina gratuita a los trabajadores, han sido una "caja" de los sindicalistas para hacer política o negocios.
En principio, el negocio era conseguir los costosos medicamentos contra el sida, el cáncer y otros a precios bajos y luego cobrar a precios más altos según el vademécum de la APE. Otra maniobra era directamente falsear entregas.
En febrero del año pasado, por ejemplo, Forza firmó un acta con la Obra Social Mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, revelaron fuentes oficiales a Clarín. Luego con esa acta se presentaba ante la ventanilla de la APE y cobraba los pagos que le correspondían a la obra social.
En su carta de referencias comerciales, Forza afirmó haber tenido de clientes a las obras sociales del personal de Sanidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Panaderías, Yacimientos Carboníferos, Prensa de Tucumán, Trabajadores de la Carne, mutual de empleados bancarios y UOM.
El año pasado, luego de un lapidario informe de la SIGEN, se descubrió que importantes obras sociales no habían presentado la documentación respaldatoria de la compra de medicamentos con 330 millones de pesos de la APE.
Este año se recuperaron 50 millones de pesos que se habían dado como adelanto y las obras sociales nunca terminaban de acreditar como gastos reales de salud.
A principios de este año, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, ordenó al actual titular de la APE, Juan Rinaldi -un abogado vinculado a Hugo Moyano- que prohibiera este tipo de acuerdo de cesión de facturación, como el de Mendoza.
Por la revocación de esa cesión de derechos con Seacamp, droguería Romalá y otras se cancelaron órdenes de pago por 13 millones en los últimos dos años
20.7.08
NUMEROS
El resultado de las elecciones del gremio nos dio la razón: fue una farsa. Lo que se pinta como "alta adhesión" sólo confirma que la APT está sufriendo un serio vaciamiento. Votó sólo el 60 % de un padrón inflado en términos aún poco claros. Prueba de ello son los 179 votos recogidos en ciudades, como si el nuestro fuera un sindicato de empleados municipales y no de trabajadores de medios de comunicación (el Estatuto indica que debe confeccionarse un padrón por cada empresa periodística, y nada dice de ciudades). Además, habría que analizar caso por caso los votos emitidos en la urna volante (93) y en la de la sede de la APT (69).
El abstencionismo fue alto, como también el número de votos en blanco admitido por el oficialismo. En la mayor parte de las empresas, el índice de abstención fue muy grande, y en algunos casos llegó al 80 %.
Teniendo en cuenta que había sólo una lista, y con estos números truchos en contra, se entiende y se confirma la razón por la que se hizo lo imposible para que la oposición no pueda ser parte de la compulsa electoral. Tenían razón en temer por sus privilegios, y el miedo no es buen consejero en estos casos.
La legitimidad del gijenismo está en su peor crisis, y sus métodos de acción política sólo hacen prever que este proceso se acentuará.
Con los números de las elecciones a la vista (publicados en primerafuente) y los antecedentes de la campaña sucia que precedió al acto electoral, cabe preguntarse a quién representa esta nueva/eterna Comisión Directiva.
El problema ahora no es discutir quién ganó, sino tener claro quién perdió: nuestro gremio y todos los que formamos parte.
El abstencionismo fue alto, como también el número de votos en blanco admitido por el oficialismo. En la mayor parte de las empresas, el índice de abstención fue muy grande, y en algunos casos llegó al 80 %.
Teniendo en cuenta que había sólo una lista, y con estos números truchos en contra, se entiende y se confirma la razón por la que se hizo lo imposible para que la oposición no pueda ser parte de la compulsa electoral. Tenían razón en temer por sus privilegios, y el miedo no es buen consejero en estos casos.
La legitimidad del gijenismo está en su peor crisis, y sus métodos de acción política sólo hacen prever que este proceso se acentuará.
Con los números de las elecciones a la vista (publicados en primerafuente) y los antecedentes de la campaña sucia que precedió al acto electoral, cabe preguntarse a quién representa esta nueva/eterna Comisión Directiva.
El problema ahora no es discutir quién ganó, sino tener claro quién perdió: nuestro gremio y todos los que formamos parte.
17.7.08
El viernes no voto
* Posición de Facundo Pereyra.-
Hicimos lo posible, pero no alcanzó. Recurrimos a la Justicia cuando comenzó este proceso electoral que nació viciado, porque creimos necesario que alguien imparcial garantizara transparencia, legalidad e igualdad de oportunidades. No encontramos lo que buscábamos, y puertas adentro de nuestro gremio pasó lo que suponíamos: chocamos con el aparato, el dinero, los "militantes" rentados, la campaña sucia, la mentira, el anonimato. Sabíamos que los números del padrón de afiliados había cambiado bastante desde las últimas elecciones, y por eso en febrero pedimos formalmente que se nos entregaran copias; pero no hubo respuestas.
Hoy vemos que son 200 los nuevos miembros del gremio. Y no se abrieron tantos medios ni hubo inspecciones para regularizar a trabajadores en negro que justifiquen el crecimiento. Y también vimos el deterioro de las condiciones de trabajo en la gran mayoría de los medios de la provincia, con despidos incluidos. Estábamos atentos cuando los dirigentes se ocupaban de tirar bombas en una sola empresa, aunque el reclamo haya sido legítimo, y se “olvidaron” de los demás compañeros.
La reacción del oficialismo ante nuestra presencia en el proceso electoral, mostró tenía demasiado para perder. Se comportó según su visión de la política, en la que no hay disidentes o rivales electorales, sino enemigos. Así se comportaron varias veces, y es motivo de desvelos de quienes queremos transparencia, ética y valores en la actividad gremial.
Muchos compañeros creyeron en este proyecto y en la posibilidad de cambiar la realidad y mejorar la situación laboral en general. Ocurrió también con empleados de la Obra Social, que fueron despedidos o removidos de sus puestos de trabajo como represalias a fantasmas propios de quien teme perder privilegios y poder. Sería muy preocupante que continuara la campaña de hostigamiento y persecución.
Y es ese criterio el que limita la libre participación de los afiliados; es, así, una de las herramientas usadas para perpetuarse en el podeer político y económico de nuestras organizaciones. Quienes alguna vez formamos parte de la conducción gremial junto a algunos de los actuales directivos, sabemos que la transformación que sufrieron fue grande y catastrófica. Los peores vicios de la política fueron asimilados como verdades absolutas, y se aplican sin reparos. En aquel momento confiamos en que podríamos evitar deformaciones, y cuando nos dimos cuenta de que se habían perdido los horizontes, nos fuimos para construir el futuro desde otro lugar, sin perder los principios y rechazando la tentación del dinero.
Por lo demás, existe la tranquilidad de haber hecho lo posible, junto a un grupo de compañeros con los que se puede construir a pesar de las diferencias. Porque lo importante es que coincidimos en que se puede pelear seriamente contra el trabajo en negro y la desigualdad salarial. Que se puede tener una Obra Social próspera que cumpla con sus obligaciones con los afiliados de origen, que deberíamos tener el mejor servicio más allá de la empresa en la que trabajamos. Porque es nuestra, y si hay superávit debe distribuirse equitativamente.
Tenemos propuestas y sabemos que la fachada del gremio y de la Obra Social no puede durar mucho en pie, porque la base está corroida desde lo ético y lo moral. La única forma de volver a darle fuerza a la estructura es con la apertura de la participación democrática, sin aparateadas ni prebendas.
Tan seguros estamos, que seguiremos haciendo lo posible. Parte de eso es no participar de ninguna manera en la farsa electoral de este viernes. Porque no se puede seguir tratando de hacer lo posible con gente capaz de hacer lo imposible para seguir disfrutando con el dinero y el esfuerzo de todos nosotros.
Es posible, y de nosotros depende hacerlo.
Este viernes no seamos cómplices. No votemos, nos sumemos a la abstención activa para no convalidar en las urnas lo que no ganaron en el debate que impidieron. Hace tres años dibujaron los resultados, adjudicándose votos en blanco. Defendamos la democracia.
Facundo Pereyra
Afiliado 906
Delegado de Redacción de La Gaceta
Hicimos lo posible, pero no alcanzó. Recurrimos a la Justicia cuando comenzó este proceso electoral que nació viciado, porque creimos necesario que alguien imparcial garantizara transparencia, legalidad e igualdad de oportunidades. No encontramos lo que buscábamos, y puertas adentro de nuestro gremio pasó lo que suponíamos: chocamos con el aparato, el dinero, los "militantes" rentados, la campaña sucia, la mentira, el anonimato. Sabíamos que los números del padrón de afiliados había cambiado bastante desde las últimas elecciones, y por eso en febrero pedimos formalmente que se nos entregaran copias; pero no hubo respuestas.
Hoy vemos que son 200 los nuevos miembros del gremio. Y no se abrieron tantos medios ni hubo inspecciones para regularizar a trabajadores en negro que justifiquen el crecimiento. Y también vimos el deterioro de las condiciones de trabajo en la gran mayoría de los medios de la provincia, con despidos incluidos. Estábamos atentos cuando los dirigentes se ocupaban de tirar bombas en una sola empresa, aunque el reclamo haya sido legítimo, y se “olvidaron” de los demás compañeros.
La reacción del oficialismo ante nuestra presencia en el proceso electoral, mostró tenía demasiado para perder. Se comportó según su visión de la política, en la que no hay disidentes o rivales electorales, sino enemigos. Así se comportaron varias veces, y es motivo de desvelos de quienes queremos transparencia, ética y valores en la actividad gremial.
Muchos compañeros creyeron en este proyecto y en la posibilidad de cambiar la realidad y mejorar la situación laboral en general. Ocurrió también con empleados de la Obra Social, que fueron despedidos o removidos de sus puestos de trabajo como represalias a fantasmas propios de quien teme perder privilegios y poder. Sería muy preocupante que continuara la campaña de hostigamiento y persecución.
Y es ese criterio el que limita la libre participación de los afiliados; es, así, una de las herramientas usadas para perpetuarse en el podeer político y económico de nuestras organizaciones. Quienes alguna vez formamos parte de la conducción gremial junto a algunos de los actuales directivos, sabemos que la transformación que sufrieron fue grande y catastrófica. Los peores vicios de la política fueron asimilados como verdades absolutas, y se aplican sin reparos. En aquel momento confiamos en que podríamos evitar deformaciones, y cuando nos dimos cuenta de que se habían perdido los horizontes, nos fuimos para construir el futuro desde otro lugar, sin perder los principios y rechazando la tentación del dinero.
Por lo demás, existe la tranquilidad de haber hecho lo posible, junto a un grupo de compañeros con los que se puede construir a pesar de las diferencias. Porque lo importante es que coincidimos en que se puede pelear seriamente contra el trabajo en negro y la desigualdad salarial. Que se puede tener una Obra Social próspera que cumpla con sus obligaciones con los afiliados de origen, que deberíamos tener el mejor servicio más allá de la empresa en la que trabajamos. Porque es nuestra, y si hay superávit debe distribuirse equitativamente.
Tenemos propuestas y sabemos que la fachada del gremio y de la Obra Social no puede durar mucho en pie, porque la base está corroida desde lo ético y lo moral. La única forma de volver a darle fuerza a la estructura es con la apertura de la participación democrática, sin aparateadas ni prebendas.
Tan seguros estamos, que seguiremos haciendo lo posible. Parte de eso es no participar de ninguna manera en la farsa electoral de este viernes. Porque no se puede seguir tratando de hacer lo posible con gente capaz de hacer lo imposible para seguir disfrutando con el dinero y el esfuerzo de todos nosotros.
Es posible, y de nosotros depende hacerlo.
Este viernes no seamos cómplices. No votemos, nos sumemos a la abstención activa para no convalidar en las urnas lo que no ganaron en el debate que impidieron. Hace tres años dibujaron los resultados, adjudicándose votos en blanco. Defendamos la democracia.
Facundo Pereyra
Afiliado 906
Delegado de Redacción de La Gaceta
El viernes no votaré (el estatuto me lo impide)
* Posición de Julio Valenzuela.-
El planteo de Jade y Facundo no es una mera formalidad, como se pretende hacer aparecer. Es más, lo apoyo incondicionalmente y -por la histeria blogeril- parece que todos lo saben.
Compañeros, está a punto de consumarse una farsa descomunal que tiene como escenario la Asociación de Prensa.
Creo que directamente no hay que ir a votar ya que el proceso es del todo nulo y -tarde o temprano- la Justicia fallará sobre la cuestión de fondo planteada Y TODO VOLVERA A FOJAS CERO.
Esta cuestión de fondo es simple y resolverá sobre si una patota puede vulnerar las normas claras del Estatuto de la Asociación de Prensa sobre quien es quien en nuestro gremio para decidir sus destinos.
En las elecciones de julio de 2005 (ver la gaceta), el gremio decía que había 562 afiliados y ahora dicen que somos 736. Verso total.
Por qué? Porque en 3 años la APT "descubre" 174 nuevos "compañeros" pero no le avisa ni a la secretaría de Trabajo ni se anima a averiguar el domicilio laboral de esos "nuevos" 174 compañeros.
Dónde están esos nuevos "compañeros". Dónde trabajan?, preguntamos hasta por carta documento. Nada se nos respondió.
Entonces, la pregunta se hace inevitable: ¿Somos realmente 736 los afiliados a la APT en condiciones de elegir a quienes nos defiendan de las patronales?
Nosotros tenemos la certeza de que la mitad del padrón no está en condiciones de votar por que no reúne ninguno de los requisitos del Estatuto para ser afiliado pleno (tal mi situación personal que me impide elegir y ser elegido). Tenemos la certeza también, de que no hay registros ni fichas de afiliados, ni manejos contables serios,ni política gremial, ni honestidad ni ética ni cojones y muchas otras certezas más.
Si la conducción del gremio oculta el registro oficial de afiliados y se debe recurrir a la justicia para que se informe, estamos ante una situación muy grave.
Si la conducción del gremio, supone que tiene más derechos que los que el Estatuto le confiere, estamos en problemas compañeros.
Y el Estatuto de la APT es claro y deja afuera cualquier intento de manejar los destinos del gremio a fuerzas exógenas que, basándose en la necesidad de los precarizados, la explote de manera clientelar.
Sin embargo, hoy estamos padeciendo una situación que no tiene parangón en nuestra breve historia sindical: LA UNICA CONQUISTA que puede exhibir a la sociedad el gremio de los periodistas tucumanos es el hecho de que nuestra obra social soporta financieramente las cargas sociales que deberían sostener las patronales. En especial, nuestra obra social -de fama ganada en otros tiempos de honestidad y austeridad en su conducción- suple los incumplimientos de aquellas patronales ligadas a proyectos político-electorales de la provincia. ¿Qué paradoja no? El gremio de los periodistas no sólo se somete al aparato clientelar que gobierna la provincia, sino que ADEMAS LE FINANCIA SU PROPAGANDA MEDIATICA!!!
Ejemplos? sólo un botón de muestra. El diario EL SIGLO, que ha recibido indirectamente más de 4 millones de pesos en concepto de aportes a la obra social que nunca hizo y que el gremio no "sabe" reclamar judicialmente.
Sólo basta con mirar unos segundos sus publicaciones de campaña para advertir lo que la negación colectiva más grande de los periodistas aún no termina de digerir.
"Este fin de semana nos reunimos con los compañeros periodistas de exteriores, con quienes compartimos un asado de camaradería.
El encuentro fue ameno y dialogamos sobre distintos temas que tiene que ver con la campaña electoral, en función de las elecciones del 18 de julio, y la situación laboral de estos trabajadores. Sobre todo, teniendo en cuenta que las mayores situaciones de precariedad laboral se dan en este ámbito, por la resistencia de los empresarios a actuar dentro del marco de la ley." (www.listacelesteyblancaapt.blogspot.com).
Les faltó decir que después de 9 años manejando el gremio se dieron cuenta que la sal no sala y el azúcar no endulza…
Asistimos con este intento de elecciones truchas a la defunción del oficio de periodista como una de los componentes fundamentales del gremio (ni qué hablar de los efectos hacia la sociedad en su conjunto que esto trae aparejado). Digan lo que digan, los periodistas le dimos pensamiento, dirección, sentido y propósito a la APT. Y también los periodistas la sabremos sacar del atolladero en el que la hemos dejado caer.
La conducción actual tiene la desfachatez de llevar como candidatos a personas que el propio gremio NUNCA logró sacar de su precariedad laboral. Es decir que estos mismos candidatos pretenden tener injerencia en la vida institucional del gremio cuando ni siquiera tienen las pelotas suficientes para arbitrar los medios que la ley les confiere para dejar de ser precarizados. Tiene, además, entre sus candidatos a un delegado -Sergio Sánchez- que tiene un triste récord: es el único delegado de un medio que votó en contra de la reincorporación de un compañero despedido (y, obvio, perdió).
Qué nos espera entonces?
Simplemente, más de lo mismo. Más verso y más afichetas contra el empleo en negro. Más subisidios a las empresas de los amigos. Más asados. Mas fútbol. Más abogados de empresarios "defiendiendo" a los trabajadores (tal el caso de Enrique López Domínguez abogado multipropósito de Llaryora, el Gremio, Alperovich y Miranda). Más conferencias y Libritos con descuento de El Griego. Esto es lo que nos espera: una versión recargada de gijenismo explícito y sin atenuantes en el que el que se anime a pensar y levantar la voz será "fusilado" en una asamblea por el voto mayoritario de los rehenes de la obra social.
A esta altura es tragicómico hablar de cumplimiento de la ley 12.908 y los convenios colectivos de trabajo. Esta comisión directiva lleva 9 años de hegemonía total (por el derrotismo de todos-me incluyo-) y pretende que le agradezcamos haber dejado entrar por la ventana a la precarización y el bastardeo a la prensa, dándole un cheque en blanco por otro período.
Estos directivos que le insumen a las arcas del gremio y la obra social MAS MEDIO MILLON DE PESOS EN SUELDOS AL AÑO, no puede esbozar ya siquiera un discurso creíble en pos de la calidad del trabajo de sus afiliados ya que la mayoría de ellos está por debajo de la línea de pobreza y aún los que cobran "en blanco" tienen un salario de carácter meramente alimenticio.
Mucho menos pueden mostrar un plan serio de blanqueo de los trabajadores precarizados.
Por eso el planteo de Jade y Facundo no es una mera formalidad, como se pretende hacer creer. No coman vidrio compañeros.
Por el contrario, es un planteo que mete el dedo en la herida que sentimos todos los integrantes de un gremio que en la última década se ha convertido en una asociación de taquígrafos del poder, un club de fútbol, una parrillada, una empresa con gerentes VIP, una agencia de propaganda o en una fundación de subsidios cruzados entre directivos. Se ha convertido en muchas cosas la APT,menos en lo que debe ser: La representante legítima de los trabajadores frente a las patronales.
Estas elecciones truchas caerán., no tengo dudas. Pero abrirán un interrogante de fondo. ¿Podremos generosamente construir una fuerza capaz de sostener una renovación de la APT?
Nunca es tarde; compañeros. Si empezamos a despertar y nos hacemos cargo de nuestro pasado y nuestro presente.
Les mando un gran abrazo.
Julio Valenzuela
Periodista/Afiliado Nº503.
Ex delegado de redacción de el periódico, ex vocal y secretario de prensa de la APT siempre ad honorem. Creador del primer órgano de prensa del Gremio (Bajando Teclas).
Ex subsecretario de Información Pública, creador del portal www.tucuman.gov.ar, primer portal gubernamental en publicar las cuentas públicas, el registro de leyes y decretos y el Boletín Oficial en internet (año2000).
Despedido sin causa de el periódico, junto a más de 15 periodistas. Actual gestor de prensa de la Diputada Stella Maris Córdoba y en busca de un empleo no precario en los medios.
PD: Una aclaración: Yo no soy candidato ni puedo votar no porque no quiera enfrentar electoralmente a nadie sino por que el Estatuto de la APT me lo impide hasta que mi capacidad laboral, mis destrezas, mis lobbys y la providencia me den un trabajo en relación de dependencia en algún medio de la provincia.
El planteo de Jade y Facundo no es una mera formalidad, como se pretende hacer aparecer. Es más, lo apoyo incondicionalmente y -por la histeria blogeril- parece que todos lo saben.
Compañeros, está a punto de consumarse una farsa descomunal que tiene como escenario la Asociación de Prensa.
Creo que directamente no hay que ir a votar ya que el proceso es del todo nulo y -tarde o temprano- la Justicia fallará sobre la cuestión de fondo planteada Y TODO VOLVERA A FOJAS CERO.
Esta cuestión de fondo es simple y resolverá sobre si una patota puede vulnerar las normas claras del Estatuto de la Asociación de Prensa sobre quien es quien en nuestro gremio para decidir sus destinos.
En las elecciones de julio de 2005 (ver la gaceta), el gremio decía que había 562 afiliados y ahora dicen que somos 736. Verso total.
Por qué? Porque en 3 años la APT "descubre" 174 nuevos "compañeros" pero no le avisa ni a la secretaría de Trabajo ni se anima a averiguar el domicilio laboral de esos "nuevos" 174 compañeros.
Dónde están esos nuevos "compañeros". Dónde trabajan?, preguntamos hasta por carta documento. Nada se nos respondió.
Entonces, la pregunta se hace inevitable: ¿Somos realmente 736 los afiliados a la APT en condiciones de elegir a quienes nos defiendan de las patronales?
Nosotros tenemos la certeza de que la mitad del padrón no está en condiciones de votar por que no reúne ninguno de los requisitos del Estatuto para ser afiliado pleno (tal mi situación personal que me impide elegir y ser elegido). Tenemos la certeza también, de que no hay registros ni fichas de afiliados, ni manejos contables serios,ni política gremial, ni honestidad ni ética ni cojones y muchas otras certezas más.
Si la conducción del gremio oculta el registro oficial de afiliados y se debe recurrir a la justicia para que se informe, estamos ante una situación muy grave.
Si la conducción del gremio, supone que tiene más derechos que los que el Estatuto le confiere, estamos en problemas compañeros.
Y el Estatuto de la APT es claro y deja afuera cualquier intento de manejar los destinos del gremio a fuerzas exógenas que, basándose en la necesidad de los precarizados, la explote de manera clientelar.
Sin embargo, hoy estamos padeciendo una situación que no tiene parangón en nuestra breve historia sindical: LA UNICA CONQUISTA que puede exhibir a la sociedad el gremio de los periodistas tucumanos es el hecho de que nuestra obra social soporta financieramente las cargas sociales que deberían sostener las patronales. En especial, nuestra obra social -de fama ganada en otros tiempos de honestidad y austeridad en su conducción- suple los incumplimientos de aquellas patronales ligadas a proyectos político-electorales de la provincia. ¿Qué paradoja no? El gremio de los periodistas no sólo se somete al aparato clientelar que gobierna la provincia, sino que ADEMAS LE FINANCIA SU PROPAGANDA MEDIATICA!!!
Ejemplos? sólo un botón de muestra. El diario EL SIGLO, que ha recibido indirectamente más de 4 millones de pesos en concepto de aportes a la obra social que nunca hizo y que el gremio no "sabe" reclamar judicialmente.
Sólo basta con mirar unos segundos sus publicaciones de campaña para advertir lo que la negación colectiva más grande de los periodistas aún no termina de digerir.
"Este fin de semana nos reunimos con los compañeros periodistas de exteriores, con quienes compartimos un asado de camaradería.
El encuentro fue ameno y dialogamos sobre distintos temas que tiene que ver con la campaña electoral, en función de las elecciones del 18 de julio, y la situación laboral de estos trabajadores. Sobre todo, teniendo en cuenta que las mayores situaciones de precariedad laboral se dan en este ámbito, por la resistencia de los empresarios a actuar dentro del marco de la ley." (www.listacelesteyblancaapt.blogspot.com).
Les faltó decir que después de 9 años manejando el gremio se dieron cuenta que la sal no sala y el azúcar no endulza…
Asistimos con este intento de elecciones truchas a la defunción del oficio de periodista como una de los componentes fundamentales del gremio (ni qué hablar de los efectos hacia la sociedad en su conjunto que esto trae aparejado). Digan lo que digan, los periodistas le dimos pensamiento, dirección, sentido y propósito a la APT. Y también los periodistas la sabremos sacar del atolladero en el que la hemos dejado caer.
La conducción actual tiene la desfachatez de llevar como candidatos a personas que el propio gremio NUNCA logró sacar de su precariedad laboral. Es decir que estos mismos candidatos pretenden tener injerencia en la vida institucional del gremio cuando ni siquiera tienen las pelotas suficientes para arbitrar los medios que la ley les confiere para dejar de ser precarizados. Tiene, además, entre sus candidatos a un delegado -Sergio Sánchez- que tiene un triste récord: es el único delegado de un medio que votó en contra de la reincorporación de un compañero despedido (y, obvio, perdió).
Qué nos espera entonces?
Simplemente, más de lo mismo. Más verso y más afichetas contra el empleo en negro. Más subisidios a las empresas de los amigos. Más asados. Mas fútbol. Más abogados de empresarios "defiendiendo" a los trabajadores (tal el caso de Enrique López Domínguez abogado multipropósito de Llaryora, el Gremio, Alperovich y Miranda). Más conferencias y Libritos con descuento de El Griego. Esto es lo que nos espera: una versión recargada de gijenismo explícito y sin atenuantes en el que el que se anime a pensar y levantar la voz será "fusilado" en una asamblea por el voto mayoritario de los rehenes de la obra social.
A esta altura es tragicómico hablar de cumplimiento de la ley 12.908 y los convenios colectivos de trabajo. Esta comisión directiva lleva 9 años de hegemonía total (por el derrotismo de todos-me incluyo-) y pretende que le agradezcamos haber dejado entrar por la ventana a la precarización y el bastardeo a la prensa, dándole un cheque en blanco por otro período.
Estos directivos que le insumen a las arcas del gremio y la obra social MAS MEDIO MILLON DE PESOS EN SUELDOS AL AÑO, no puede esbozar ya siquiera un discurso creíble en pos de la calidad del trabajo de sus afiliados ya que la mayoría de ellos está por debajo de la línea de pobreza y aún los que cobran "en blanco" tienen un salario de carácter meramente alimenticio.
Mucho menos pueden mostrar un plan serio de blanqueo de los trabajadores precarizados.
Por eso el planteo de Jade y Facundo no es una mera formalidad, como se pretende hacer creer. No coman vidrio compañeros.
Por el contrario, es un planteo que mete el dedo en la herida que sentimos todos los integrantes de un gremio que en la última década se ha convertido en una asociación de taquígrafos del poder, un club de fútbol, una parrillada, una empresa con gerentes VIP, una agencia de propaganda o en una fundación de subsidios cruzados entre directivos. Se ha convertido en muchas cosas la APT,menos en lo que debe ser: La representante legítima de los trabajadores frente a las patronales.
Estas elecciones truchas caerán., no tengo dudas. Pero abrirán un interrogante de fondo. ¿Podremos generosamente construir una fuerza capaz de sostener una renovación de la APT?
Nunca es tarde; compañeros. Si empezamos a despertar y nos hacemos cargo de nuestro pasado y nuestro presente.
Les mando un gran abrazo.
Julio Valenzuela
Periodista/Afiliado Nº503.
Ex delegado de redacción de el periódico, ex vocal y secretario de prensa de la APT siempre ad honorem. Creador del primer órgano de prensa del Gremio (Bajando Teclas).
Ex subsecretario de Información Pública, creador del portal www.tucuman.gov.ar, primer portal gubernamental en publicar las cuentas públicas, el registro de leyes y decretos y el Boletín Oficial en internet (año2000).
Despedido sin causa de el periódico, junto a más de 15 periodistas. Actual gestor de prensa de la Diputada Stella Maris Córdoba y en busca de un empleo no precario en los medios.
PD: Una aclaración: Yo no soy candidato ni puedo votar no porque no quiera enfrentar electoralmente a nadie sino por que el Estatuto de la APT me lo impide hasta que mi capacidad laboral, mis destrezas, mis lobbys y la providencia me den un trabajo en relación de dependencia en algún medio de la provincia.
26.6.08
La Justicia avanza en el análisis de nuestra presentación
La jueza Delicia Legname interrogó al veedor del Ministerio de Trabajo de la Nación en la cuestionada Asamblea del 17 de mayo pasado. El funcionario confirmó una vez más que no verificó si los asistentes están afiliados a nuestro gremio. Ese es un requisito que prevé el Estatuto, y deben ser primero las autoridades gremiales las que tienen que verificar si los presentes son miembros con pleno derecho.
Esa Asamblea es la que eligió una Junta Electoral funcional a los intereses de perpetuidad del gijenismo y que nos dejó afuera de este proceso viciado desde el comienzo. Es la que cuestionamos porque no dio garantías de transparencia, democracia y participación. Y si se obvio el paso de identificación, es porque algo está tratando de ocultarse.
¿Tendremos razón en que el padrón fue inflado? ¿En que el clientelismo es el que sostiene a estos dirigentes? Si no es así, ¿por qué los directivos siguen negándose a responder el pedido de informes que presentamos en febrero? Esa requisitoria apuntaba, además de a conocer detalles sobre supuestos manejos arbitrarios de los recursos de nuestra Obra Social, a descubrir quiénes son los nuevos miembros del gremio, y en qué condiciones fueron incorporados.
Hay una ley (varias, en realidad) que debe ser cumplida. La Justicia tiene la palabra.
Esa Asamblea es la que eligió una Junta Electoral funcional a los intereses de perpetuidad del gijenismo y que nos dejó afuera de este proceso viciado desde el comienzo. Es la que cuestionamos porque no dio garantías de transparencia, democracia y participación. Y si se obvio el paso de identificación, es porque algo está tratando de ocultarse.
¿Tendremos razón en que el padrón fue inflado? ¿En que el clientelismo es el que sostiene a estos dirigentes? Si no es así, ¿por qué los directivos siguen negándose a responder el pedido de informes que presentamos en febrero? Esa requisitoria apuntaba, además de a conocer detalles sobre supuestos manejos arbitrarios de los recursos de nuestra Obra Social, a descubrir quiénes son los nuevos miembros del gremio, y en qué condiciones fueron incorporados.
Hay una ley (varias, en realidad) que debe ser cumplida. La Justicia tiene la palabra.
23.6.08
PARITARIAS, POR FIN
La Corriente se suma a la propuesta de los delegados de solicitar la convocatoria urgente a paritarias. Como venimos sosteniendo desde hace cuatro meses, ese es el único mecanismo para lograr un incremento salarial generalizado y, sobre todo, el inicio de un proceso de blanqueo de la situación laboral de cientos de trabajadores de prensa. Es, también, la oportunidad de que los representantes de base puedan empezar a debatir en serio sobre política salarial y condiciones de trabajo. El estado asambleario que requiere este tipo de negociaciones propicia la participación directa del afiliado en la toma de decisiones, y eso siempre es favorable.
12.6.08
Una historia con final anticipado
Por Alejandro Díaz* .- No nos equivocamos al cuestionar la elección de la Junta Electoral en la escandalosa asamblea del 17 de mayo pasado porque en aquel momento ya advertimos que el señor Gijena y sus acólitos firmaban el acta de defunción de la democracia interna en la Asociación de Prensa de Tucumán.
El viciado cronograma electoral al final nos dio la razón. Pero la decisión de la Junta Electoral de no oficializar la Lista Naranja-Corriente de Unidad se evidenció mucho antes de emitir su resolución el viernes 6 de junio pasado.
Cuatro días antes, el martes 3 de junio, los miembros de la Junta en pleno (Felix Mothe, Radio Universidad; Luis Monti, El Siglo; y Rafael Medina, Canal 46), por unanimidad habían resuelto la oficialización de la lista oficial a pesar de las impugnaciones sobre nueve (9) candidatos que había interpuesto la Lista Naranja. Eso sí, en el mismo acto, observó la inclusión de tres de nuestros candidatos y nos negó la oficialización.
La vehemencia del escrito de la Junta resultó sorprendente y al mismo tiempo contradictoria: a su entender, el Estatuto de la APT resulta "implacable" para dejar fuera de carrera a candidatos de la oposición y "flexible" para desestimar cuestionamientos contra los representantes de la lista oficial.
Elástica decisión que puso al desnudo la omisión directa del Estatuto de la APT a la hora de valorar la calidad de los candidatos de la lista de Gijena.
La Junta puso énfasis en la consulta de instrumentos legales (Libro de Actas, Padrón de Afiliados y hasta recibos de cuotas gremiales, entre otros elementos) para probar el derecho que les asistía a los candidatos impugnados del gijenismo. Sin embargo, en su resolución NO consta el detalle de cada uno de los elementos probatorios que dijo analizar y mucho menos de las copias de esa documentación. Si hubieran incluido a Carlos Cisneros (ex directivo de la Asociación Bancaria) en la lista oficial por ejemplo, seguro que también se hubiera aprobado.
Mientras se consumaba el ocultamiento y el guiño a Gijena, con un descaro nunca antes imaginado, sonaban "los aprietes" y amenazas contra candidatos de la Lista Naranja. Una suerte de estrategia de pinzas sobre la lista opositora para intentar por todos los medios despejar el camino hacia el control absoluto del gremio de prensa y su obra social.
Todavía los autores de esas repudiables acciones están intentando explicar lo inexplicable.
Una posible respuesta
Mothe, Monti y Medina han sido instrumentos de la maniobra antidemocrática del gijenismo. Han avalado con sus firmas las resoluciones que fueron escritas en el estudio del asesor legal de la APT, José Díaz, violando su propio reglamento de funcionamiento. A qué otra conclusión se puede llegar si la Junta de Gijena se reúne a puertas cerradas con el abogado Díaz y deja fuera al apoderado de la Lista Naranja.
Félix Mothe reconoció el pasado lunes 9, que esperaba contar con la opinión del abogado Díaz, antes de entregarnos una resolución contestando un pedido que habíamos realizado en defensa del derecho de nuestros candidatos a presentarse en las próximas elecciones gremiales.
El gaff de Félix Mothe reveló su DEPENDENCIA del Gijenismo y echó por tierra cualquier otra indulgente consideración sobre su persona y sobre los años de respeto profesional y docente. No estuvo bien que la Junta decida apelar a una de las partes (la Lista oficial) para saber qué le va a contestar a la otra (la Lista Opositora).
José Díaz es un especialista en proscripciones electorales. Las agrupaciones opositoras en el gremio de ATEP pueden dar fe de ello. El letrado trabaja para César Américo Zelarayán y para la actual conducción gremial de ATSA. Dos gremios en los que también se ha vedado la participación electoral de la oposición: un récord lamentable.
Tal como se le señaló al presidente y su vocal (Luis Monti) ellos tenían la potestad de nombrar a un asesor legal para evacuar sus dudas o realizar consultas. Y lo podrían haber hecho dictando una resolución que informe a las partes la decisión tomada por las autoridades del proceso electoral. Claro que un conato de independencia iría en contra de los intereses del gijenismo que custodia de cerca las resoluciones de la Junta, "su Junta", con el Grupo 0 de la Policía Provincial.
Los jueces dicen, hablan por sus sentencias. Esta Junta Electoral habló por sus resoluciones redactadas por el gijenismo. A las pruebas no remitimos.
(*) Apoderado de la Lista Naranja Corriente de Unidad.
El viciado cronograma electoral al final nos dio la razón. Pero la decisión de la Junta Electoral de no oficializar la Lista Naranja-Corriente de Unidad se evidenció mucho antes de emitir su resolución el viernes 6 de junio pasado.
Cuatro días antes, el martes 3 de junio, los miembros de la Junta en pleno (Felix Mothe, Radio Universidad; Luis Monti, El Siglo; y Rafael Medina, Canal 46), por unanimidad habían resuelto la oficialización de la lista oficial a pesar de las impugnaciones sobre nueve (9) candidatos que había interpuesto la Lista Naranja. Eso sí, en el mismo acto, observó la inclusión de tres de nuestros candidatos y nos negó la oficialización.
La vehemencia del escrito de la Junta resultó sorprendente y al mismo tiempo contradictoria: a su entender, el Estatuto de la APT resulta "implacable" para dejar fuera de carrera a candidatos de la oposición y "flexible" para desestimar cuestionamientos contra los representantes de la lista oficial.
Elástica decisión que puso al desnudo la omisión directa del Estatuto de la APT a la hora de valorar la calidad de los candidatos de la lista de Gijena.
La Junta puso énfasis en la consulta de instrumentos legales (Libro de Actas, Padrón de Afiliados y hasta recibos de cuotas gremiales, entre otros elementos) para probar el derecho que les asistía a los candidatos impugnados del gijenismo. Sin embargo, en su resolución NO consta el detalle de cada uno de los elementos probatorios que dijo analizar y mucho menos de las copias de esa documentación. Si hubieran incluido a Carlos Cisneros (ex directivo de la Asociación Bancaria) en la lista oficial por ejemplo, seguro que también se hubiera aprobado.
Mientras se consumaba el ocultamiento y el guiño a Gijena, con un descaro nunca antes imaginado, sonaban "los aprietes" y amenazas contra candidatos de la Lista Naranja. Una suerte de estrategia de pinzas sobre la lista opositora para intentar por todos los medios despejar el camino hacia el control absoluto del gremio de prensa y su obra social.
Todavía los autores de esas repudiables acciones están intentando explicar lo inexplicable.
Una posible respuesta
Mothe, Monti y Medina han sido instrumentos de la maniobra antidemocrática del gijenismo. Han avalado con sus firmas las resoluciones que fueron escritas en el estudio del asesor legal de la APT, José Díaz, violando su propio reglamento de funcionamiento. A qué otra conclusión se puede llegar si la Junta de Gijena se reúne a puertas cerradas con el abogado Díaz y deja fuera al apoderado de la Lista Naranja.
Félix Mothe reconoció el pasado lunes 9, que esperaba contar con la opinión del abogado Díaz, antes de entregarnos una resolución contestando un pedido que habíamos realizado en defensa del derecho de nuestros candidatos a presentarse en las próximas elecciones gremiales.
El gaff de Félix Mothe reveló su DEPENDENCIA del Gijenismo y echó por tierra cualquier otra indulgente consideración sobre su persona y sobre los años de respeto profesional y docente. No estuvo bien que la Junta decida apelar a una de las partes (la Lista oficial) para saber qué le va a contestar a la otra (la Lista Opositora).
José Díaz es un especialista en proscripciones electorales. Las agrupaciones opositoras en el gremio de ATEP pueden dar fe de ello. El letrado trabaja para César Américo Zelarayán y para la actual conducción gremial de ATSA. Dos gremios en los que también se ha vedado la participación electoral de la oposición: un récord lamentable.
Tal como se le señaló al presidente y su vocal (Luis Monti) ellos tenían la potestad de nombrar a un asesor legal para evacuar sus dudas o realizar consultas. Y lo podrían haber hecho dictando una resolución que informe a las partes la decisión tomada por las autoridades del proceso electoral. Claro que un conato de independencia iría en contra de los intereses del gijenismo que custodia de cerca las resoluciones de la Junta, "su Junta", con el Grupo 0 de la Policía Provincial.
Los jueces dicen, hablan por sus sentencias. Esta Junta Electoral habló por sus resoluciones redactadas por el gijenismo. A las pruebas no remitimos.
(*) Apoderado de la Lista Naranja Corriente de Unidad.
9.6.08
Porque defendemos nuestra Obra Social exigimos respuestas
El irregular proceso electoral que promovió la actual conducción de nuestro gremio y los cuestionamientos que venimos realizando ante las autoridades pertinentes NO PUEDE NI DEBE POSTERGAR el pedido de informes sobre la actual situación de nuestra obra social.
Son muchas las dudas y los interrogantes sobre la gestión que lleva adelante el señor Oscar Gijena al frente de la OSPPT, un patrimonio de todos los afiliados a la Asociación de Prensa, que despierta una fuerte preocupación por la evidente caída en la calidad de los servicios de salud e incertidumbre sobre su futuro inmediato.
Es por ello que queremos respuestas por las sospechosas contrataciones de personal y consultoras o pagos extraordinarios autorizados a dirigentes de gremio y obra social. Necesitamos saber si la OSPPT hace donativos a la fundación que presiden Oscar Gijena, Héctor Heredia y Domingo Gil; o si alguna vez se logró cobrar las deudas de aportes de obra social de las empresas periodísticas (especialmente El Siglo y El Tribuno), entre otros detalles.
Además, debe aclararse definitivamente si el señor Gijena firmó un convenio con un laboratorio oncológico (Bairesmed) sospechado de una estafa millonaria contra el Estado Nacional y cuyo titular fuera denunciado penalmente por la ex interventora del Pami, Graciela Ocaña, por amenazas de muerte. Este hecho exige conocer si nuestra obra social fue también víctima de la maniobra delictiva de Bairesmed o si sus dirigentes terminaron siendo cómplices de estos oscuros personajes.
Con un clik en el título, conocé los 22 puntos del pedido de informes sobre la gestión Gijena en la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (OSPPT) que fuera presentado por la Corriente de Trabajadores de Prensa en febrero de 2008, y ratificado luego por carta documento. Todavía no hubo respuestas (sólo una carta documento contra dos integrantes de la Corriente).
6.6.08
PROSCRIPTOS
La opositora Lista Naranja - Corriente de Unidad fue proscripta. Mediante maniobras poco claras, que se condicen con la arbitraria negativa a exhibir los padrones que fueron “inflados” deliberadamente, la conducción de la Asociación de Prensa de Tucumán pretende mantenerse perpetuamente en el poder del gremio y de la Obra Social.
En los últimos días, varios candidatos de la lista Naranja, especialmente mujeres trabajadoras de prensa, fueron objeto de amenazas y extorsiones para que renuncien a sus lugares en la nómina.
El argumento de la Junta Electoral, elegida en una Asamblea sospechada de haberse concretado allí serios vicios de ilegalidad, se fundamenta en la renuncia a último momento de una compañera, lo que coartó las posibilidades de que fuera reemplazada.
A esto debe sumársele la campaña de desprestigio personal de los candidatos de la oposición, con falacias o aspectos de sus vidas privadas.
Estas prácticas deplorables de la conducción gremial demuestran una vez más el poco apego a las leyes, a la democracia y a la transparencia, ya que con la proscripción de la Lista Naranja - Corriente de Unidad, creen estar garantizando su continuidad en los cargos.
La Lista Naranja - Corriente de Unidad anticipa que, además de haber hecho un planteo formal ante la Junta Electoral en busca de igualdad de oportunidades en la contienda, continuará con las acciones legales iniciadas, hasta alcanzar la transparencia necesaria para que el proceso electoral se desarrolle de la forma más democrática posible.
No vamos a parar acá.
En los últimos días, varios candidatos de la lista Naranja, especialmente mujeres trabajadoras de prensa, fueron objeto de amenazas y extorsiones para que renuncien a sus lugares en la nómina.
El argumento de la Junta Electoral, elegida en una Asamblea sospechada de haberse concretado allí serios vicios de ilegalidad, se fundamenta en la renuncia a último momento de una compañera, lo que coartó las posibilidades de que fuera reemplazada.
A esto debe sumársele la campaña de desprestigio personal de los candidatos de la oposición, con falacias o aspectos de sus vidas privadas.
Estas prácticas deplorables de la conducción gremial demuestran una vez más el poco apego a las leyes, a la democracia y a la transparencia, ya que con la proscripción de la Lista Naranja - Corriente de Unidad, creen estar garantizando su continuidad en los cargos.
La Lista Naranja - Corriente de Unidad anticipa que, además de haber hecho un planteo formal ante la Junta Electoral en busca de igualdad de oportunidades en la contienda, continuará con las acciones legales iniciadas, hasta alcanzar la transparencia necesaria para que el proceso electoral se desarrolle de la forma más democrática posible.
No vamos a parar acá.
5.6.08
Somos mujeres, no nos subestimen
A las que representamos supuestamente al sexo débil nos consideraron un blanco fácil de presiones y amenazas con la intención de hacernos desistir de nuestra participación dentro la lista Naranja Corriente de Unidad. Con llamados, mensajes de textos y mails trataron de intimidarnos para que “repensemos” nuestra candidatura. Caballeros: tendremos polleras, pero no nos faltan las agallas para luchar por nuestras convicciones y nuestros deseos de cambio dentro de un gremio por el que hoy no nos sentimos representadas.
Tomando de ejemplo a grandes mujeres que dieron batalla por aquello que consideraron justo, nuestra intención no es destruir sino sumar y construir.
Queremos al igual que todos un gremio fuerte, participativo, representativo y combativo contra los grandes males que aquejan al trabajador de prensa.
No hacemos discriminación por ser del norte o del sur, de derecha o izquierda, de radio, televisión o diario, por ser hombre o mujer. Nosotras buscamos igualdad y participación.
Somos trabajadoras de prensa que todos los días damos la cara a la sociedad, estamos convencidas de que podemos marcar la diferencia. Apostamos a ello y por eso es que participamos.
Es verdad, somos mujeres pero no nos subestimen.
Las mujeres de la Lista Naranja-Corriente de Unidad
Hecha la ley... que se cumpla!
Asamblea de afiliados a la APT, 17 de mayo de 2008:
- ¿Se quieren identificar para cumplir con la ley?
- Noooo!
- Bien, gana la no identificación por el 90 %. Esto es democracia!
¿Quién puede garantizar que los que eligieron a la Junta Electoral no eran enviados de las patronales o del gobierno para perjudicar al gremio por su compromiso con los trabajadores? Por, eso, el Estatuto establece que los asistentes a una Asamblea deben identificarse.
4.6.08
Exigimos elecciones limpias
La Lista Naranja - Corriente de Unidad presentó un recurso de amparo ante la Justicia solicitando la impugnación de la Asamblea que eligió a la Junta Electoral.
Con un clic en el título conocé todos los detalles
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ESO ES ILEGAL!
La APT habría recibido un generoso donativo de la empresa El Tribuno. Se trataría de algunos aparatos para ver y escuchar buenas películas, y serían sorteados en la fiesta del Día del Periodista. Eso es ilegal, lo dice el Estatuto de la APT.
Sres. directivos, si hacen clic en el título, accederán a ese documento que tiene fuerza de ley (es el artículo 84, al final).
Sres. directivos, si hacen clic en el título, accederán a ese documento que tiene fuerza de ley (es el artículo 84, al final).
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