(Por Alejandro Díaz).- La mayoría de los periodistas tucumanos nos debatimos día a día, entre el reconocimiento y la crítica a nuestra labor periodística, y las penurias económicas. Entre los apuros del cierre de una edición y las corridas detrás de un entrevistado; entre el mal humor de nuestros jefes, la incertidumbre laboral, el pago de la tarjeta de crédito, las boletas de la luz, el gas, el teléfono, el alquiler y ahora…también entre los aprietes de quienes dicen ser nuestros representantes "gremiales".
Casi son las diez de la noche y no he logrado bajar una tecla para el semanario que me da comer. Pido disculpas por eso y algo de indulgencia. Desde la semana pasada, cuando el rumor de una maniobra para expulsar afiliados del gremio de prensa ganó la calle perdí concentración en mi trabajo. Es que mi nombre resonó en una reunión de comisión directiva y no fue para adularme. Al final, el rumor se corporizó en la convocatoria de la Asociación de Prensa a una asamblea extraordinaria con el solo propósito de expulsar a dos compañeros.
Aquella solicitada en La Gaceta se transformó en una noticia (materia prima de nuestra profesión), invitando a indagar el trasfondo del perentorio llamado de la APT para tratar la aplicación de extremas medidas disciplinarias. Anoticiado, entonces, me dispuse a buscar más información y elabore mi propio cuestionario.
Dos preguntas me inquietaron: ¿quiénes eran los dos afiliados gremiales? y ¿de qué se los acusa?
Apelé entonces a lograr algún dato, y como en toda investigación periodística busqué un comentario, un rumor, un dicho, que me pusiera sobre la pista. Pero el secretario Gremial, Domingo Gil, me ahorro el esfuerzo. En la noche del 10 de octubre, y telefónicamente, me reconoció que la asamblea convocada por la APT tenía como objeto expulsarme de la institución. "Es por vos y Marcelo Cuello", me dijo. Una afirmación que resolvía el primer interrogante aunque de manera extraoficial.
Segundo interrogante: ¿De qué se me acusa?
No puedo lamentar que el secretario gremial y gerente comercial de la Obra Social (las asociaciones de las palabras gremio-comercio son pura casualidad), se haya sentido incomodo por mi pregunta, es por eso que me decidí visitarlo y el viernes 12 partí a la sede del gremio. Pero esta vez no fui solo.
Encontré a Domingo Gil junto a Sixto Rocha (vocal de la APT y de la OSPPT) y a Pablo Neder (vocal de la APT y Tesorero de la OSPPT) en la oficina del primer piso de la APT.
Con un breve saludo les presenté a mis invitados: mi abogado y una escribana que invité para solicitar formalmente copias del acta del llamado a la asamblea extraordinaria con el objeto de encontrar respuestas. Solo me informaron que el que suscribe era uno de los 2 afiliados gremiales sobre los que pesarían la expulsión del gremio, que el libro de actas no estaba en la institución y que las razones se expondrían el día de la asamblea. Segundo interrogante, sin respuesta.
El párrafo que leerán a continuación fue escrito minutos después de la medianoche de hoy pero para mí, sigue siendo redactado durante esta injuriosa jornada que no termina de irse.
El 17 de octubre (fecha histórica para el peronismo) podría enmarcarse también, como el día del quiebre institucional de nuestro gremio. Como muchos de ustedes habrán leído, el portal de noticias de la APT primerafuente publicó detalles de la convocatoria a la asamblea que se realizará hoy y se animó a especular extraoficialmente, sobre las razones que impulsaron a la Comisión Directiva del gremio para expulsar a dos compañeros y hasta se animaron a mencionarlos con sus nombres y apellidos.
Por otro lado, una carta documento llegaba a mi domicilio notificándome de la asamblea. Insólitamente la carta firmada por Oscar Gijena y Domingo Gil me informaba que en dicha convocatoria "se tratará la sanción a aplicarse por su inconducta". ¿De qué inconducta estamos hablando? me pregunté. Otra vez, la notificación oficial omitía referirse a las causas de la convocatoria y qué tipo de inconducta (si las hubiere) se me reclamaba. Entonces, ya no tuve dudas. Alguien había dado "la orden" de someternos a un juicio sumarísimo digno de un alto tribunal de la Inquisición donde el derecho a la defensa solo podría ser balbuceado en una hoguera fogoneada por un gran inquisidor.
Ahora bien, me permito insistir con la misma pregunta: ¿De qué se me acusa?
Les solicito que lean detenidamente la carta documento que les adjunto y agudicen su instinto periodístico a fin de encontrar la inquisición en formato legal. ¿Leyeron bien? ¿Se dieron cuenta?
Sí, así es compañeros. Acertaron, a pesar de ser difícil mantener la mente alerta en medio de tanto ruido destinado a confundir, en medio de tanta propaganda que trata de disfrazar la realidad.
El caso Lesnik
Pero imagino que también quieren conocer mi opinión sobre el resonado caso Lesnik. Habrán visto que la APT se encargó de difundir mi declaración y la de Marcelo Cuello. Ustedes tienen la oportunidad de evaluarlas, pero solo el juez que entiende en la causa podrá decidir si nuestro testimonio fue valedero o no. Y al final, como en todo proceso, fallará a favor del demandante o del demandado. Lo cierto es que todavía restan muchos pasos procesales y habrá que esperar la definición de este juicio. Aunque al parecer, antes de tiempo la APT lo dio por perdido.
Ahora bien, de este proceso judicial surgen algunas preguntas:
Si tanto le preocupaba a la comisión directiva de la APT los testimonios que aportamos en este juicio, ¿por qué no nos impugnaron oportunamente como testigos? (tenían 5 días hábiles para hacerlo desde el momento de la presentación de la lista de testigos), o, ¿por qué no impugnaron el contenido de las declaraciones? (también tenían 5 días hábiles después de haber declarado).
Una extraña y poderosa razón ha obrado para no impugnar mi nombre y el de Cuello en calidad de testigos y tampoco impugnar el contenido de nuestras declaraciones en sede judicial. ¿Se tratará de una cortina de humo para esconder desaguisados internos? ¿A quién más le conviene perder este juicio? ¿Cuál fue esa poderosa razón que ahora que pone en peligro el patrimonio de la APT?
Me parece advertir las misma razones que llevaron al abogado de la APT Alvaro Carrizo y al secretario General, Oscar Gijena, a firmar un acuerdo extrajudicial por 45 mil pesos, a favor de un estudio de abogados que dijo sentirse agraviado por un fotografía publicada erróneamente en primerafuente. Guiado por estas mismas y poderosas razones nunca se contempló la rectificación, el pedido de disculpas, ni la oportunidad para demostrar que no hubo "real malicia" en el error. Equivocación que en su oportunidad asumí ante la comisión directiva y que me costó mi trabajo como editor de primerafuente.
Lamentablemente, desoyendo los pedidos de algunos secretarios de la Comisión Directiva (Cuello y Pereyra) el secretario general, Oscar Gijena, accedió al pedido de los demandantes en una manifestación de fe ciega a su asesor legal.
Así, el gremio de prensa sentó una doctrina claudicante respecto de la falibilidad (capacidad para equivocarse) de los periodistas al momento de consignar datos. Es decir, este acuerdo antiperiodístico y oscurantista que otorgo dinero a supuestos damnificados por una nota que hasta aquí, nunca demostró su daño real, viene a confirmar una tesis que parece ser moneda corriente bajo esta conducción: dar por perdido los juicios o los reclamos de terceros contra la APT, donde la opinión de los afiliados ya no importa a la hora de tomar decisiones respecto al patrimonio de nuestro gremio.
El debate pendiente
Es por eso que este 17 de octubre podría ser una buena oportunidad para comenzar a transparentar las conductas que ponen en riesgo el patrimonio de nuestro querido gremio. En la era de Internet las cuentas públicas de la provincia entran en un pent drive. Supongo que no es mucho pedir que las cuentas de la APT y la obra social puedan descargarse de la web. Eso nos permitiría dar un debate serio y –por mi parte- explicar a cualquier colega de buena fe que esté genuinamente interesado en cuidar el gremio, cuál es mi opinión al respecto.
Desde ya que mi ánimo no es el mejor. Les comento que estuve y estaré presente en todos y cada uno de los medios para evacuar las dudas que mis compañeros pudieran tener. Pero repito, no puedo brindarles mayores explicaciones porque a horas de la bendita asamblea gijenista, todavía no conozco oficialmente de qué se me acusa; ni siquiera sus motivos y fundamentos -a pesar de mis esfuerzos que incluso me costaron dinero que no tengo. Mi salario de bolsillo es de $850, tengo 3 hijos en edad escolar, alquilo una modesta casa por $600 y estoy obligado a vivir de prestado.
Espero que en el transcurso de las horas por venir, se aclare definitivamente esta polémica que ha puesto en tela de juicio mi honestidad no solo personal, sino también profesional. No tengo más que confirmar que (Cuello y el que suscribe) hemos sido víctimas de la intolerancia como práctica política dentro de nuestra institución y no me cabe dudas de que seguiremos siendo perseguidos por los actuales burócratas disfrazados de dirigentes gremiales. En su momento sabremos responder.
Defiendo y defendí la pluralidad y diversidad de pensamiento, mi familia y mi profesión Y, a pesar de los riesgos que eso conlleva bajo la actual situación interna de la APT, seguiré condenando las actitudes antidemocráticas que impulsan los "nuevos ricos" de la actividad sindical. La de aquellos que pasean su desvergüenza en autos 0 kilómetro o viajan al exterior para ver un campeonato de fútbol, cuando el 70% de sus representados no llega a cubrir los gastos de la canasta familiar.
Alejandro Díaz
02:05 AM 18 de octubre de 2007-10-18
Afiliado gremial: 1245
Delegado Suplente de El periódico de Tucumán
