BALANCE DE LAS NEGOCIACIONES Y LOS PASOS A SEGUIR EN LA LUCHA POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA ENTRE LOS TRABAJADORES DE PRENSA
Desde 2001 hasta enero de 2007, los trabajadores de La Gaceta conseguimos una recomposición salarial acumulada del 160 %, a lo que hay que sumarle los montos fijos no remunerativas obtenidos en diferentes momentos de cada negociación. Con el resultado del último acuerdo, logrado en marzo, hasta enero de 2008 habremos sumado a esa cifra un 24 % en el sueldo básico.
No hace falta aclarar que no hay demasiados ejemplos de logros como estos en el país después de la crisis de 2001. Y no es casual que se hayan alcanzado números tan importantes que, aunque no terminen de satisfacer las necesidades de los trabajadores, se acercan a la realidad.
Sabemos que se puede y sabemos cómo, porque lo venimos haciendo juntos desde hace muchos años. Los trabajadores en asamblea, junto con los delegados y los miembros de la conducción de la APT que trabajan en la empresa, hemos sabido marcar un camino exitoso, aún con los traspiés que sufrimos en diferentes oportunidades.
Es por eso que estamos seguros de que lo que ocurre en La Gaceta puede replicarse en otras empresas. Sólo hay que coordinar, trabajar y tomar conciencia de que nada es imposible.
Los trabajadores de La Gaceta que integramos la Corriente de Trabajadores de Prensa, como los compañeros de otras empresas, sostenemos que es necesario que se convoque a paritarias con urgencia. Es la única forma de empezar a mover las estáticas escalas salariales de los medios, de transparentar la situación de cientos de compañeros, y de poner en claro ante quiénes estamos reclamando, y quiénes son los que permitieron este estancamiento durante tantos años.
Por supuesto que no será sencillo sentar a los empresarios en la misma mesa que los trabajadores, ni que se sometan dócilmente al arbitrio de la Secretaría de Trabajo. Pero se puede, la ley está de nuestro lado, y hay que usarla.
Las negociaciones son difíciles, y los que venimos luchando en La Gaceta sabemos que tampoco es simple llegar al consenso en las asambleas y aunar criterios tan dispares como los que suelen exponerse. Pero tenemos que estar atentos y unidos, y no permitir que dirigentes paracaidistas tuerzan las decisiones de las bases sentando posiciones irreductibles en las mesas de negociaciones, o comparando estos procesos gremiales con personajes siniestros del gremialismo argentino: “voy a defender este acuerdo como si fuera el mejor de Rucci para acá”, dijo Oscar Gijena en el último encuentro con la gerencia de La Gaceta, después de haber desconocido una decisión tomada anteriormente por el conjunto.
Si no se convoca hoy, es porque la Comisión Directiva de la APT le teme a la organización de las bases, a la horizontalidad en la toma de decisiones (un dirigente, en las paritarias, es igual a un delegado, sin distinciones de ningún tipo). Temen que el potencial éxito en una negociación de este tipo demuestre finalmente la inoperancia (o mala intención) que los llevó a mantenerse en silencio durante tres gestiones en la conducción.
CON DECISION Y UNIDAD, SE PUEDE.
20.3.08
La situación de El Siglo
Los sueldos magros y los empleados en negro han sido una constante en el diario El Siglo. Hoy el sueldo de un periodista "contratado" porque nadie firmó nada) es de $600, que a su vez se cobran atrasados y cada quince días. Los empleados que tienen más años de antigüedad tienen un sueldo de alrededor de $1.200.
Hasta el año pasado, los empleados del diario cobraban sus sueldos a partir del 15 de cada mes, y hacia fin de año, el sueldo directamente dejó de pagarse, y los compañeros de ese medio comenzaron a cobrar parte de diciembre recién a mediados de febrero. Por su parte, enero está siendo liquidado en sumas de $150, y de más está decir que aún no hay noticias de la liquidación de febrero.
A eso se suma que los empleados no tienen obra social, y por lo menos el 80% está trabajando en negro.
Mientras tanto ya pasaron muchas inspecciones de la Secretaría de trabajo, de las cuales los compañeros de El Siglo no tuvieron noticias. Se realizaron muchas asambleas, y los empresarios no dieron ninguna respuesta. Hace muchos años que esta empresa periodística pasa de mano en mano sin que se vean las soluciones.
Como Corriente de Trabajadores de Prensa, nos interesa dar a conocer esta situación para que todos sepamos cómo es se trabaja en El Siglo,y para que además estemos alertas acerca de la situación de los compañeros que hoy, no pueden siquiera contar con un gremio de prensa, que adquiere a medida que avanzan las opresiones sobre los trabajadores, una actitud cada vez más pasiva. No defienden a los compañeros y tampoco colaboran con ellos brindándoles por lo menos una cobertura de salud.
Creemos, como trabajadores de prensa y como Corriente, que tenemos que defender a nuestros compañeros de El Siglo, a aquellos que encontramos diario a diario desempeñando con mucho profesionalismo y responsabilidad su tareas periodísticas, y que todos los días se juegan al igual que nosotros por cumplir con esta función social de informar. Además le exigimos al gremio que se haga cargo del rol que
debe tener, e informe a todos sus afiliados los pasos que dan para solucionar la situación. Le exigimos coherencia a una APT que levanta las banderas en contra del trabajo en negro y el empleo precarizado.
Hasta el año pasado, los empleados del diario cobraban sus sueldos a partir del 15 de cada mes, y hacia fin de año, el sueldo directamente dejó de pagarse, y los compañeros de ese medio comenzaron a cobrar parte de diciembre recién a mediados de febrero. Por su parte, enero está siendo liquidado en sumas de $150, y de más está decir que aún no hay noticias de la liquidación de febrero.
A eso se suma que los empleados no tienen obra social, y por lo menos el 80% está trabajando en negro.
Mientras tanto ya pasaron muchas inspecciones de la Secretaría de trabajo, de las cuales los compañeros de El Siglo no tuvieron noticias. Se realizaron muchas asambleas, y los empresarios no dieron ninguna respuesta. Hace muchos años que esta empresa periodística pasa de mano en mano sin que se vean las soluciones.
Como Corriente de Trabajadores de Prensa, nos interesa dar a conocer esta situación para que todos sepamos cómo es se trabaja en El Siglo,y para que además estemos alertas acerca de la situación de los compañeros que hoy, no pueden siquiera contar con un gremio de prensa, que adquiere a medida que avanzan las opresiones sobre los trabajadores, una actitud cada vez más pasiva. No defienden a los compañeros y tampoco colaboran con ellos brindándoles por lo menos una cobertura de salud.
Creemos, como trabajadores de prensa y como Corriente, que tenemos que defender a nuestros compañeros de El Siglo, a aquellos que encontramos diario a diario desempeñando con mucho profesionalismo y responsabilidad su tareas periodísticas, y que todos los días se juegan al igual que nosotros por cumplir con esta función social de informar. Además le exigimos al gremio que se haga cargo del rol que
debe tener, e informe a todos sus afiliados los pasos que dan para solucionar la situación. Le exigimos coherencia a una APT que levanta las banderas en contra del trabajo en negro y el empleo precarizado.
11.3.08
Repudio a la represión
Una vez más, los representantes del pueblo apuntaron contra los trabajadores y le lanzaron la Policía a quienes ejercen su derecho a protestar. En una vergonzosa sesión, en la que ya no había nada para debatir, porque sólo se proponía cumplir la orden del gobernador Alperovich, el Concejo Deliberante de la capital votó el aumento del cospel, desoyendo a la protesta popular que se desarrollaba en la puerta de la sala de reuniones. Mientras los concejales, como habían acordado, levantaban la mano contra el pueblo, la Policía, a palos y empujones, acallaba la protesta.
En esta misma jornada, y mientras desempeñaban su actividad periodística, también fueron reprimidos nuestros compañeros Oscar Abregú, de Canal 5 de ATS, Sebastián Pisarello, de la revista Contrapunto y a Jorge “Corcho” Rodríguez de Antena 8.
La Corriente de Trabajadores de Prensa repudia enérgicamente la represión a los manifestantes y la detención de dos estudiantes. También repudiamos la agresión a los trabajadores de prensa, en un claro ataque a la libertad de expresión e información. Exigimos que se dé a conocer el responsable de la orden de reprimir y que se lo castigue. Exigimos que se acabe la impunidad en nuestra provincia.
En esta misma jornada, y mientras desempeñaban su actividad periodística, también fueron reprimidos nuestros compañeros Oscar Abregú, de Canal 5 de ATS, Sebastián Pisarello, de la revista Contrapunto y a Jorge “Corcho” Rodríguez de Antena 8.
La Corriente de Trabajadores de Prensa repudia enérgicamente la represión a los manifestantes y la detención de dos estudiantes. También repudiamos la agresión a los trabajadores de prensa, en un claro ataque a la libertad de expresión e información. Exigimos que se dé a conocer el responsable de la orden de reprimir y que se lo castigue. Exigimos que se acabe la impunidad en nuestra provincia.
5.3.08
Una respuesta sobre las paritarias
La convocatoria a paritarias ahora es mala palabra para la Asociación de Prensa, cuando el año pasado era su caballito de batalla. ¿Por qué? Las razones son muchas y claras, pero primero veamos qué es esto.
Las paritarias son una herramienta legal que permite sentar en la misma mesa a representantes de los trabajadores y de las empresas, con el arbitrio del Ministerio de Trabajo de la Nación, para discutir todos los asuntos relacionados con la actividad, o sólo algunos de ellos, según cómo sea convocada. Las resoluciones tienen carácter de ley, y deben ser respetadas por las partes. Vale aclarar que NUNCA una resolución puede hacer ir en contra de lo conseguido previamente por los trabajadores. Tampoco es cierto que impida el avance de las negociaciones ya iniciadas.
Entre las razones por las que ya no les resulta “conveniente” a las autoridades de nuestro gremio son claras. Por un lado, las paritarias conllevan un alto nivel de movilización y organización de los trabajadores. Deben decidir, designar delegados paritarios… participar. Y eso no le conviene a quienes pretenden mantener las cosas como están y gozar de los beneficios de una estructura poderosa económica y políticamente.
Otro punto importante surge de una pregunta: ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica la convocatoria a paritarias? Por supuesto que apuntan a mejorar la situación de los trabajadores, tanto en la cuestión salarial como en las condiciones laborales en general. Y perjudica a esos empresarios que tienen empleados en negro, que no hacen los aportes provisionales y sociales. De esos, en Tucumán, tenemos demasiados, y también en los medios de comunicación. Para esos empresarios es mucho más fácil arreglar con los dirigentes y no someterse a un escalafón que seguramente hará que sus ganancias empiecen a ser menores. Redistribución de las riquezas, se llama eso.
En el caso de Tucumán, empresas como El Siglo, El Tribuno, El Periódico, las radios AM y FM, y los canales de cable, tendrían que equiparar los salarios de sus empleados con los de las empresas más estables y fuertes de la provincia.
La pregunta encontró su respuesta.
Por Facundo Pereyra, miembro de la CTP.
Las paritarias son una herramienta legal que permite sentar en la misma mesa a representantes de los trabajadores y de las empresas, con el arbitrio del Ministerio de Trabajo de la Nación, para discutir todos los asuntos relacionados con la actividad, o sólo algunos de ellos, según cómo sea convocada. Las resoluciones tienen carácter de ley, y deben ser respetadas por las partes. Vale aclarar que NUNCA una resolución puede hacer ir en contra de lo conseguido previamente por los trabajadores. Tampoco es cierto que impida el avance de las negociaciones ya iniciadas.
Entre las razones por las que ya no les resulta “conveniente” a las autoridades de nuestro gremio son claras. Por un lado, las paritarias conllevan un alto nivel de movilización y organización de los trabajadores. Deben decidir, designar delegados paritarios… participar. Y eso no le conviene a quienes pretenden mantener las cosas como están y gozar de los beneficios de una estructura poderosa económica y políticamente.
Otro punto importante surge de una pregunta: ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica la convocatoria a paritarias? Por supuesto que apuntan a mejorar la situación de los trabajadores, tanto en la cuestión salarial como en las condiciones laborales en general. Y perjudica a esos empresarios que tienen empleados en negro, que no hacen los aportes provisionales y sociales. De esos, en Tucumán, tenemos demasiados, y también en los medios de comunicación. Para esos empresarios es mucho más fácil arreglar con los dirigentes y no someterse a un escalafón que seguramente hará que sus ganancias empiecen a ser menores. Redistribución de las riquezas, se llama eso.
En el caso de Tucumán, empresas como El Siglo, El Tribuno, El Periódico, las radios AM y FM, y los canales de cable, tendrían que equiparar los salarios de sus empleados con los de las empresas más estables y fuertes de la provincia.
La pregunta encontró su respuesta.
Por Facundo Pereyra, miembro de la CTP.
28.2.08
¡Basta de silencio!
Ante la falta de respuesta a los pedidos de informes que fueron presentados formalmente a las autoridades de la Asociacion de Prensa, la Corriente decidió agotar la vía administrativa intimándolos por carta documento a presentar los datos requeridos.
El plazo venció hoy (jueves 28 de febrero).
La intención es conocer en detalle qué está pasando en el gremio y en la obra social; porqué se contratan abogados que también representan a las empresas que despiden a compañeros, porqué se contrata directamente a laboratorios, cuánto ganan los directivos, cuántos afiliados tiene ahora la APT (y quiénes son), y varias cosas más.
Es inadmisible que un gremio que representa a periodistas y a trabajadores de la comunicación se ampare en el silencio y el oscurantismo a la hora de dar explicaciones.
El plazo venció hoy (jueves 28 de febrero).
La intención es conocer en detalle qué está pasando en el gremio y en la obra social; porqué se contratan abogados que también representan a las empresas que despiden a compañeros, porqué se contrata directamente a laboratorios, cuánto ganan los directivos, cuántos afiliados tiene ahora la APT (y quiénes son), y varias cosas más.
Es inadmisible que un gremio que representa a periodistas y a trabajadores de la comunicación se ampare en el silencio y el oscurantismo a la hora de dar explicaciones.
24.2.08
El mobbing rompe el cerco informativo
Condenan a Editorial Perfil
Por Marcela Espíndola.
La Cámara Laboral porteña decidió condenar por mobbing a Editorial Perfil SA, en una demanda iniciada por la periodista Mónica Veira en el año 2004. El fallo conocido a principios de este año es único en su tipo, al penar a dos editores como responsables directos del acoso psicológico y a una empresa periodística. Si bien la sentencia sienta jurisprudencia, el personal jerárquico fue mantenido en sus puestos por la empresa. Un caso que revela la urgencia de legislar en la materia.
Por Marcela Espíndola.
La Cámara Laboral porteña decidió condenar por mobbing a Editorial Perfil SA, en una demanda iniciada por la periodista Mónica Veira en el año 2004. El fallo conocido a principios de este año es único en su tipo, al penar a dos editores como responsables directos del acoso psicológico y a una empresa periodística. Si bien la sentencia sienta jurisprudencia, el personal jerárquico fue mantenido en sus puestos por la empresa. Un caso que revela la urgencia de legislar en la materia.
21.2.08
Alerta y movilización por la dignidad de los trabajadores de prensa
Basta de despidos!
PARITARIAS YA!
La Corriente de Trabajadores de Prensa quiere expresar su más enérgico repudio al despido de 14 compañeros de Concepción que prestaban servicio en la empresa TV NOA y manifestar nuestra solidaridad y apoyo fraterno en la lucha por esta fuente de trabajo en el sur de la provincia. En este sentido, nos adherimos a las medidas de lucha que protagonizan nuestros compañeros contra las arbitrarias medidas de los propietarios del canal de cable.
Por otra parte, advertimos que el conflicto desatado en el sur de la provincia se suma al malestar general que viven el resto de los trabajadores de prensa agobiados por la incertidumbre laboral y los bajos salarios (los compañeros del diario El Siglo siguen con dos meses de atraso en el pago de sus haberes y en El periódico, hace más de dos años que los salarios no se modifican, entre otras situaciones particulares).
Es por ello que la CTP recomienda convocar de forma URGENTE a PARITARIAS para lograr una justa y necesaria recomposición salarial en todos los medios de la provincia.
Para lograrlo hay que sentar a TODOS los empresarios en la misma mesa de negociación para que las mejoras no sean exclusividad de algunos medios sino en beneficio de todos los compañeros de prensa. Esta medida será un sinceramiento para conocer el grado de compromiso de los dueños de medios de comunicación y productoras con sus trabajadores y la información, y una verdadera conquista de todos los trabajadores de prensa de nuestra provincia.
Además, exigimos la continuidad de la lucha contra el trabajo en negro única manera de recuperar la dignidad de cientos de compañeros que hoy viven de la labor periodística sumergidos en el mercado informal del trabajo. También solicitamos un exhaustivo seguimiento de los expedientes de la Secretaría de Trabajo y pedimos a nuestro gremio un fuerte reclamo oficial al Gobierno de la Provincia para que concrete inspecciones en todos los medios de comunicación, sin excepciones.
Por último, llamamos a todos nuestros compañeros a mantenernos ALERTAS y a estrechar lazos de solidaridad, única forma de sostener nuestra dignidad en defensa de la labor periodística y nuestros derechos laborales y gremiales.
PARITARIAS YA!
La Corriente de Trabajadores de Prensa quiere expresar su más enérgico repudio al despido de 14 compañeros de Concepción que prestaban servicio en la empresa TV NOA y manifestar nuestra solidaridad y apoyo fraterno en la lucha por esta fuente de trabajo en el sur de la provincia. En este sentido, nos adherimos a las medidas de lucha que protagonizan nuestros compañeros contra las arbitrarias medidas de los propietarios del canal de cable.
Por otra parte, advertimos que el conflicto desatado en el sur de la provincia se suma al malestar general que viven el resto de los trabajadores de prensa agobiados por la incertidumbre laboral y los bajos salarios (los compañeros del diario El Siglo siguen con dos meses de atraso en el pago de sus haberes y en El periódico, hace más de dos años que los salarios no se modifican, entre otras situaciones particulares).
Es por ello que la CTP recomienda convocar de forma URGENTE a PARITARIAS para lograr una justa y necesaria recomposición salarial en todos los medios de la provincia.
Para lograrlo hay que sentar a TODOS los empresarios en la misma mesa de negociación para que las mejoras no sean exclusividad de algunos medios sino en beneficio de todos los compañeros de prensa. Esta medida será un sinceramiento para conocer el grado de compromiso de los dueños de medios de comunicación y productoras con sus trabajadores y la información, y una verdadera conquista de todos los trabajadores de prensa de nuestra provincia.
Además, exigimos la continuidad de la lucha contra el trabajo en negro única manera de recuperar la dignidad de cientos de compañeros que hoy viven de la labor periodística sumergidos en el mercado informal del trabajo. También solicitamos un exhaustivo seguimiento de los expedientes de la Secretaría de Trabajo y pedimos a nuestro gremio un fuerte reclamo oficial al Gobierno de la Provincia para que concrete inspecciones en todos los medios de comunicación, sin excepciones.
Por último, llamamos a todos nuestros compañeros a mantenernos ALERTAS y a estrechar lazos de solidaridad, única forma de sostener nuestra dignidad en defensa de la labor periodística y nuestros derechos laborales y gremiales.
20.2.08
Exigimos respuestas
Ante la falta de respuestas al formal pedido de informes que le hizo a la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa, un grupo de afiliados presentó el 20 de febrero una ampliación del mismo, marcando un nuevo plazo de 72 horas para obtener la información solicitada.
Sres
Comisión Directiva
Asociación de Prensa de Tucumán
Presente
Habida cuenta de la nula respuesta de su parte a nuestro formal requerimiento de información ingresado por mesa de entradas el día 5 de febrero, y habiendo transcurrido un lapso de tiempo mucho más extenso que las 72 horas de plazo que otorgamos para que se nos remita la información solicitada entonces; es que venimos formalmente a reiterarles nuestra solicitud con las aclaraciones y agregados que se indican a continuación. Asimismo, solicitamos que se cumpla con dicho pedido –con más las siguientes precisiones/agregados- en las próximas 72 horas.
Respecto de los puntos 3 y 4 de la presentación del 05/02/08, queremos aclarar que la solicitud de información abarca a los consejeros directivos de la Obra Social (O.S).
En este sentido, pedimos se nos informe con suma precisión la composición de estos haberes y/o emolumentos que perciben los directivos de la O.S. A modo meramente ilustrativo -y si cupiere- solicitamos que el detalle de la composición no saltee ningún elemento que compone lo efectivamente percibido por los directivos de la Obra Social, sea este simple y directa transferencia, libramiento/cheque, en concepto de “licencia gremial”, honorarios especiales, etc, etc. Además, solicitamos se nos informe el detalle de los distintos y progresivos aumentos que se otorgaron los directivos y la forma en que estos aumentos fueron pagados, como así también si alguno o algunos de éstos reclamaron el pago de diferencias y si éstas fueron efectivamente pagadas. Para que no queden dudas, tenemos entendido que muchos de estos pagos fueron realizados mediante transferencias de dinero directas a las cuentas de los directivos, sin que sean asentadas en libramiento alguno. Por ello el celo y el detalle que solicitamos se tenga a la hora de informarnos.
Así también solicitamos copia del instrumento y/o asentamiento de la diferencia que le fuera transferida -supuestamente- al señor Oscar Gijena el 19/01/2007.
También requerimos copia de los libramientos Nº 25261 y 25262, uno por $14.000, y el otro por $ 12.600, los cuales se habrían realizado transfiriendo dichos montos a nombre de Francisco Sanna y Raúl Monasterio en concepto de “diferencia de honorarios Marzo a Noviembre de 2006”.
También nuestro requerimiento está dirigido a conocer si algún gerente/jefe de departamento percibe un ingreso extra, porcentaje o comisión, por el ingreso de cada nuevo afiliado a la Obra Social. Se nos indique en tal caso, el nombre del directivo y el monto total percibido por este concepto al día de esta presentación.
Por último, en lo que al alcance y ampliación de los puntos 3 y 4 del pedido de informes ya presentado, solicitamos se nos informe si los directivos de la obra social y/o de la APT perciben doble Sueldo Anual Complementario (SAC). En caso afirmativo, se nos indique la resolución habilitante, el nombre de los directivos alcanzados por el beneficio y el monto pagado hasta la fecha en tal concepto.
Respecto al punto 11, requerimos además de una copia del contrato con la firma y copia de todos los libramientos efectuados a nombre de Baires Med.
Sobre el punto 22, demás está decir que hacemos referencia a la casa que la APT posee en El Corte, al pie del cerro San Javier.
Por último, requerimos se nos informe el nombre de las personas que fueron asistidas bajo el Nº de afiliado 10.000, como así también copia de los recibos emitidos con los Nº 04-0000271528 al 271538 de fecha 09/01/2008. funda nuestra pretensión la sospecha de que dicho Nº de afiliado es usado con frecuencia para prestaciones médicas/sanatoriales a personas que No son afiliadas a la obra social pero revisten el carácter de parientes o allegados a los directivos –práctica que de ser cierta condenamos enérgicamente-.
Sin otro particular, recordándoles que requerimos información a un gremio y una obra social de Trabajadores de Prensa cuya materia prima es la información, y a la espera de una respuesta pronta, seria y completa de su parte nos despedimos de ustedes saludándolos respetuosamente.
Sres
Comisión Directiva
Asociación de Prensa de Tucumán
Presente
Habida cuenta de la nula respuesta de su parte a nuestro formal requerimiento de información ingresado por mesa de entradas el día 5 de febrero, y habiendo transcurrido un lapso de tiempo mucho más extenso que las 72 horas de plazo que otorgamos para que se nos remita la información solicitada entonces; es que venimos formalmente a reiterarles nuestra solicitud con las aclaraciones y agregados que se indican a continuación. Asimismo, solicitamos que se cumpla con dicho pedido –con más las siguientes precisiones/agregados- en las próximas 72 horas.
Respecto de los puntos 3 y 4 de la presentación del 05/02/08, queremos aclarar que la solicitud de información abarca a los consejeros directivos de la Obra Social (O.S).
En este sentido, pedimos se nos informe con suma precisión la composición de estos haberes y/o emolumentos que perciben los directivos de la O.S. A modo meramente ilustrativo -y si cupiere- solicitamos que el detalle de la composición no saltee ningún elemento que compone lo efectivamente percibido por los directivos de la Obra Social, sea este simple y directa transferencia, libramiento/cheque, en concepto de “licencia gremial”, honorarios especiales, etc, etc. Además, solicitamos se nos informe el detalle de los distintos y progresivos aumentos que se otorgaron los directivos y la forma en que estos aumentos fueron pagados, como así también si alguno o algunos de éstos reclamaron el pago de diferencias y si éstas fueron efectivamente pagadas. Para que no queden dudas, tenemos entendido que muchos de estos pagos fueron realizados mediante transferencias de dinero directas a las cuentas de los directivos, sin que sean asentadas en libramiento alguno. Por ello el celo y el detalle que solicitamos se tenga a la hora de informarnos.
Así también solicitamos copia del instrumento y/o asentamiento de la diferencia que le fuera transferida -supuestamente- al señor Oscar Gijena el 19/01/2007.
También requerimos copia de los libramientos Nº 25261 y 25262, uno por $14.000, y el otro por $ 12.600, los cuales se habrían realizado transfiriendo dichos montos a nombre de Francisco Sanna y Raúl Monasterio en concepto de “diferencia de honorarios Marzo a Noviembre de 2006”.
También nuestro requerimiento está dirigido a conocer si algún gerente/jefe de departamento percibe un ingreso extra, porcentaje o comisión, por el ingreso de cada nuevo afiliado a la Obra Social. Se nos indique en tal caso, el nombre del directivo y el monto total percibido por este concepto al día de esta presentación.
Por último, en lo que al alcance y ampliación de los puntos 3 y 4 del pedido de informes ya presentado, solicitamos se nos informe si los directivos de la obra social y/o de la APT perciben doble Sueldo Anual Complementario (SAC). En caso afirmativo, se nos indique la resolución habilitante, el nombre de los directivos alcanzados por el beneficio y el monto pagado hasta la fecha en tal concepto.
Respecto al punto 11, requerimos además de una copia del contrato con la firma y copia de todos los libramientos efectuados a nombre de Baires Med.
Sobre el punto 22, demás está decir que hacemos referencia a la casa que la APT posee en El Corte, al pie del cerro San Javier.
Por último, requerimos se nos informe el nombre de las personas que fueron asistidas bajo el Nº de afiliado 10.000, como así también copia de los recibos emitidos con los Nº 04-0000271528 al 271538 de fecha 09/01/2008. funda nuestra pretensión la sospecha de que dicho Nº de afiliado es usado con frecuencia para prestaciones médicas/sanatoriales a personas que No son afiliadas a la obra social pero revisten el carácter de parientes o allegados a los directivos –práctica que de ser cierta condenamos enérgicamente-.
Sin otro particular, recordándoles que requerimos información a un gremio y una obra social de Trabajadores de Prensa cuya materia prima es la información, y a la espera de una respuesta pronta, seria y completa de su parte nos despedimos de ustedes saludándolos respetuosamente.
19.2.08
Relcamo salarial en La Gaceta
Los delegados de los trabajadores de la Redacción de La Gaceta le solicitaron a la empresa una recomposición salarial del 30 %, en función del deterioro del poder adquisitivo del sueldo. El reclamo está en su etapa inicial, y apunta a contener el alza de los precios en general, y los generados por el inicio de las clases en particular, dado que se conocen ya los importantes incrementos. Es por ello que el pedido resulta justo y necesario, y debería servir como base para reclamos similares en los demás medios de la provincia, en gestiones que deberían realizarse desde el Cuerpo de Delegados.
5.2.08
Pedido de Informes a la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa
Sres
Consejo Directivo de la Asociación de Prensa de Tucumán
Presente
Considerando que vivimos en un sistema democrático, en un marco de respeto a las libertades civiles y a los derechos humanos y atentos a la transparencia que debieran caracterizar el desarrollo de toda institución y en honor a nuestra responsabilidad como afiliados a la Asociación de Prensa de Tucumán, y beneficiarios originarios de su Obra Social, es que respetuosamente les solicitamos que se nos remita en las próximas 72 hs la siguiente información referida a nuestra querida institución:
1) Balances contables de la APT y su Obra Social desde el año 2000 hasta el 2007 inclusive. Dichos balances pueden ser entregados en soporte informático como en papel.
2) Copia de toda auditoria jurídico-contable que se haya realizado en el período indicado ut supra.
3) Nómina de empleados del Gremio -si los hubiere- y de la Obra social -incluidos los niveles gerenciales-, indicando en cada caso el cargo/ función, sueldo y antigüedad. Este listado solicitado incluye a todo empleado en cualquier modalidad de contratación.
4) Detalle de los emolumentos y/o haberes que bajo cualquier concepto perciben en forma regular y periódica los directivos de la Asociación de Prensa, indicando en cada caso el nombre del directivo, el monto que percibe, el cargo que ocupa y la resolución de la APT que habilite el cobro de dichos estipendios y/o emolumentos.
5) Padrón oficial de los afiliados de la APT al día de la fecha, indicando en cada caso, el nombre del afiliado, el DNI, el nº de afiliado a la APT, la fecha de afiliación y/o ingreso a la APT, la empresa en la que presta servicio, su estado de deudas para con la APT al día de la fecha y cualquier otra novedad que se haya registrado del compañero trabajador. Si las hubiere, también requerimos se nos remita el número de bajas en las afiliaciones, consignando el nombre, el DNI, y las particularidades de dicha baja.
6) Listado y detalle de los despidos de que tenga conocimiento la APT en los medios de comunicación desde 2000 a la fecha como así también de los juicios en los que la APT ha asumido la representación legal de sus afiliados despedidos.
7) Listado y detalle del contenido de las presentaciones /denuncias concretas y puntuales ante la Secretaría de Trabajo –si las hubiere- respecto situaciones irregulares y trabajo en negro detectado por la APT en empresas periodísticas o afines durante el período 2000-2007 inclusive.
8) Detalle de los abogados a los que la APT ha otorgado poder para juicios o contratado bajo cualquier modalidad desde el año 2000 a la fecha; indicando en cada caso el monto percibido por los mismos. En este sentido, además, queremos que se nos indique si la APT conoce que el letrado Enrique López Domínguez es el mismo letrado que asesora en temas laborales al empresario Alberto Llaryora, propietario de el periódico –medio que sólo en 2007 registró mas de 20 de despidos-, al diario La Gaceta y a las empresas del grupo Alperovich. También pedimos se nos confirme si la abogada Patricia Ruiz trabaja para la APT y a su vez integra el staff del estudio del mencionado abogado asesor laboral de poderosas empresas.
9) Listado de los juicios en trámite en los que la APT es parte ya sea en sede civil, comercial como en el fuero Penal.
10) Listado de los acuerdos extra judiciales que haya subscripto la APT en el período 2000-2007 inclusive, indicando asunto, monto pagado por la APT y la contraparte firmante de los mismos. Copia fiel de los instrumentos en los que se celebró dichos acuerdos. También se solicita a la Comisión directiva explique y fundamente el por qué de la existencia de cláusulas confidenciales en dichos acuerdos extrajudiciales –si las hubiere-.
11) Listado de proveedores regulares de la APT y su Obra social. Se informe también el número y monto de contrataciones directas -si las hubiere- y su correspondiente autorización administrativa en la que se exprese los fundamentos de esta modalidad elegida. Además, con especial énfasis solicitamos puntualmente se nos remita copia del contrato con la firma BAIRES MED, proveedora cuasi exclusiva de medicamentos oncológicos ya que tenemos conocimiento de que se habría contratado dicha empresa sin un previo cotejo de precios con otras similares del mercado y se estarían pagando sobreprecios por un servicio plagado de demoras y/o faltantes en la remisión de los medicamentos.
12) Detalle de los empleados del sitio web Primera Fuente y de cualquier otro medio de prensa y difusión de la APT en el período 2000-2007 inclusive, consignando sueldo, horario de trabajo y función.
13) Detalle de las actuaciones y resoluciones de la APT y/o la Obra Social para definir la contratación de una "fundación" –cuyo nombre sería FUNDACION PRENSA TUCUMAN- para la provisión de servicios periodísticos y/o informativos. Además, solicitamos se nos remita copia del convenio/ contrato con dicha "fundación" como así también se nos informe si la totalidad de los empleados de Primera Fuente -como de cualquier otro medio de difusión de la APT- han debido renunciar en los últimos días a su relación de dependencia con la APT o su Obra social para pasar a ser empleados de dicha fundación. También solicitamos que, con carácter urgente y perentorio se lleven a cabo inspecciones de la secretaría de Trabajo a esta "fundación" para determinar si las condiciones de trabajo y de contratación de los empleados que llevan a cabo tareas periodísticas están de acuerdo a las leyes laborales vigentes que la actual conducción de la APT tiene el deber y la obligación de defender y auspiciar. Interrogamos y exigimos además se nos diga si directivos de la Obra social y/o la APT son a su vez miembros fundadores de esta "fundación" que percibe dineros de la APT y/o su obra social por servicios de los que se autoabastecía.
14) Detalle de los subsidios y/o aportes que la APT y/o la obra social haya percibido durante el período 2000-2007, inclusive.
15) Listado de subsidios y/o becas que por cualquier concepto entregue/ otorgue la APT y/o su obra social a sus afiliados y/o beneficiarios en el período 2000-2007, consignando en cada caso la resolución que los habilite y el monto otorgado. En el mismo sentido, se solicita el listado de viajes y/o becas y/o seminarios que directivos hayan efectuado con aportes y/o mediante acuerdos de la APT con otras entidades; sin que dichos eventos/seminarios/intercambios hayan sido comunicados al resto de los afiliados.
16) Capital adeudado a la Obra Social y la APT por parte de las firmas propietarias de el diario EL SIGLO. Se solicita además se informe desde qué año se produce la mora de estas empresas en el pago a la APT y su obra social y las medidas que se tomaron para asegurar el cobro. Se pide además, se informe si en los últimos 10 años otra empresa gozó del mismo tratamiento respecto de lo adeudado y si a las empresas propietarias de El SIGLO se les aplicó algún tipo de condonación o perdón de lo que se adeuda.
17) Condiciones de desvinculación del ex gerente de la obra social Marcos Leiva; como así también los argumentos vertidos por las partes, el monto acordado y la confirmación de si se firmó o no cláusula de confidencialidad. En este sentido solicitamos copia del acta o instrumento que se haya firmado al respecto.
18) Listado de los hechos de retiros de dinero y su falta de comprobante por parte de directivos de la obra social o la APT, indicando monto retirado o faltante, nombre del dirigente que retiró el dinero y las sanciones que se le aplicaron en cada caso.
19) Informe desde cuando presta servicios la consultora LAHAM y Asociados, el monto pagado y los asesoramientos efectiva y fehacientemente brindados. Indique además, si el Lic. Edmundo Guitart, ex director de Recursos Humanos de la Gestión de Julio Miranda tiene alguna relación de asesoramiento a la APT a través de LAHAM.
20) Informe si tres directivos de la Asociación de Prensa de Tucumán Luis Urtubey (secretario Adjunto), Domingo Gil (secretario Gremial) y Pablo Neder (vocal) firmaron la orden para que un inspector de la DIPSA retirara $ 4.000 para que "gestione" la habilitación de Prensa Club para que pueda ser usado por los afiliados y alquilado a terceros. Cabe recordar que el trámite en cuestión de habilitación se hace en unas 72 horas y su costo es cercano a los $ 150.
21) Listado de las propiedades inmuebles a nombre de la APT y/o su obra social como así también el listado de los inmuebles que se alquilan –si los hubiere- ya que tenemos entendido que la APT o su obra social –por ejemplo- paga alquiler por el terreno usado como cancha de fútbol del Club de Prensa. Al respecto solicitamos un detallado informe sobre lo recaudado en concepto de uso/alquiler de los servicios de este (pileta, merenderos, cancha, etc) como así también infórmese sobre el tipo de cobertura de responsabilidad civil, si existiere.
22) Detallado informe sobre el uso de la casa de la APT en horco Molle en el que conste los pedidos fehacientes de uso para festejos por parte de afiliados y no afiliados, su nombre, el mecanismo de otorgamiento –sorteo, selección, discrecional, etc-, el monto cobrado –si es que se cobró- y el tipo de cobertura del seguro contratado por la APT –si es que existe- para este inmueble.
Es dable destacar que siendo el nuestro un gremio de trabajadores de prensa, fundado mayoritariamente por periodistas y siendo incluso su secretario General un periodista que tiene escritos un sinnúmero de notas en defensa del acceso a la información es que descontamos el entendimiento de la comisión directiva a nuestro requerimiento.
Para darle la seriedad y solemnidad que la comunicación entre uds y los abajo peticionantes requiere, es que constituimos -a todo efecto- domicilio legal en calle Rondeau 647 de San Miguel de Tucumán.
Por último, sabiendo fehacientemente que muchos de los datos de la APT se encuentran en soporte informático y a los efectos de agilizar la entrega de información solicitada es que adjuntamos a la presente 10 CDs vírgenes y una resma de papel a fin de coadyuvar a paliar los costos de las copias solicitadas.
Sin otro particular, y a la espera de una pronta, seria y completa respuesta de su parte los saludamos respetuosamente.
20.12.07
El dudoso y arbitrario manejo de fondos y recursos de la APT y la Obra Social
Tres directivos de la Asociación de Prensa de Tucumán le pagaron $ 4.000 a un inspector de Dipsa para que “gestione” la habilitación de Prensa Club para que pueda ser usado por los afiliados y alquilado a terceros. El trámite de habilitación se hace en unas 72 horas y cuesta alrededor de $ 150, lo que hace inexplicable que se haya entregado ese monto.
El inspector terminó siendo sumariado, y es probable que ese expediente termine en una fiscalía penal por tratarse, aparentemente, de un caso de cohecho. Y se sabe, coimero no es sólo el que recibe, sino también el que da. Los directivos que firmaron la orden para que el inspector retirara el dinero son Luis Urtubey (secretario Adjunto), Domingo Gil (secretario Gremial) y Pablo Neder (vocal).
Lo sucedido nos pone frente a dos situaciones diferentes. Por un lado está la aparente comisión de un delito, que viene a demostrar cómo se mueven las autoridades del gremio y la obra social, o al menos el manejo arbitrario y discrecional de los recursos económicos de la institución. Impunidad es una palabra que cabe para este tipo de casos.
La otra, no menos grave, es que los locales de la APT y la OS no cuentan con las correspondientes habilitaciones municipales para su funcionamiento. No es un dato menor, porque si llegara a pasar algo sería nuestra institución la que debería afrontar gastos y hasta juicios civiles y penales que podrían llevarla a la bancarrota.
Pensemos, como máximo ejemplo de esta situación, que al Prensa Club asisten niños (se alquila para que colegios dicten educación física en ese predio) y ahora nuestros hijos en la colonia de vacaciones. Otros son centros de atención de la salud, y tampoco cuentan con los permisos obligatorios; el único local en condiciones es el de Junín 775 (estos datos constan fueron recabados en oficinas de la Dipsa).
Los abogados consultados consideraron que estaría configurada la figura del cohecho activo. Pero recomendaron esperar a que concluya el sumario de Dipsa. Pero nosotros creemos que es necesario poner a consideración de todos los afiliados del gremio esta información.
Más allá de lo que diga el Código Penal, el caso está en contradicción con la ética y la moral de cualquier dirigente gremial.
Consideramos que es un hecho grave, más allá de los montos y de las formas aparentemente legales en que se hicieron los trámites, y que debe estar en conocimiento de todos los afiliados de la APT. Hay que tener en cuenta la responsabilidad que todos tenemos como afiliados de lo que pueda pasar, pero sobre todo del compromiso de quienes fueron elegidos para administrar algo que no les pertenece.
Ante este tipo de acontecimientos, el beneficio de la duda empieza a desdibujarse con suficientes motivos, y a alimentar rumores y habladurías. Lo que estamos exponiendo acá y ahora es concreto y comprobable, puede llevar a pensar que hay muchas más cosas que los afiliados desconocemos.
Lo que hace más compleja la situación es que mientras se producen estas anomalías, hay compañeros a los que se les limitan las prestaciones de salud porque las empresas no hacen los aportes correspondientes.
¿No sería más lógico cuidar el dinero de todos, y reinvertirlo en el bienestar de los trabajadores, en lugar de pagarle a dudosos “gestores”? ¿No es ese el rol que deberían cumplir la OS y el gremio? ¿Hasta cuándo vamos a pagar los platos rotos de una dirigencia que nos ve como números o enemigos y no como aquellos a quienes debería proteger?
Estas son dos instituciones que se hicieron grandes y respetables por la conducta y la lucha de muchos compañeros, y como afiliados no quisiéramos verla destruida por las mañas y malos hábitos de dirigentes que sólo buscan seguir atornillados a sillones desde los que manejan la salud y la situación laboral de todos nosotros.
Por eso, es necesario que las autoridades del gremio y de la OS expliquen la situación y confirmen si hubo hechos similares. El gremio es de todos, y tenemos que cuidarlo. Mantengámosnos atentos, y exijamos que los directivos rindan cuentas de cómo y en qué gastan nuestro dinero.
Lo expuesto anteriormente está acreditado en el expediente 15153/260 de la Dirección de Producción y Saneamiento de la Muinicipalidad de San Miguel de Tucumán, cuyas copias autenticadas están en nuestro proder. Si quiere consultarse, están a disposición.
Corriente de Trabajadores de Prensa
Facundo Pereyra, Alejandro Díaz, Valeria Totongi y Julio Valenzuela.
El inspector terminó siendo sumariado, y es probable que ese expediente termine en una fiscalía penal por tratarse, aparentemente, de un caso de cohecho. Y se sabe, coimero no es sólo el que recibe, sino también el que da. Los directivos que firmaron la orden para que el inspector retirara el dinero son Luis Urtubey (secretario Adjunto), Domingo Gil (secretario Gremial) y Pablo Neder (vocal).
Lo sucedido nos pone frente a dos situaciones diferentes. Por un lado está la aparente comisión de un delito, que viene a demostrar cómo se mueven las autoridades del gremio y la obra social, o al menos el manejo arbitrario y discrecional de los recursos económicos de la institución. Impunidad es una palabra que cabe para este tipo de casos.
La otra, no menos grave, es que los locales de la APT y la OS no cuentan con las correspondientes habilitaciones municipales para su funcionamiento. No es un dato menor, porque si llegara a pasar algo sería nuestra institución la que debería afrontar gastos y hasta juicios civiles y penales que podrían llevarla a la bancarrota.
Pensemos, como máximo ejemplo de esta situación, que al Prensa Club asisten niños (se alquila para que colegios dicten educación física en ese predio) y ahora nuestros hijos en la colonia de vacaciones. Otros son centros de atención de la salud, y tampoco cuentan con los permisos obligatorios; el único local en condiciones es el de Junín 775 (estos datos constan fueron recabados en oficinas de la Dipsa).
Los abogados consultados consideraron que estaría configurada la figura del cohecho activo. Pero recomendaron esperar a que concluya el sumario de Dipsa. Pero nosotros creemos que es necesario poner a consideración de todos los afiliados del gremio esta información.
Más allá de lo que diga el Código Penal, el caso está en contradicción con la ética y la moral de cualquier dirigente gremial.
Consideramos que es un hecho grave, más allá de los montos y de las formas aparentemente legales en que se hicieron los trámites, y que debe estar en conocimiento de todos los afiliados de la APT. Hay que tener en cuenta la responsabilidad que todos tenemos como afiliados de lo que pueda pasar, pero sobre todo del compromiso de quienes fueron elegidos para administrar algo que no les pertenece.
Ante este tipo de acontecimientos, el beneficio de la duda empieza a desdibujarse con suficientes motivos, y a alimentar rumores y habladurías. Lo que estamos exponiendo acá y ahora es concreto y comprobable, puede llevar a pensar que hay muchas más cosas que los afiliados desconocemos.
Lo que hace más compleja la situación es que mientras se producen estas anomalías, hay compañeros a los que se les limitan las prestaciones de salud porque las empresas no hacen los aportes correspondientes.
¿No sería más lógico cuidar el dinero de todos, y reinvertirlo en el bienestar de los trabajadores, en lugar de pagarle a dudosos “gestores”? ¿No es ese el rol que deberían cumplir la OS y el gremio? ¿Hasta cuándo vamos a pagar los platos rotos de una dirigencia que nos ve como números o enemigos y no como aquellos a quienes debería proteger?
Estas son dos instituciones que se hicieron grandes y respetables por la conducta y la lucha de muchos compañeros, y como afiliados no quisiéramos verla destruida por las mañas y malos hábitos de dirigentes que sólo buscan seguir atornillados a sillones desde los que manejan la salud y la situación laboral de todos nosotros.
Por eso, es necesario que las autoridades del gremio y de la OS expliquen la situación y confirmen si hubo hechos similares. El gremio es de todos, y tenemos que cuidarlo. Mantengámosnos atentos, y exijamos que los directivos rindan cuentas de cómo y en qué gastan nuestro dinero.
Lo expuesto anteriormente está acreditado en el expediente 15153/260 de la Dirección de Producción y Saneamiento de la Muinicipalidad de San Miguel de Tucumán, cuyas copias autenticadas están en nuestro proder. Si quiere consultarse, están a disposición.
Corriente de Trabajadores de Prensa
Facundo Pereyra, Alejandro Díaz, Valeria Totongi y Julio Valenzuela.
La Justicia condenó a la APT por el intento de expulsar a dos compañeros
El juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IV Nominación resolvió hacer lugar a la Acción de Amparo interpuesta por Alejandro Díaz y Marcelo Cuello, (trabajadores de prensa de El periódico y Canal 10, respectivamente) en contra de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), por la arbitraria e ilegal convocatoria a una asamblea gremial que tenía por objeto la expulsión de estos dos compañeros, ambos delegados de empresas periodísticas.
Con ello, la jueza Molina le dio la razón a los dos afiliados de la APT y en su fallo consideró que la entidad gremial "ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa", en la vergonzosa convocatoria de la comisión directiva de la APT. Asamblea que nunca llegó a realizarse por la denuncia ante la Justicia provincial que realizaron los compañeros Díaz y Cuello posibilitando así, la desarticulación de esta maniobra ilegal con una medida cautelar dictada el pasado 17 de octubre.
Además, condenó a la entidad gremial a pagar las costas, "por cuanto fue la causante (APT) de los gastos ocasionados en este juicio" desestimando así, el pedido de los abogados del sindicato de los periodistas. Una causa que además develó otro condimento que no podemos dejar de alertar y repudiar: la actual comisión directiva tiene contratado los servicios del Estudio Jurídico López Domínguez, el mismo equipo de abogados que asiste a las empresa periodísticas La Gaceta, El siglo y El periódico. En este último medio, López Domínguez fue el encargado de notificar por los menos una decena de despidos que se produjeron durante los últimos dos años en ese medio y de confeccionar los acuerdos indemnizatorios. Es decir, la APT contrató a un equipo de abogados que está de los dos lados del mostrador.
Esta decisión no es un dato menor, si se lo ve a la luz de la preocupación por el daño patrimonial a nuestro gremio y que en este caso tiene claros responsables: el secretario general, Oscar Gijena, el resto de la Comisión Directiva y los actuales asesores legales de la APT.
Es por eso que desde la Corriente de Trabajadores de Prensa exigimos que el pago de las costas que fijó la Justicia se descuente de los sueldos gremiales que perciben los directivos de la APT, hasta liquidar el total de la demanda y se aclare por qué el gremio de los trabajadores de prensa contrató a un estudio jurídico que también asiste a la patronal.
Lo que dice el fallo
En su fallo la jueza Molina El juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IV Nominación resalta:
"Que, atento a los argumentos esgrimidos por la parte actora para entablar esta demanda, los hechos fácticos y jurídicos que se encuentran involucrados en esta acción y pruebas aportadas sobre los mismos, hechos que además fundamentaron la concesión de la Medida Cautelar dictada en autos, cuyo objeto coincide con el objeto de la pretensión principal, se concluye que la cuestión de fondo del amparo está referida puntualmente al procedimiento seguido por la asociación sindical (APT) para ejercer su facultad disciplinaria, el que efectivamente se encuentra viciado de nulidad, tal como se dijo en la Resolución de fecha 17/10/07, que hizo lugar a la precautoria ante la incertidumbre del perjuicio inminente que le acarrearía al actor si se lleva a cabo la mentada asamblea en la forma prevista…".
Y continúa:
"Desde esta óptica considero que le asiste razón a los accionante, toda que ve que la convocatoria de la entidad sindical ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa del afectado, lo que hace viable la acción amparista impetrada, sumado a ello el allanamiento manifestado por la demandada, en forma expresa y contundiente, por lo que correspondo hacer lugar a esta demanda. Así lo declaro".
Por lo que finalmente resuelve:
1º) Hacer lugar a esta acción de amparo, interpuesta por Alejandro Marcel Díaz y Marcelo Arturo Cuello, en contra de la Asociación de Prensa de Tucumán, atento al allanamiento expresión por la parte demandada, y habiéndose concretado la pretensión de esta acción en la Medida Cautelar ordenada en autos, se dan por concluídas estas actuacioes, conforme a lo explicitado".
2º) Costas: a la parte vencida –demandada según se considera.
3º) Honorarios: oportunamente según fuera considerado.
4º) Notifíquese con habilitación de día y hora.
Hágase saber.
Con ello, la jueza Molina le dio la razón a los dos afiliados de la APT y en su fallo consideró que la entidad gremial "ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa", en la vergonzosa convocatoria de la comisión directiva de la APT. Asamblea que nunca llegó a realizarse por la denuncia ante la Justicia provincial que realizaron los compañeros Díaz y Cuello posibilitando así, la desarticulación de esta maniobra ilegal con una medida cautelar dictada el pasado 17 de octubre.
Además, condenó a la entidad gremial a pagar las costas, "por cuanto fue la causante (APT) de los gastos ocasionados en este juicio" desestimando así, el pedido de los abogados del sindicato de los periodistas. Una causa que además develó otro condimento que no podemos dejar de alertar y repudiar: la actual comisión directiva tiene contratado los servicios del Estudio Jurídico López Domínguez, el mismo equipo de abogados que asiste a las empresa periodísticas La Gaceta, El siglo y El periódico. En este último medio, López Domínguez fue el encargado de notificar por los menos una decena de despidos que se produjeron durante los últimos dos años en ese medio y de confeccionar los acuerdos indemnizatorios. Es decir, la APT contrató a un equipo de abogados que está de los dos lados del mostrador.
Esta decisión no es un dato menor, si se lo ve a la luz de la preocupación por el daño patrimonial a nuestro gremio y que en este caso tiene claros responsables: el secretario general, Oscar Gijena, el resto de la Comisión Directiva y los actuales asesores legales de la APT.
Es por eso que desde la Corriente de Trabajadores de Prensa exigimos que el pago de las costas que fijó la Justicia se descuente de los sueldos gremiales que perciben los directivos de la APT, hasta liquidar el total de la demanda y se aclare por qué el gremio de los trabajadores de prensa contrató a un estudio jurídico que también asiste a la patronal.
Lo que dice el fallo
En su fallo la jueza Molina El juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IV Nominación resalta:
"Que, atento a los argumentos esgrimidos por la parte actora para entablar esta demanda, los hechos fácticos y jurídicos que se encuentran involucrados en esta acción y pruebas aportadas sobre los mismos, hechos que además fundamentaron la concesión de la Medida Cautelar dictada en autos, cuyo objeto coincide con el objeto de la pretensión principal, se concluye que la cuestión de fondo del amparo está referida puntualmente al procedimiento seguido por la asociación sindical (APT) para ejercer su facultad disciplinaria, el que efectivamente se encuentra viciado de nulidad, tal como se dijo en la Resolución de fecha 17/10/07, que hizo lugar a la precautoria ante la incertidumbre del perjuicio inminente que le acarrearía al actor si se lleva a cabo la mentada asamblea en la forma prevista…".
Y continúa:
"Desde esta óptica considero que le asiste razón a los accionante, toda que ve que la convocatoria de la entidad sindical ha violado garantías constitucionales como el Debido Proceso Legal y Derecho a la Defensa del afectado, lo que hace viable la acción amparista impetrada, sumado a ello el allanamiento manifestado por la demandada, en forma expresa y contundiente, por lo que correspondo hacer lugar a esta demanda. Así lo declaro".
Por lo que finalmente resuelve:
1º) Hacer lugar a esta acción de amparo, interpuesta por Alejandro Marcel Díaz y Marcelo Arturo Cuello, en contra de la Asociación de Prensa de Tucumán, atento al allanamiento expresión por la parte demandada, y habiéndose concretado la pretensión de esta acción en la Medida Cautelar ordenada en autos, se dan por concluídas estas actuacioes, conforme a lo explicitado".
2º) Costas: a la parte vencida –demandada según se considera.
3º) Honorarios: oportunamente según fuera considerado.
4º) Notifíquese con habilitación de día y hora.
Hágase saber.
9.11.07
La CTP contra el trabajo en negro
La Corriente de Trabajadores de Prensa se suma a la campaña contra el trabajo en negro, y brinda su apoyo a todas las gestiones que los organismos públicos o nuestro sindicato lleven adelante para combatir la precariedad laboral con que nuestros compañeros de distintos medios de comunicación deben desarrollar sus tareas. Este documento le fue entregado a la Comisión Directiva de la APT:
Se solicita su difusión por www.primerafuente.com.ar sin recortes ya que al ser un medio digital es posible su publicación completa y fiel. Por ello se encuentra enviado un mail a los miembros de la directiva y a la redacción de primerafuente.
A la Comisión directiva de la
Asociación de Prensa de Tucumán
S / D
Los compañeros integrantes de la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP) no podemos menos que saludar el combate al trabajo en negro que parece empezar a librar el gobierno provincial en consonancia con directivas nacionales.
A su vez, y como la informalidad laboral es una de las manifestaciones de la indignidad en la que se ven sumidos muchos compañeros trabajadores de prensa, es que queremos dejar sentado públicamente nuestro apoyo a todas las medidas que se tomen para combatir esta práctica tan expandida como oprobiosa.
Por eso, y ante las recientes declaraciones a los medios del secretario general de nuestro gremio Oscar Armando Gijena en el sentido de que "es fundamental aprovechar esta ofensiva contra el trabajo en negro para poder poner en la superficie los derechos de cientos de compañeros en la provincia" es que desde la CTP les recordamos a ustedes -en tanto directivos actuales de la APT- que el combate contra el trabajo no registrado no es una cuestión espasmódica ni una oportunidad para “aprovechar”, sino un imperativo moral y legal que tiene que cumplir y hacer cumplir la APT porque que surge de la Constitución y las leyes vigentes. Por tanto, proponemos que para una ofensiva seria contra este flagelo la Asociación de Prensa de Tucumán establezca un cronograma permanente de inspección junto a la secretaría de Trabajo de la provincia.
También invitamos a todos los compañeros de prensa –en especial a los directivos del gremio que poseen inmunidad sindical- a abandonar el miedo y denunciar a los inescrupulosos y aventureros que tengan compañeros en condiciones precarias y/o desnaturalizadas de relación laboral ya que la actual conducción lleva 8 años al frente de la APT y –paradójicamente- el incremento en estos años del trabajo en negro y la precarización del trabajador de prensa resulta alarmante.
En resumen, la Corriente de Trabajadores de Prensa adhiere a toda campaña que tienda a desterrar al trabajo en negro de nuestra actividad y condena a todos aquellos aventureros con apariencia de empresarios que impulsen esta práctica en los medios de comunicación ya sean éstos funcionarios, legisladores o gobernadores. A ellos, todo el peso de la ley.
Una acción urgente e impostergable
Aprovechamos también la oportunidad para manifestarles nuestra preocupación a la conducción del gremio de prensa de la oprobiosa situación por la que atraviesan numerosos compañeros de distintos medios de comunicación de la provincia en general, y el diario El Siglo en particular.
Los trabajadores de ese tradicional matutino sufren la incertidumbre de información veraz ante las numerosas versiones relacionadas con el futuro de esa empresa. Es de público conocimiento que el ingenio San Juan es la proveedora de fondos para la sustentabilidad de ese medio gráfico, por lo que la ausencia de información clara sobre esta situación trae incertidumbre al personal del diario y a sus familias. Sobre todo por las aparentemente fallidas tareas de rescate empresario en el marco de la quiebra (cramdown) de la fábrica azucarera y las directas consecuencias que tendrían en el sostenimiento económico del matutino.
Cabe recordar que los trabajadores de El Siglo se encuentran entre los periodistas gráficos peores remunerados, con condiciones laborales que distan de ser las óptimas y con un alto número de trabajadores que revisten las condiciones de precariedad y trabajo en negro que se quiere combatir. A pesar de ello, la labor de periodistas, diagramadores, fotógrafos y hasta imprenteros resulta encomiable a la luz de esas condiciones laborales y su voluntad de trabajo y dedicación, le ha permitido sostenerse en el mercado gráfico durante 17 años en forma ininterrumpida.
Sumado a todo esto, El Siglo tiene una "peculiar" conformación empresaria ya que intervienen en su staff diferentes razones sociales y los trabajadores pertenecen a una u otra, cuando su función es la misma dentro de la redacción.
Liberta de expresión y sustentabilidad
El caso de El Siglo es una clara muestra de que de una vez por todas nuestro gremio debe sentar postura respecto de los criterios de distribución de la pauta oficial y así aportar a la transparencia y la equidad en la distribución de dichos dineros que garanticen el desenvolvimiento de los medios y su sustentabilidad en un marco de pluralidad de opinión que dignifique la labor periodística tanto en lo profesional como en lo laboral. La pauta oficial no puede ser un instrumento de censura o de compra de opinión sino de aseguramiento de la pluralidad de las ideas en democracia –insistimos- y, sobre todo, una herramienta para asegurar la libertad de expresión, la divulgación del conocimiento y la información pública.
Por último, coincidimos con los dichos del señor secretario general Oscar Armando Gijena, reflejados en el portal www.primerafuente.com.ar de que "van a venir momentos más complicados aún y por eso necesitamos un gremio unido, con trabajadores que defiendan a su organización y no equivoquen el enemigo". Por eso, desde la Corriente de Trabajadores de Prensa consideramos como únicos enemigos: el trabajo en negro, la precarización del trabajador de Prensa, la violencia moral y la censura, la falta de acceso a la información y el oscurantismo, los dobles discursos y el enriquecimiento ilícito, la ilegalidad y el delito como formas de la política, y el patoterismo institucional y empresario sobre nuestros compañeros y toda otra forma de sometimiento de la libertad y la dignidad de los trabajadores de prensa.
Sin otro particular, nos despedimos de ustedes respetuosamente.
Se solicita su difusión por www.primerafuente.com.ar sin recortes ya que al ser un medio digital es posible su publicación completa y fiel. Por ello se encuentra enviado un mail a los miembros de la directiva y a la redacción de primerafuente.
A la Comisión directiva de la
Asociación de Prensa de Tucumán
S / D
Los compañeros integrantes de la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP) no podemos menos que saludar el combate al trabajo en negro que parece empezar a librar el gobierno provincial en consonancia con directivas nacionales.
A su vez, y como la informalidad laboral es una de las manifestaciones de la indignidad en la que se ven sumidos muchos compañeros trabajadores de prensa, es que queremos dejar sentado públicamente nuestro apoyo a todas las medidas que se tomen para combatir esta práctica tan expandida como oprobiosa.
Por eso, y ante las recientes declaraciones a los medios del secretario general de nuestro gremio Oscar Armando Gijena en el sentido de que "es fundamental aprovechar esta ofensiva contra el trabajo en negro para poder poner en la superficie los derechos de cientos de compañeros en la provincia" es que desde la CTP les recordamos a ustedes -en tanto directivos actuales de la APT- que el combate contra el trabajo no registrado no es una cuestión espasmódica ni una oportunidad para “aprovechar”, sino un imperativo moral y legal que tiene que cumplir y hacer cumplir la APT porque que surge de la Constitución y las leyes vigentes. Por tanto, proponemos que para una ofensiva seria contra este flagelo la Asociación de Prensa de Tucumán establezca un cronograma permanente de inspección junto a la secretaría de Trabajo de la provincia.
También invitamos a todos los compañeros de prensa –en especial a los directivos del gremio que poseen inmunidad sindical- a abandonar el miedo y denunciar a los inescrupulosos y aventureros que tengan compañeros en condiciones precarias y/o desnaturalizadas de relación laboral ya que la actual conducción lleva 8 años al frente de la APT y –paradójicamente- el incremento en estos años del trabajo en negro y la precarización del trabajador de prensa resulta alarmante.
En resumen, la Corriente de Trabajadores de Prensa adhiere a toda campaña que tienda a desterrar al trabajo en negro de nuestra actividad y condena a todos aquellos aventureros con apariencia de empresarios que impulsen esta práctica en los medios de comunicación ya sean éstos funcionarios, legisladores o gobernadores. A ellos, todo el peso de la ley.
Una acción urgente e impostergable
Aprovechamos también la oportunidad para manifestarles nuestra preocupación a la conducción del gremio de prensa de la oprobiosa situación por la que atraviesan numerosos compañeros de distintos medios de comunicación de la provincia en general, y el diario El Siglo en particular.
Los trabajadores de ese tradicional matutino sufren la incertidumbre de información veraz ante las numerosas versiones relacionadas con el futuro de esa empresa. Es de público conocimiento que el ingenio San Juan es la proveedora de fondos para la sustentabilidad de ese medio gráfico, por lo que la ausencia de información clara sobre esta situación trae incertidumbre al personal del diario y a sus familias. Sobre todo por las aparentemente fallidas tareas de rescate empresario en el marco de la quiebra (cramdown) de la fábrica azucarera y las directas consecuencias que tendrían en el sostenimiento económico del matutino.
Cabe recordar que los trabajadores de El Siglo se encuentran entre los periodistas gráficos peores remunerados, con condiciones laborales que distan de ser las óptimas y con un alto número de trabajadores que revisten las condiciones de precariedad y trabajo en negro que se quiere combatir. A pesar de ello, la labor de periodistas, diagramadores, fotógrafos y hasta imprenteros resulta encomiable a la luz de esas condiciones laborales y su voluntad de trabajo y dedicación, le ha permitido sostenerse en el mercado gráfico durante 17 años en forma ininterrumpida.
Sumado a todo esto, El Siglo tiene una "peculiar" conformación empresaria ya que intervienen en su staff diferentes razones sociales y los trabajadores pertenecen a una u otra, cuando su función es la misma dentro de la redacción.
Liberta de expresión y sustentabilidad
El caso de El Siglo es una clara muestra de que de una vez por todas nuestro gremio debe sentar postura respecto de los criterios de distribución de la pauta oficial y así aportar a la transparencia y la equidad en la distribución de dichos dineros que garanticen el desenvolvimiento de los medios y su sustentabilidad en un marco de pluralidad de opinión que dignifique la labor periodística tanto en lo profesional como en lo laboral. La pauta oficial no puede ser un instrumento de censura o de compra de opinión sino de aseguramiento de la pluralidad de las ideas en democracia –insistimos- y, sobre todo, una herramienta para asegurar la libertad de expresión, la divulgación del conocimiento y la información pública.
Por último, coincidimos con los dichos del señor secretario general Oscar Armando Gijena, reflejados en el portal www.primerafuente.com.ar de que "van a venir momentos más complicados aún y por eso necesitamos un gremio unido, con trabajadores que defiendan a su organización y no equivoquen el enemigo". Por eso, desde la Corriente de Trabajadores de Prensa consideramos como únicos enemigos: el trabajo en negro, la precarización del trabajador de Prensa, la violencia moral y la censura, la falta de acceso a la información y el oscurantismo, los dobles discursos y el enriquecimiento ilícito, la ilegalidad y el delito como formas de la política, y el patoterismo institucional y empresario sobre nuestros compañeros y toda otra forma de sometimiento de la libertad y la dignidad de los trabajadores de prensa.
Sin otro particular, nos despedimos de ustedes respetuosamente.
19.10.07
Gracias compañeros
Será Justicia
Yo vivo de preguntar,
saber no puede ser lujo
(…) Si saber no es un derecho,
seguro será un izquierdo…
Silvio Rodríguez, "Escaramujo".
Fue un duro trance pero al final, la Justicia hizo lugar a mi pedido de amparo, decretó la nulidad de la convocatoria de la asamblea convocada por la APT para tratar mi expulsión y la de Marcelo Cuello, y preservó mis derechos, que habían sido injustamente lesionados. Es cierto, la cuestión de fondo resta resolverse, PERO LA JUEZA OLGA MEDINA INTERPRETÓ QUE... se había cometido un atropello, y marcó un antecedente singular que nos invita a reflexionar sobre el accionar de los actuales dirigentes de la Asociación de Prensa. A mi entender, fue una medida contra la intolerancia y por el respeto de la vida democrática en las instituciones gremiales.
Apelar a la Justicia fue nuestro último recurso. Y pluralizo la acción porque detrás de tal decisión estuvo la inteligencia común, la solidaridad, el compañerismo y la esperanza de que la verdad puede contra la política del "prepo" en nuestra institución sindical.
Es por eso que en esta pequeña nota quiero agradecer el apoyo que recibí de decenas de compañeros de La Gaceta, El Siglo y El Tribuno. De las radios AM y FM donde hay valerosos compañeros que no dudaron en manifestar su solidaridad para conmigo y Marcelo, porque en más de una oportunidad hemos recorrido juntos las calles. A los colegas de los canales de televisión de aire y de cable, y a mis compañeros de El Periódico que por unanimidad me hicieron el aguante no sólo en el reclamo, sino también en el laburo.
Y me voy a permitir agradecer particularmente a Facundo Pereyra, Julio Valenzuela, Gustavo Rodríguez, Valeria Totongi, Carolina Sana, Maby Sosa, Mario Endrizzi, Corcho Rodríguez, Carlitos Páez, Fernando Álvarez, Rodrigo Rodríguez y Juan Esterman, que me dieron su apoyo incondicional moral y hasta económicamente para llevar mi reclamo a la Justicia. Ahora sí hay una luz al final del túnel.
Para los actuales dirigentes de la APT una sola recordación: del ridículo no se vuelve.
Parece entonces compañeros que vivimos un nuevo despertar en la APT y habrá que defenderlo. Porque confirmé una vez más, que nuestro gremio está corporizado en cada uno de nosotros y no en un moderno edificio de relucientes cristales.
Nuevamente: Muchas gracias y hasta siempre
Alejandro Díaz
Afiliado APT: 1245
Delegado Suplente de El Periódico
Yo vivo de preguntar,
saber no puede ser lujo
(…) Si saber no es un derecho,
seguro será un izquierdo…
Silvio Rodríguez, "Escaramujo".
Fue un duro trance pero al final, la Justicia hizo lugar a mi pedido de amparo, decretó la nulidad de la convocatoria de la asamblea convocada por la APT para tratar mi expulsión y la de Marcelo Cuello, y preservó mis derechos, que habían sido injustamente lesionados. Es cierto, la cuestión de fondo resta resolverse, PERO LA JUEZA OLGA MEDINA INTERPRETÓ QUE... se había cometido un atropello, y marcó un antecedente singular que nos invita a reflexionar sobre el accionar de los actuales dirigentes de la Asociación de Prensa. A mi entender, fue una medida contra la intolerancia y por el respeto de la vida democrática en las instituciones gremiales.
Apelar a la Justicia fue nuestro último recurso. Y pluralizo la acción porque detrás de tal decisión estuvo la inteligencia común, la solidaridad, el compañerismo y la esperanza de que la verdad puede contra la política del "prepo" en nuestra institución sindical.
Es por eso que en esta pequeña nota quiero agradecer el apoyo que recibí de decenas de compañeros de La Gaceta, El Siglo y El Tribuno. De las radios AM y FM donde hay valerosos compañeros que no dudaron en manifestar su solidaridad para conmigo y Marcelo, porque en más de una oportunidad hemos recorrido juntos las calles. A los colegas de los canales de televisión de aire y de cable, y a mis compañeros de El Periódico que por unanimidad me hicieron el aguante no sólo en el reclamo, sino también en el laburo.
Y me voy a permitir agradecer particularmente a Facundo Pereyra, Julio Valenzuela, Gustavo Rodríguez, Valeria Totongi, Carolina Sana, Maby Sosa, Mario Endrizzi, Corcho Rodríguez, Carlitos Páez, Fernando Álvarez, Rodrigo Rodríguez y Juan Esterman, que me dieron su apoyo incondicional moral y hasta económicamente para llevar mi reclamo a la Justicia. Ahora sí hay una luz al final del túnel.
Para los actuales dirigentes de la APT una sola recordación: del ridículo no se vuelve.
Parece entonces compañeros que vivimos un nuevo despertar en la APT y habrá que defenderlo. Porque confirmé una vez más, que nuestro gremio está corporizado en cada uno de nosotros y no en un moderno edificio de relucientes cristales.
Nuevamente: Muchas gracias y hasta siempre
Alejandro Díaz
Afiliado APT: 1245
Delegado Suplente de El Periódico
18.10.07
La Justicia frenó el atropello
La Justicia ordenó suspender la asamblea extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa de Tucumán para analizar la expulsión de dos de sus afiliados.
La jueza de Conciliación y Trámite del Trabajo IV, Olga Medina, consideró que “el procedimiento resulta nulo desde su inicio porque (en la convocatoria publicada en La Gaceta el 10-10-07) omite precisar quién o quiénes son los dos afiliados gremiales que van a ser sometidos a este proceso de expulsión”. La jueza también tuvo en cuenta que los afiliados en cuestión se encuentran en “total estado de indefensión”, debido a que se les negó información sobre los motivos por los que se los acusa.
La medida cautelar fue planteada judicialmente por Alejandro Jade Díaz (delegado de El Periódico), uno de los afiliados a los que la Comisión Cirectiva pretende expulsar. El otro afiliado acusado es Marcelo Cuello (delegado de Canal 10).
La resolución judicial frenó el atropello injustificado al que la Comisión Directiva somete a quienes debería defender, y la arbitrariedad con que se toman las decisiones en el seno de la organización gremial, que pretende tomar represalias con quienes disienten con su forma de actuar.
CORRIENTE DE TRABAJADORES DE PRENSA
Un paradójico día de la "lealtad"
(Por Alejandro Díaz).- La mayoría de los periodistas tucumanos nos debatimos día a día, entre el reconocimiento y la crítica a nuestra labor periodística, y las penurias económicas. Entre los apuros del cierre de una edición y las corridas detrás de un entrevistado; entre el mal humor de nuestros jefes, la incertidumbre laboral, el pago de la tarjeta de crédito, las boletas de la luz, el gas, el teléfono, el alquiler y ahora…también entre los aprietes de quienes dicen ser nuestros representantes "gremiales".
Casi son las diez de la noche y no he logrado bajar una tecla para el semanario que me da comer. Pido disculpas por eso y algo de indulgencia. Desde la semana pasada, cuando el rumor de una maniobra para expulsar afiliados del gremio de prensa ganó la calle perdí concentración en mi trabajo. Es que mi nombre resonó en una reunión de comisión directiva y no fue para adularme. Al final, el rumor se corporizó en la convocatoria de la Asociación de Prensa a una asamblea extraordinaria con el solo propósito de expulsar a dos compañeros.
Aquella solicitada en La Gaceta se transformó en una noticia (materia prima de nuestra profesión), invitando a indagar el trasfondo del perentorio llamado de la APT para tratar la aplicación de extremas medidas disciplinarias. Anoticiado, entonces, me dispuse a buscar más información y elabore mi propio cuestionario.
Dos preguntas me inquietaron: ¿quiénes eran los dos afiliados gremiales? y ¿de qué se los acusa?
Apelé entonces a lograr algún dato, y como en toda investigación periodística busqué un comentario, un rumor, un dicho, que me pusiera sobre la pista. Pero el secretario Gremial, Domingo Gil, me ahorro el esfuerzo. En la noche del 10 de octubre, y telefónicamente, me reconoció que la asamblea convocada por la APT tenía como objeto expulsarme de la institución. "Es por vos y Marcelo Cuello", me dijo. Una afirmación que resolvía el primer interrogante aunque de manera extraoficial.
Segundo interrogante: ¿De qué se me acusa?
No puedo lamentar que el secretario gremial y gerente comercial de la Obra Social (las asociaciones de las palabras gremio-comercio son pura casualidad), se haya sentido incomodo por mi pregunta, es por eso que me decidí visitarlo y el viernes 12 partí a la sede del gremio. Pero esta vez no fui solo.
Encontré a Domingo Gil junto a Sixto Rocha (vocal de la APT y de la OSPPT) y a Pablo Neder (vocal de la APT y Tesorero de la OSPPT) en la oficina del primer piso de la APT.
Con un breve saludo les presenté a mis invitados: mi abogado y una escribana que invité para solicitar formalmente copias del acta del llamado a la asamblea extraordinaria con el objeto de encontrar respuestas. Solo me informaron que el que suscribe era uno de los 2 afiliados gremiales sobre los que pesarían la expulsión del gremio, que el libro de actas no estaba en la institución y que las razones se expondrían el día de la asamblea. Segundo interrogante, sin respuesta.
El párrafo que leerán a continuación fue escrito minutos después de la medianoche de hoy pero para mí, sigue siendo redactado durante esta injuriosa jornada que no termina de irse.
El 17 de octubre (fecha histórica para el peronismo) podría enmarcarse también, como el día del quiebre institucional de nuestro gremio. Como muchos de ustedes habrán leído, el portal de noticias de la APT primerafuente publicó detalles de la convocatoria a la asamblea que se realizará hoy y se animó a especular extraoficialmente, sobre las razones que impulsaron a la Comisión Directiva del gremio para expulsar a dos compañeros y hasta se animaron a mencionarlos con sus nombres y apellidos.
Por otro lado, una carta documento llegaba a mi domicilio notificándome de la asamblea. Insólitamente la carta firmada por Oscar Gijena y Domingo Gil me informaba que en dicha convocatoria "se tratará la sanción a aplicarse por su inconducta". ¿De qué inconducta estamos hablando? me pregunté. Otra vez, la notificación oficial omitía referirse a las causas de la convocatoria y qué tipo de inconducta (si las hubiere) se me reclamaba. Entonces, ya no tuve dudas. Alguien había dado "la orden" de someternos a un juicio sumarísimo digno de un alto tribunal de la Inquisición donde el derecho a la defensa solo podría ser balbuceado en una hoguera fogoneada por un gran inquisidor.
Ahora bien, me permito insistir con la misma pregunta: ¿De qué se me acusa?
Les solicito que lean detenidamente la carta documento que les adjunto y agudicen su instinto periodístico a fin de encontrar la inquisición en formato legal. ¿Leyeron bien? ¿Se dieron cuenta?
Sí, así es compañeros. Acertaron, a pesar de ser difícil mantener la mente alerta en medio de tanto ruido destinado a confundir, en medio de tanta propaganda que trata de disfrazar la realidad.
El caso Lesnik
Pero imagino que también quieren conocer mi opinión sobre el resonado caso Lesnik. Habrán visto que la APT se encargó de difundir mi declaración y la de Marcelo Cuello. Ustedes tienen la oportunidad de evaluarlas, pero solo el juez que entiende en la causa podrá decidir si nuestro testimonio fue valedero o no. Y al final, como en todo proceso, fallará a favor del demandante o del demandado. Lo cierto es que todavía restan muchos pasos procesales y habrá que esperar la definición de este juicio. Aunque al parecer, antes de tiempo la APT lo dio por perdido.
Ahora bien, de este proceso judicial surgen algunas preguntas:
Si tanto le preocupaba a la comisión directiva de la APT los testimonios que aportamos en este juicio, ¿por qué no nos impugnaron oportunamente como testigos? (tenían 5 días hábiles para hacerlo desde el momento de la presentación de la lista de testigos), o, ¿por qué no impugnaron el contenido de las declaraciones? (también tenían 5 días hábiles después de haber declarado).
Una extraña y poderosa razón ha obrado para no impugnar mi nombre y el de Cuello en calidad de testigos y tampoco impugnar el contenido de nuestras declaraciones en sede judicial. ¿Se tratará de una cortina de humo para esconder desaguisados internos? ¿A quién más le conviene perder este juicio? ¿Cuál fue esa poderosa razón que ahora que pone en peligro el patrimonio de la APT?
Me parece advertir las misma razones que llevaron al abogado de la APT Alvaro Carrizo y al secretario General, Oscar Gijena, a firmar un acuerdo extrajudicial por 45 mil pesos, a favor de un estudio de abogados que dijo sentirse agraviado por un fotografía publicada erróneamente en primerafuente. Guiado por estas mismas y poderosas razones nunca se contempló la rectificación, el pedido de disculpas, ni la oportunidad para demostrar que no hubo "real malicia" en el error. Equivocación que en su oportunidad asumí ante la comisión directiva y que me costó mi trabajo como editor de primerafuente.
Lamentablemente, desoyendo los pedidos de algunos secretarios de la Comisión Directiva (Cuello y Pereyra) el secretario general, Oscar Gijena, accedió al pedido de los demandantes en una manifestación de fe ciega a su asesor legal.
Así, el gremio de prensa sentó una doctrina claudicante respecto de la falibilidad (capacidad para equivocarse) de los periodistas al momento de consignar datos. Es decir, este acuerdo antiperiodístico y oscurantista que otorgo dinero a supuestos damnificados por una nota que hasta aquí, nunca demostró su daño real, viene a confirmar una tesis que parece ser moneda corriente bajo esta conducción: dar por perdido los juicios o los reclamos de terceros contra la APT, donde la opinión de los afiliados ya no importa a la hora de tomar decisiones respecto al patrimonio de nuestro gremio.
El debate pendiente
Es por eso que este 17 de octubre podría ser una buena oportunidad para comenzar a transparentar las conductas que ponen en riesgo el patrimonio de nuestro querido gremio. En la era de Internet las cuentas públicas de la provincia entran en un pent drive. Supongo que no es mucho pedir que las cuentas de la APT y la obra social puedan descargarse de la web. Eso nos permitiría dar un debate serio y –por mi parte- explicar a cualquier colega de buena fe que esté genuinamente interesado en cuidar el gremio, cuál es mi opinión al respecto.
Desde ya que mi ánimo no es el mejor. Les comento que estuve y estaré presente en todos y cada uno de los medios para evacuar las dudas que mis compañeros pudieran tener. Pero repito, no puedo brindarles mayores explicaciones porque a horas de la bendita asamblea gijenista, todavía no conozco oficialmente de qué se me acusa; ni siquiera sus motivos y fundamentos -a pesar de mis esfuerzos que incluso me costaron dinero que no tengo. Mi salario de bolsillo es de $850, tengo 3 hijos en edad escolar, alquilo una modesta casa por $600 y estoy obligado a vivir de prestado.
Espero que en el transcurso de las horas por venir, se aclare definitivamente esta polémica que ha puesto en tela de juicio mi honestidad no solo personal, sino también profesional. No tengo más que confirmar que (Cuello y el que suscribe) hemos sido víctimas de la intolerancia como práctica política dentro de nuestra institución y no me cabe dudas de que seguiremos siendo perseguidos por los actuales burócratas disfrazados de dirigentes gremiales. En su momento sabremos responder.
Defiendo y defendí la pluralidad y diversidad de pensamiento, mi familia y mi profesión Y, a pesar de los riesgos que eso conlleva bajo la actual situación interna de la APT, seguiré condenando las actitudes antidemocráticas que impulsan los "nuevos ricos" de la actividad sindical. La de aquellos que pasean su desvergüenza en autos 0 kilómetro o viajan al exterior para ver un campeonato de fútbol, cuando el 70% de sus representados no llega a cubrir los gastos de la canasta familiar.
Alejandro Díaz
02:05 AM 18 de octubre de 2007-10-18
Afiliado gremial: 1245
Delegado Suplente de El periódico de Tucumán
12.10.07
Trabajo en negro y expulsiones en la APT
"La peor opinión es el silencio" fue una muy buena frase con la que gremios de prensa de todo el país salieron a pelear contra el cerco informativo montado por el menemismo y luego la Alianza. Pero evidentemente esa idea no posee la misma fuerza entre las autoridades de la APT, y hasta proponen desafiliar a compañeros delegados de distintos medios por decir lo que saben.
La cuestión es sencilla. Hace poco más de dos años la APT decidió prescindir de los servicios de Pablo Lesnik, quien tenía a su cargo el diseño y composición de la revista Bajando Teclas (órgano oficial de difusión de nuestro gremio) y otros trabajos que hacía para la institución. Lesnik inició una demanda judicial en reclamo de su indemnización. Hasta ahí, nada fuera de lo normal.
Pero la APT, que es un sindicato, un gremio que debe defender a los trabajadores de los atropellos de las patronales, tenía a este compañero, como a muchos otros, EN NEGRO.
Lesnik propuso una lista de testigos que confirmaran su trabajo para la institución. La Justicia eligió a algunos, y los citó. Marcelo Cuello (delegado de Canal 10) y Alejandro "Jade" Díaz (de El Periódico), fueron a declarar, como otras dos compañeras, que sin embargo parecen no ser pasibles de sanciones a pesar de haber confirmado lo mismo. Dijeron lo que saben: que Lesnik prestaba servicios en la institución.
Para ser notificado, Jade se presentó hoy (viernes 12-10-07) en la sede gremial acompañado por un abogado y una escribana, que labraron acta de lo que los directivos Domingo Gil, Pablo Neder y Sixto Rocha dijeron. A saber: que él es uno de los mencionados en el pedido de expulsión; que el libro de actas del gremio no está en la institución (por ello no pudieron mostrar la resolución), y nada más. Resumiendo, se negaron a brindar información (ver “Inexplicable”).
El problema del TRABAJO EN NEGRO en el gremio fue planteado en su momento por algunos ex directivos, pero la mayoría automática del gijenismo se negó durante mucho tiempo al blanqueo (las actas pueden confirmarlo, si no desaparecieron). Hasta se advirtió sobre las consecuencias negativas que traería aparejado esta irregular contratación de servicios que, en el caso Lesnik, se terminó de verificar.
La Comisión Directiva de la APT, en lugar de hacer una autocrítica sobre su papel como patronal, pide ahora la expulsión de estos dos compañeros (Cuello y Jade Díaz) que casualmente, integran la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP), línea de pensamiento opositora al gijenismo.
Esta es hoy la preocupación de los directivos. Pero nada dicen sobre el despido de cinco empleados de El Periódico en los últimos 15 días, del desmantelamiento gradual y progresivo de la redacción de El Siglo, donde hay muchos empelados en negro y demoras en el pago de sueldos, como ocurre también en El Tribuno.
La Corriente tiene como prioridad la defensa de los derechos laborales de los compañeros, el fortalecimiento de nuestro gremio, la transparencia en la gestión sindical y el compromiso en los principales valores democráticos, la honestidad y la Justicia sin privilegios. De ninguna manera está en el ánimo de sus integrantes destruir nuestro gremio. Es por eso que en varias oportunidades se hicieron críticas y aportes. Participamos en debates y congresos siempre con la idea de contribuir y corregir los errores. Sin embargo, desde la aparición pública de la CTP desde el gijenismo se intentó demonizar a la oposición, silenciar sus opiniones y descalificar a los compañeros que integran la Corriente.
La actual Comisión Directiva debería a empezar a hacerse cargo de las cosas que hace mal en lugar de buscar la expulsión de los que creen que la peor opinión es el silencio.
La cuestión es sencilla. Hace poco más de dos años la APT decidió prescindir de los servicios de Pablo Lesnik, quien tenía a su cargo el diseño y composición de la revista Bajando Teclas (órgano oficial de difusión de nuestro gremio) y otros trabajos que hacía para la institución. Lesnik inició una demanda judicial en reclamo de su indemnización. Hasta ahí, nada fuera de lo normal.
Pero la APT, que es un sindicato, un gremio que debe defender a los trabajadores de los atropellos de las patronales, tenía a este compañero, como a muchos otros, EN NEGRO.
Lesnik propuso una lista de testigos que confirmaran su trabajo para la institución. La Justicia eligió a algunos, y los citó. Marcelo Cuello (delegado de Canal 10) y Alejandro "Jade" Díaz (de El Periódico), fueron a declarar, como otras dos compañeras, que sin embargo parecen no ser pasibles de sanciones a pesar de haber confirmado lo mismo. Dijeron lo que saben: que Lesnik prestaba servicios en la institución.
Para ser notificado, Jade se presentó hoy (viernes 12-10-07) en la sede gremial acompañado por un abogado y una escribana, que labraron acta de lo que los directivos Domingo Gil, Pablo Neder y Sixto Rocha dijeron. A saber: que él es uno de los mencionados en el pedido de expulsión; que el libro de actas del gremio no está en la institución (por ello no pudieron mostrar la resolución), y nada más. Resumiendo, se negaron a brindar información (ver “Inexplicable”).
El problema del TRABAJO EN NEGRO en el gremio fue planteado en su momento por algunos ex directivos, pero la mayoría automática del gijenismo se negó durante mucho tiempo al blanqueo (las actas pueden confirmarlo, si no desaparecieron). Hasta se advirtió sobre las consecuencias negativas que traería aparejado esta irregular contratación de servicios que, en el caso Lesnik, se terminó de verificar.
La Comisión Directiva de la APT, en lugar de hacer una autocrítica sobre su papel como patronal, pide ahora la expulsión de estos dos compañeros (Cuello y Jade Díaz) que casualmente, integran la Corriente de Trabajadores de Prensa (CTP), línea de pensamiento opositora al gijenismo.
Esta es hoy la preocupación de los directivos. Pero nada dicen sobre el despido de cinco empleados de El Periódico en los últimos 15 días, del desmantelamiento gradual y progresivo de la redacción de El Siglo, donde hay muchos empelados en negro y demoras en el pago de sueldos, como ocurre también en El Tribuno.
La Corriente tiene como prioridad la defensa de los derechos laborales de los compañeros, el fortalecimiento de nuestro gremio, la transparencia en la gestión sindical y el compromiso en los principales valores democráticos, la honestidad y la Justicia sin privilegios. De ninguna manera está en el ánimo de sus integrantes destruir nuestro gremio. Es por eso que en varias oportunidades se hicieron críticas y aportes. Participamos en debates y congresos siempre con la idea de contribuir y corregir los errores. Sin embargo, desde la aparición pública de la CTP desde el gijenismo se intentó demonizar a la oposición, silenciar sus opiniones y descalificar a los compañeros que integran la Corriente.
La actual Comisión Directiva debería a empezar a hacerse cargo de las cosas que hace mal en lugar de buscar la expulsión de los que creen que la peor opinión es el silencio.
Inexplicable
Los dirigentes de la Comisión Directiva de la APT, Domingo Gil, Pablo Neder y Sixto Rocha confirmaron que se pedirá la expulsión del compañero Alejandro "Jade" Díaz en la asamblea extraordinaria convocada para el próximo jueves 18. La convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el pasado 10 de octubre, no especificó los nombre de los 2 afiliados que serían sometidos a la aplicación de sanciones. Es por eso que Jade Díaz, delegado suplente de El periódico, se apersonó esta mañana a la sede la APT acompañado de un escribano público y su representante legal para conocer detalles del llamado.
Del requerimiento oficial se desprendió la confirmación del pedido de expulsión de Jade, pero el secretario Gremial, Domingo Gil, no quiso dar el nombre del otro afiliado que estaría cuestionado por la APT, aunque extraoficialmente, el mismo Gil reconoció que se trata del delegado de Canal 10 Marcelo Cuello.
Consultados sobre quién realizó el llamado oficial a la asamblea extraordinaria, Gil respondió que "la Comisión Directiva tomó esta decisión a pedido de los afiliados" (sic), aunque se negó a precisar de qué afiliados se trataba.
Por otra parte se le requirió a los directivos copia del acta de convocatoria para verificar quienes firmaron el llamado y que precise cuáles son las razones de esta determinación. A este pedido, Domingo Gil respondió que el Libro de Actas no se encontraba en la institución y que estaba en manos del secretario de Actas negándose a dar más información sobre este punto. Sin embargo, invitó a los letrados a verificar los datos solicitados en la próxima reunión de Comisión Directiva.
Por último, consultado sobre los motivos por los que la Comisión Directiva impulsa la expulsión de la APT a estos dos compañeros, el secretario gremial indicó que "el día de la asamblea –es decir el jueves 18- se les informará".
Del requerimiento oficial se desprendió la confirmación del pedido de expulsión de Jade, pero el secretario Gremial, Domingo Gil, no quiso dar el nombre del otro afiliado que estaría cuestionado por la APT, aunque extraoficialmente, el mismo Gil reconoció que se trata del delegado de Canal 10 Marcelo Cuello.
Consultados sobre quién realizó el llamado oficial a la asamblea extraordinaria, Gil respondió que "la Comisión Directiva tomó esta decisión a pedido de los afiliados" (sic), aunque se negó a precisar de qué afiliados se trataba.
Por otra parte se le requirió a los directivos copia del acta de convocatoria para verificar quienes firmaron el llamado y que precise cuáles son las razones de esta determinación. A este pedido, Domingo Gil respondió que el Libro de Actas no se encontraba en la institución y que estaba en manos del secretario de Actas negándose a dar más información sobre este punto. Sin embargo, invitó a los letrados a verificar los datos solicitados en la próxima reunión de Comisión Directiva.
Por último, consultado sobre los motivos por los que la Comisión Directiva impulsa la expulsión de la APT a estos dos compañeros, el secretario gremial indicó que "el día de la asamblea –es decir el jueves 18- se les informará".
Ultimo momento: renunció Marcos Leiva
El gerente administrativo de la Obra Social de Prensa, Marcos Leiva, renunció a su cargo... Ampliaremos
22.8.07
Repudio a la presentación a elecciones de la Agrupación “Reivindicación Histórica y Social
H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y la Organización Independiente El Andamio – AvalanchaNORTE expresan su repudio a la presentación a elecciones de la Agrupación “Reivindicación Histórica y Social” (lista 185), cuyos miembros se proclaman a sí mismos como “Ex Combatientes del Operativo Independencia”. Y que se encuentra acoplada a la lista oficial del Frente para la Victoria, encabezada por el Gobernador Alperovich y el Intendente Amaya.
El Operativo Independencia tuvo comienzo en nuestra provincia en el mes de febrero de 1975, a partir de la emisión del decreto secreto 261/75 firmado por Estela Martínez de Perón en su carácter de Presidenta de la Nación. Con el objetivo de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN” (art. 1 dec. 261/75). El Ejército Argentino, ocupó el territorio de la provincia, y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, que luego a partir del decreto 2770/75 se extendió al resto del país.
Teniendo subordinadas a sus órdenes al resto de las Fuerzas de Seguridad tanto provinciales como nacionales: Policía Provincial y Federal, Servicio Penitenciario y Gendarmería Nacional, se ejecutó una secuencia de delitos absolutamente planeada que consistió en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de cientos de personas. Así es como Tucumán tuvo el primer Centro Clandestino de Detención del país: “La Escuelita de Famaillá” que funcionó en la ciudad Famaillá, y otros que se fueron habilitando en diferentes partes de la provincia: Jefatura de Policía, Base de Santa Lucía, Ingenio La Fronterita, Ex Ingenio Lules, Arsenal Miguel Azcuénaga, etc. La existencia de estos lugares, así como la comisión de estos delitos, fue declarado probado por la Cámara Federal de Buenos Aires en la condena a las Juntas Militares.
Los principales responsables de la comisión de estos Crímenes de Lesa Humanidad fueron Acdel E. Vilas en primer lugar y Antonio Domingo Bussi, en su carácter de sucesivos jefes a cargo de dicho operativo.
En este contexto, es totalmente falaz y pretende confundir a la opinión pública que quienes hubieren estado en las filas del Ejército, ya sea voluntariamente o por encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, durante el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976, se llamen a sí mismos “ex combatientes”. El Plan Sistemático de Violaciones a los Derecho Humanos perpetrado en este periodo y en la posterior Dictadura Militar (1976- 1983), no constituyó de ninguna manera una guerra, sino un sistema perfectamente elaborado de comisión de delitos, y fue la excusa para iniciar el aniquilamiento de una parte sustancial de la población argentina, que significó la comisión del Delito de Genocidio.
En un momento en que el Gobierno Nacional proclama a todas voces su política de Derechos Humanos y con un doble discurso asegura que está dispuesto a reparar a las víctimas del terrorismo de estado con la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad mientras al mismo tiempo reprime y criminaliza la protesta social.
El gobernador de nuestra provincia José Alperovich sigue siendo coherente con su política represiva dándole amparo entre sus filas a quienes directa o indirectamente reivindican el Terrorismo de Estado y estos crímenes de lesa humanidad. ¿Como es posible que mientras se proclama como política de estado el respeto a los Derechos Humanos y el enjuiciamiento y condena al Terrorismo de Estado den cobijo en los acoples eleccionarios a quienes en realidad deberían brindar a la justicia testimonio de lo que presenciaron y actuaron durante la vigencia de tan aberrantes crímenes?
En la provincia se hace nuevamente presente la represión de las legítimas protestas de jubilados y organizaciones sociales, prohibición a los vendedores ambulantes y artistas callejeros a ejercer su legítimo derecho a trabajar en la calle…ahora hace alianzas políticas con quienes ayer formaron parte del aparato Terrorista del Estado y hoy, después de más de 30 años, siguen levantando consignas reivindicativas de sus delitos.
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS
30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, PRESENTES!!!
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ.
El Operativo Independencia tuvo comienzo en nuestra provincia en el mes de febrero de 1975, a partir de la emisión del decreto secreto 261/75 firmado por Estela Martínez de Perón en su carácter de Presidenta de la Nación. Con el objetivo de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN” (art. 1 dec. 261/75). El Ejército Argentino, ocupó el territorio de la provincia, y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, que luego a partir del decreto 2770/75 se extendió al resto del país.
Teniendo subordinadas a sus órdenes al resto de las Fuerzas de Seguridad tanto provinciales como nacionales: Policía Provincial y Federal, Servicio Penitenciario y Gendarmería Nacional, se ejecutó una secuencia de delitos absolutamente planeada que consistió en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de cientos de personas. Así es como Tucumán tuvo el primer Centro Clandestino de Detención del país: “La Escuelita de Famaillá” que funcionó en la ciudad Famaillá, y otros que se fueron habilitando en diferentes partes de la provincia: Jefatura de Policía, Base de Santa Lucía, Ingenio La Fronterita, Ex Ingenio Lules, Arsenal Miguel Azcuénaga, etc. La existencia de estos lugares, así como la comisión de estos delitos, fue declarado probado por la Cámara Federal de Buenos Aires en la condena a las Juntas Militares.
Los principales responsables de la comisión de estos Crímenes de Lesa Humanidad fueron Acdel E. Vilas en primer lugar y Antonio Domingo Bussi, en su carácter de sucesivos jefes a cargo de dicho operativo.
En este contexto, es totalmente falaz y pretende confundir a la opinión pública que quienes hubieren estado en las filas del Ejército, ya sea voluntariamente o por encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, durante el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976, se llamen a sí mismos “ex combatientes”. El Plan Sistemático de Violaciones a los Derecho Humanos perpetrado en este periodo y en la posterior Dictadura Militar (1976- 1983), no constituyó de ninguna manera una guerra, sino un sistema perfectamente elaborado de comisión de delitos, y fue la excusa para iniciar el aniquilamiento de una parte sustancial de la población argentina, que significó la comisión del Delito de Genocidio.
En un momento en que el Gobierno Nacional proclama a todas voces su política de Derechos Humanos y con un doble discurso asegura que está dispuesto a reparar a las víctimas del terrorismo de estado con la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad mientras al mismo tiempo reprime y criminaliza la protesta social.
El gobernador de nuestra provincia José Alperovich sigue siendo coherente con su política represiva dándole amparo entre sus filas a quienes directa o indirectamente reivindican el Terrorismo de Estado y estos crímenes de lesa humanidad. ¿Como es posible que mientras se proclama como política de estado el respeto a los Derechos Humanos y el enjuiciamiento y condena al Terrorismo de Estado den cobijo en los acoples eleccionarios a quienes en realidad deberían brindar a la justicia testimonio de lo que presenciaron y actuaron durante la vigencia de tan aberrantes crímenes?
En la provincia se hace nuevamente presente la represión de las legítimas protestas de jubilados y organizaciones sociales, prohibición a los vendedores ambulantes y artistas callejeros a ejercer su legítimo derecho a trabajar en la calle…ahora hace alianzas políticas con quienes ayer formaron parte del aparato Terrorista del Estado y hoy, después de más de 30 años, siguen levantando consignas reivindicativas de sus delitos.
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS
30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, PRESENTES!!!
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)